“Mujeres con otros valores”: Berta Cáceres

Madrid, 04 feb. 19. AmecoPress/Antimilitaristas.- Líder indígena lenca, feminista y ecologista hondureña. Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los y las indígenas lencas. Ganó el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Fue asesinada por la dictadura en Honduras después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa.

Su familia tenía una amplia trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Su madre, partera, enfermera y alcaldesa, dio amparo a refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país, lucho contra la instalación de un batallón en su pueblo – La Esperanza -, fue secuestrada en 1992 por un coronel hondureño entrenado en La Escuela de las Américas y varios de sus hermanos también fueron perseguidos, encarcelados y torturados.

Desde el golpe de estado de 2009, se iniciaron en Honduras una gran cantidad de megaproyectos que provocaron el desplazamiento de comunidades indígenas, la destrucción del medio ambiente y la privatización de ríos y territorios (casi el 30 % del territorio nacional se ha destinado a concesiones mineras). Entre estas, se entregó por 20 años el río Gualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos, por lo que su modo de vida tradicional se ponía en peligro.

El proyecto – construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque – era una alianza comercial de varias empresas: la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).

A partir del 2013, Cáceres dirigió la campaña de protesta. Realizaron diversas acciones de sensibilización, presentaron quejas legales y llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante más de un año bloquearon el acceso al área de construcción, a pesar de ser repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras. El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras abrieron fuego contra algunos miembros del COPINH, la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos. En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.

Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos. Berta, junto a otros dirigentes indígenas, fue acusada de inducir a cometer delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se le dictó una medida de prisión preventiva. En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia. Además 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el gobierno investigara las amenazas contra ellos.

Las presiones del COPINH, de comunidades indígenas y de organismos internacionales consiguieron que a finales del 2013, Sinohydro y la CFI se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, Desarrollos Energéticos continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción a otro zona del río para evitar bloqueos.

Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento y amenazas de muerte contra ella, su familia, y miembros del COPINH. Aunque contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a las empresas hidroeléctricas y mineras. Su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomo precauciones extremas, dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comunicaba mediante aparatos telefónicos, siempre viajaba acompañada y no hacía presentaciones públicas.

En la medianoche entre el 2 y 3 de marzo de 2016, varios sicarios entraron a la fuerza en su vivienda en La Esperanza, disparando y asesinando a Berta Cáceres e hiriendo al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto miembro de Amigos de la Tierra.

Miles de personas asistieron a su funeral y numerosas organizaciones y personalidades condenaron su muerte y exigieron una investigación. Durante los meses posteriores, el COPINH, organizaciones estudiantiles, feministas y ambientalistas realizaron diversas actividades de protesta.

A pesar de que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen una prioridad estatal, la policía hondureña trató de obstaculizar la investigación y tergiversar la información, manejando el caso como un crimen pasional para proteger los intereses de las empresas hidroeléctricas.

El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, el juicio del autor o autores intelectuales del asesinato sigue pendiente, a pesar de que el informe “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de Cáceres e integrado entre otros por abogados de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda, señala que “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de la ambientalista y miembros del COPINH y actuaron en “alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)”.

En julio de 2018 El Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) retiraron su apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, suspendiéndose definitivamente el proyecto hidroeléctrico. La familia de la ambientalista ve la decisión como un triunfo de Berta Cáceres y del pueblo Lenca, mientras siguen demandando el esclarecimiento definitivo y castigo para todos los implicados en el asesinato de Berta.

Fotos: Archivo AmecoPress.

Internacional – Mujeres del Mundo – Mujeres rurales – Genero y desarrollo – Movimiento Feminista – Ecología. 04 feb. 19. AmecoPress.