El Gobierno no cumple su compromiso con el Pacto de estado contra la violencia de género

Madrid, 05 abril. 18. AmecoPress.- El martes llegó el anuncio: el Gobierno sólo destina 80 millones de euros al Pacto contra la Violencia de Género. Así queda establecido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE). Los otros 120 millones previstos deberán ser aportados por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos a través del sistema de financiación autonómica, cuando hace seis meses se acordó en el Congreso que sería una partida específica.

El pacto de Estado contra el maltrato machista debería contar con una dotación de 200 millones de euros para su aplicación este año. Sin embargo, la Administración central sólo destina 80. Así, para poner en marcha las medidas del pacto, las CCAA deberían aportar -de sus presupuestos- 100 millones de euros y los Ayuntamientos, 20 millones. El Gobierno lo justifica: "Contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación".

La actitud del Gobierno ha sido considerada como una burla a las víctimas de violencia machista por la Plataforma 7N: “No queremos vestir un santo para desvestir a otro, queremos que se financie directamente el Pacto tal y como el Gobierno había comprometido en septiembre de 2017”. La Plataforma asegura que es un nuevo motivo para pedir la “destitución” de la Ministra “contra” la Igualdad: “sabíamos que era incapaz de mantener una interlocución con el movimiento feminista, ahora sabemos que también es incapaz de mantener la palabra dada en la sede de la soberanía popular”.

Efectivamente, una de las sorpresas de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno es que no garantizan los 100 millones de euros comprometidos este año en lucha contra violencia de género para las comunidades autónomas ni los 20 millones para los ayuntamientos. Solo recoge en sus cuentas 80 millones de euros que el Gobierno repartirá entre los ministerios implicados en la lucha contra la violencia de género y la Delegación de Gobierno. El Ejecutivo asegura que comunidades autónomas y entidades locales deberán aportar esas cantidades de lo que reciban del sistema de financiación.

Distribución

Los 80 millones aportados por la Administración central se distribuyen entre los presupuestos del Ministerio del Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Hacienda y Función Pública.

Algo más de la mitad de la partida (43 millones) van a parar al Ministerio del Interior sobre todo para aumentar la protección a las víctimas (38,1) y la adecuación de espacios policiales donde se les atiende (3 millones). Para el Ministerio de Justicia se destinan 13,6 millones destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer (4,5), asistencia jurídica gratuita (4,2) y a unidades de valoración forense (3,8). 12,2 millones son adjudicados en el Ministerio de Empleo para renta activa de inserción de víctimas de violencia de género (7,4 millones) y para mejorar las pensiones de orfandad en los casos de violencia machista (4,9). La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Macroencuesta Violencia de Género, dependientes de Sanidad, se llevan 9,2 millones de euros. El Ministerio de Hacienda es destinatario de una partida de 2 millones de euros para ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Reacciones

Pero este no era el acuerdo ni el modelo de financiación. El pacto, logrado tras meses de negociaciones es bien claro: son necesarios 1.000 millones de euros a lo largo de cinco años para asegurar el cumplimiento de las más de 200 medidas que contiene. Es decir, el Gobierno se comprometió a incluir en los presupuestos 200 millones de euros a lo largo de cinco años.

Ángela Rodríguez, portavoz de Igualad de En Marea, en declaraciones para AmecoPress, califica lo que ha hecho el Gobierno de "engaño". Por un lado, que el dinero destinado a las autonomías y municipios quede supeditado a su propia capacidad de financiación, “pone en peligro que se puedan llevar a cabo las medidas previstas en el pacto”. Además, “no queda claro si esos 80 millones que en teoría tendrían que ir aumentando cada año, se han establecido a partir de las partidas ya existentes o se parte de cero, es algo que todavía estamos estudiando”. "Es el incumplimento de un compromiso y es jugar con las víctimas”, sentencia.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha exigido una reunión urgente a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, para que dé explicaciones. En su opinión, “el Gobierno demuestra que ha usado la lucha contra la Violencia de Género como estrategia electoral y que lo que buscaba con la firma del Pacto era una foto y un titular de prensa y no combatirla”.

“Recuerdo al Ejecutivo que se comprometió a asumir la totalidad de la financiación del Pacto, ahora vemos que sus compromisos son papel mojado, ha dicho la dirigente socialista”. “No estamos dispuestos a tolerar más retrasos en la puesta en marcha de las medidas del Plan ni más incumplimientos en la dotación acordada que además es indispensable para que las medidas sean efectivas”, ha asegurado. “Las mujeres que sufren violencia de género no pueden esperar más”.

“Confío en que en la reunión, la ministra Montserrat asuma el compromiso sobre financiación acordado en el Pacto. Si no es así, el Partido Socialista lo sacará adelante, hasta donde las competencias alcancen, en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde Gobierna”, ha señalado y, en este sentido, le ha recordado a la ministra que “hasta las modificaciones legales que el Pacto lleva aparejadas las he tenido que hacer el PSOE, estando registradas ya en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid que lidera Manuela Carmena se ha posicionado contra la vulneración del acuerdo que supone el grave recorte que ha aplicado el Gobierno de Mariano Rajoy al Pacto de Estado contra la violencia machista. Como ha explicado Rita Maestre, la financiación ya había sido pospuesta durante meses y la reducción carga la responsabilidad sobre las autonomías y el sistema de financiación municipal, el que menos capacidad tiene a la hora de invertir. "Consideramos que es una tomadura de pelo y una violación de un compromiso pleno. Estos presupuestos no ayudan a lucha contra las violencias machistas y no ayudan a solucionar los problemas"

Foto: Archivo AmecoPress.
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Estado español – Política y género –Violencia de género. 05 abril. 18. AmecoPress.