Matrimonio forzado, una forma de violencia sin fronteras

Madrid, 22 feb. 18. AmecoPress. Los matrimonios forzados son reconocidos como una violación de los derechos humanos en numerosos tratados internacionales y en documentos supranacionales. Pese a ser considerados ilegales, sigue siendo una forma de violencia de género en alza que somete a millones de mujeres.

El matrimonio forzado es la unión de dos personas, pero al menos en uno de ellos no existe el consentimiento o la voluntad de tal alianza. Es decir, está forzado a casarse.

En la actualidad, este fenómeno se distribuye de forma generalizada en países de Norte de África, Próximo Oriente, África subsahariana, Oriente Medio y América Latina.

Estados como Níger, Malí, Chad o Burkina Faso cuentan con el porcentaje más alto de matrimonios forzados, con una media superior al 80 por ciento. Esta práctica se encuentra profundamente arraigada en los valores de la sociedad, y existe gran dificultad para ser eliminada.

La gran aprobación cultural y las pocas barreras legales existentes hacen que países como Mozambique, India o Zambia aparezcan en un segundo nivel con un 60 por ciento de media.

Regiones como Brasil, Colombia o Bolivia quedan registradas en un tercer nivel por llevar a cabo estas uniones con una media superior al 20 por ciento. Estos estados han descendido el número de este tipo de matrimonios como consecuencia de una mayor persecución por parte de la ley. En el resto de regiones como Sudáfrica o Egipto, están disminuyendo aunque aún cuentan un porcentaje superior al 10 por ciento.

Dentro de los matrimonios forzados existe la modalidad de los matrimonios prematuros, basados en la unión de dos personas donde al menos uno de los dos no tiene la edad legal para contraer tal unión, incluso puede ser infantil. Según UNICEF, hay cerca de 60 millones de mujeres entre 20-24 años que fueron obligadas a casarse antes de llegar a la mayoría de edad.

Este tipo de uniones, en la que uno de los contrayentes es menor de edad o infantil, están en auge en todo el mundo. En lugares como India sigue vigente la costumbre de dar en matrimonio niños y niñas pequeñas. Desde el punto de vista de los padres y madres, se trata de la manera probada y consagrada de organizar el pasaje de propiedades y riquezas dentro de la familia. Una porción reducida pero significativa de niñas implicadas en esta usanza tienen menos de 10 años de edad, y algunos de ellos son criaturas de 2 o 3 años. Hay casos terribles de muertes de niñas por violencia sexual en la noche de bodas.

En Níger, un estudio reciente llevado a cabo por UNICEF en 6 países del África Occidental, revela que el 44% de las mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años se casaron antes de llegar a los 15.

Asimismo, en lugares como Bangladesh, las jóvenes son obligadas a contraer matrimonio inmediatamente después de la pubertad, liberando de esta forma a las familias de una carga económica que ellas representan. Cuando estas jóvenes provienen de una familia muy pobre, pueden ser obligadas a casarse con un hombre mucho más mayor, como tercera o cuarta esposa, para cumplir con las funciones de servidora doméstica.

Un estudio realizado por la organización WomanStats Project, muestra la ejecución de los matrimonios infantiles a nivel mundial, y el índice de su práctica dividido en tres niveles.

Los países que aparecen en verde pertenecen a lo que se conoce por mundo occidental. La organización indica que menos del 5 por ciento de las niñas contraen matrimonio a los 16 años. Esto se debe a que existen barreras estrictas para que no se produzcan este tipo de uniones. Además, hay una significativa desaprobación cultural y rechazo.

En un segundo nivel estarían todos aquellos países aparecen en color amarillo como Argentina, México o Indonesia. Los matrimonios infantiles se dan entre un 5 y 10 por ciento de las niñas. Pese a que existe una pequeña desaprobación cultural, este fenómeno sigue vigente ya que no hay una gran persecución por parte del Estado que permita erradicarlo.

En el último lugar aparecen aquellos estados que aún tienen los matrimonios infantiles como una práctica normalizada y que cuenta con una gran aprobación cultural. La necesidad de seguir la tradición, de reforzar los vínculos entre las comunidades, y de proteger a las niñas del embarazo fuera del matrimonio, son las principales razones aducidas en defensa de dicha usanza. La mayoría pertenecen a países de África u Oriente como Níger, India o Tailandia. La organización indica que más del 10 por ciento de las niñas contraen matrimonio a los 16 años o menos.

