ACAI analiza el Informe Anual del Aborto Provocado en España: la intervención del embarazo disminuye con 1.057 interrupciones menos

Madrid. 11 de enero. 18. AmecoPress. Ante la publicación del Informe Anual de Aborto Provocado, la Asociación de Clínicas Autorizadas para Interrupción del embarazo (ACAI) ha hecho un análisis del estudio y ha valorado que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha disminuido, con 1.057 interrupciones menos. Además, afirman que el aborto provocado no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo y que suele realizarse en las primeras semanas de gestación.

Desde la asociación señalan que la interrupción del embarazo en España es una prestación sanitaria y gratuita, y que está garantizado a través de centros acreditados para la IVE y las administraciones sanitarias de las distintas autonomías.

Todas las mujeres que quieran interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación tienen una accesibilidad garantizada, más del 90% son realizadas en este período de tiempo. Si el aborto se quiere realizar pasadas estas semanas puede resultar más complicado acceder a la IVE, ya que no en todas las autonomías existen centros especializados. En este caso, Francisca García, presidenta de ACAI, indica que “la sanidad pública deriva a las mujeres a la comunidad más cercana que tengan o las técnicas se realizan en hospitales públicos”.

Polémica con las técnicas utilizadas para la IVE

Existen dos métodos efectivos para la interrupción del embarazo hasta las nueve semanas: el farmacológico y el instrumental. El farmacológico necesita una implicación mínima del personal médico y sanitario en el proceso de aborto, dado que son las mujeres las que realizan por sí sola su interrupción (una dosis en pastillas). Por lo tanto, el método farmacológico está encontrando más aprobación entre el personal médico al no necesitar profesionales especializados. Por lo que el método instrumental tiene un mayor rechazo ya que requiere de médica práctica y de un equipo profesional especializado en la IVE.

Desde la asociación denuncian la imposición, limitación y generalización de uno de los métodos sobre el otro, pues acaban siendo “mecanismos que merman el empoderamiento de las mujeres; irrespetuosos con su legítima libertad de elección. Las mujeres debe decidir no solo si interrumpen o no su embarazo, sino el método con el que desea hacerlo de acuerdo a su situación médica y personal”. Asimismo, ACAI indica que “ la OMS y otros organismos internacionales advierten de la necesidad de que el personal que realice abortos esté formado en todas las técnicas de IVE para garantizar la seguridad de la intervención, atender las diferentes situaciones médicas y personales de las mujeres, así como, las posibles complicaciones del método farmacológico, incluido su fracaso”.

Francisca García, presidenta de ACAI, explica que “primero hay que valorar médicamente que se puedan utilizar los dos métodos e informar de las ventajas e inconvenientes de cada uno, y para que así las mujeres puedan elegir con cuál están de acuerdo según sus circunstancias personales”.

Algunas fuerzas políticas y asociaciones feministas solicitan que la IVE sea realizada directamente en centros públicos, sin derivaciones. La presidenta de ACAI señala “para eso tendríamos que empezar por acatar la ley, es decir, formar a los profesionales. Según esta norma en el currículum médico de la especialidad se requiere el aprendizaje de las técnicas de IVE, y casi todo el personal las desconoce”. Por lo que añade que es necesaria “una buena integración de estos métodos, crear unidades especiales de profesionales preparados en las técnicas y en los acompañamientos”.

La educación sexual inexistente en la sociedad

ACAI critica que por lo general el profesional médico no quiere verse implicado en técnicas de IVE puesto que sigue siendo una práctica muy estigmatizada. Además esta participación puede suponer puntos negativos para el currículum y el prestigio profesional sanitario.

Desde la asociación piden impulsar políticas preventivas en materia de educación sexual y una accesibilidad real a la contracepción. Francisca García señala que “la ley del 2010 no solo es una ley sobre el aborto, sino que regula también las ayudas preventivas para evitar embarazos no deseados”. Según esta norma debería