Los MF aumentan en los campos de personas refugiadas

Desde hace décadas, en el mundo occidental se ha relacionado el matrimonio forzado con los movimientos migratorios. Ante condiciones de extrema pobreza, situaciones de conflicto o violencia millones de personas se ven obligadas a huir en busca de una mejora en sus condiciones de vida. Estos movimientos no solo llevan consigo una carga de dolor y miedo, sino que también transportan una cultura y unos valores de vida que no encajan con las del país de acogida. Una de ellas es el matrimonio forzado.

Se ha producido un aumento alarmante de este tipo de uniones en los campos de personas refugiadas de países como Jordania, Irak, Líbano y Turquía motivadas por las precarias condiciones de vida. Si estas prácticas ya eran frecuentes tanto en Siria como en el resto de países de procedencia, ahora se ha triplicado su número en muchas regiones.

Antes de la guerra en Siria, el número de matrimonios forzados era menor al 13 por ciento. En los campamentos esa proporción es ahora del 51 por ciento. En la actualidad, cerca de la mitad de las niñas han sido obligadas a casarse con un hombre de al menos 10 años más que ellas. En el caso de Jordania, pese a que la edad legal para casarse son los 18 años, la sharia, también conocida como la ley de la religión islámica, puede autorizar el matrimonio con menores de hasta 15 años, aunque debido a las dificultades económicas a las que se enfrentan muchas familias de refugiados, se han dado ocasiones de matrimonios con niñas menores de 14 años. En muchas ocasiones, el miedo de los padres y madres de que la niña sea violada o atacada hacen que vean el matrimonio como una forma de protegerlas.

Pese a todos los datos negativos, cabe destacar que el número de mujeres sirias refugiadas en Egipto, Jordania y Líbano que se oponen a que sus hijas se casen cada vez es mayor.

Falta de “pruebas”

La dificultad de obtener pruebas acerca de la voluntad de las mujeres que son sometidas a contraer matrimonio supone uno de los grandes problemas que hay dentro de este tema. En el caso de la mutilación genital femenina, al tratarse de algo físico, se puede saber si la mujer ha sido sometida a tales prácticas mediante exámenes clínicos. Sin embargo, en el caso de este tipo de matrimonios es más complicado porque se trata de reconocer la voluntad.

La voluntad declarada en el momento del acto del matrimonio no consiste sólo en los términos que la expresan, sino que pueden interferir las circunstancias o presiones ambientales de las que resulta y con las que se relaciona. El temor o el miedo pueden neutralizar todo deseo de resistencia, imposibilitando que se pueda hablar de un consentimiento real.

Además, no siempre es posible aportar pruebas de las amenazas morales que llevan a la persona a un estado de vulnerabilidad y no le permiten oponerse al matrimonio. Según Alba Alfageme Casanova, psicóloga experta en Violencia de Género, Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Atención a las Víctimas (USAV), “las mujeres que están sometidas a este tipo de matrimonios no suelen decirlo de forma abierta, entonces se trata de intentar localizarlas y ayudarlas”.

Este tipo de matrimonio puede originarse por diversas causas. En numerosas ocasiones las mujeres lo ven como un vehículo que les permite salir de su núcleo familiar para poder liberarse de la violencia machista que existe en su hogar y crean la idea de que será su salvación sin saber a lo que realmente se exponen. Como consecuencia, estas mujeres vuelven a ser sometidas a agresiones siendo dominadas por su cónyuge.

En otras ocasiones, las mujeres viven el festejo de la boda como una ilusión por hacer una gran celebración. El resultado, en la mayoría de las casos, es una mujer objeto que rompe los lazos con su antigua familia y pasa a una situación de servidumbre bajo el mandato de su suegra. Alba Alfageme afirma “el nivel de ingenuidad en muchas ocasiones es elevado, y hay que trabajar el tema de la voluntad con estas mujeres”. Esto está provocando que aparezcan las primeras mujeres que niegan ser sometidas a una unión no deseada y terminan rechazando al cónyuge con el cual le exigen casarse.

Cuando las mujeres oponen a dicha unión aparecen numerosos casos de violencia por parte de la familia, ya que de una forma indirecta están dañando el honor de la comunidad. En estos casos, las mujeres se ven obligadas a abandonar su hogar de residencia rompiendo todos los lazos familiares y tienen que emprender una nueva vida apartada de su comunidad de origen. Para intentar arreglar el honor de la familia política, los padres de las mujeres se ven en la obligación de entregarlas, o un destino mucho más trágico: el repudio o incluso la muerte.

Marco legal internacional

Los MF son reconocidos como una violación de los derechos humanos en numerosos tratados internacionales y en documentos supranacionales. La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer incluye los matrimonios forzados como una de las expresiones de violencia contra las mujeres que se ejercen en el mundo, y por consiguiente lo considera como una forma específica de vulneración de los derechos.

En el marco de Naciones Unidas varios tratados internacionales reconocen este derecho como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, en su artículo 16, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 16.2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23.3, entre otros.

En muchos países, como en Alemania, se han establecido medidas para ayudar a las víctimas de los matrimonios forzados. Un ejemplo de ello son los centros de asesoramiento, donde pueden acudir para contar sus experiencias y reforzar su confianza para tomar decisiones.

También existen los centros jurídicos donde se proporciona información legal a las víctimas y las ayudan a que se dé la nulidad matrimonial, como en Bélgica y Francia.

Marco legal nacional

En el artículo 73 del Código Civil Español, la falta de consentimiento o el vicio de consentimiento provocan la nulidad matrimonial. De este modo, se podría dar por nulo un matrimonio por la falta de voluntad a través de dos vías: declarando la ausencia de consentimiento o declarando que el matrimonio es nulo porque se ha contraído por coacción y miedo grave.

En España a través de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de 1995, los casos de matrimonios forzados se relacionaban con la violencia de género o delitos relacionados con la explotación sexual, y no como un delito independiente que tuviese una ayuda, protección e información específica para las víctimas. Por eso mismo, el Anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012, tipifica el matrimonio forzado como un delito específico en el artículo 172 bis en el Capítulo de las Coacciones.

En Cataluña ha habido una iniciativa muy importante que debería ser el ejemplo de España y de otros estados miembros de la Unión Europea. En Cataluña la Ley 5/2008 de 24 de abril de derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista establece en el artículo 5.4 que un matrimonio forzado es una manifestación de la violencia machista en el ámbito social o comunitario, junto con la mutilación genial femenina, el acoso sexual, las agresiones sexuales, y el tráfico o explotación de mujeres y niñas.

Alba Alfageme Casanova afirma “cuando quisimos abordar el problema de los matrimonios forzados contamos con la ayuda de Forced Marriage, una asociación muy interesante que surgió en Reino Unido, y que nos ayudó a construir un protocolo específico”. A partir de ese momento, y a medida que intentaban crear una legislación que ayudara a erradicar este tipo de matrimonios, empezaron a surgir casos en Cataluña, en total más de 40 de mujeres que habían sido sometidas a esta práctica.

Este Programa catalán relaciona el problema de los matrimonios forzados con la violencia de género. Además, consideran que los MF pertenecen al ámbito social o comunitario, por lo que tiene un ámbito más colectivo que la violencia machista que se manifiesta en la pareja, en el trabajo o en la familia, ya que en este tipo de violencia intervienen los contrayentes e incluso la propia comunidad, teniendo un carácter más colectivo.

Asimismo, en el Programa se establecen una serie de fases que deben seguir los cuerpos de seguridad de Cataluña en los casos de los matrimonios forzados. Se puede diferenciar una primera fase de prevención en la que se intenta informar a la sociedad del problema, sobre todo a la población que está más en riesgo. Una segunda fase en la que se intenta detectar los casos de matrimonios forzados y hacerlos visibles para concienciar a la sociedad de la magnitud del problema. Una tercera fase de atención donde entran en juego la información del caso, la elaboración y la valoración del riesgo por la policía. Y, una cuarta fase de seguimiento y control del caso hasta que se supere el problema.

Por lo tanto, en la ley catalana se ha dado un paso más que en la ley estatal al establecer el matrimonio forzado como una forma de violencia de género y al disponer el derecho humano de las mujeres de vivir sin violencia, haciendo con los cuerpos de seguridad un trabajo de base para erradicar con los matrimonios forzados gracias a la prevención, la ayuda, la educación y la asistencia.

Foto archivo cedida por UNICEF
Foto archivo cedida por WomanStats Project
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Sociedad - Mujeres inmigrantes - Mujeres inmigrantes - Infancia - Mujeres del Mundo - Violencia de género; 22 feb. 18. AmecoPress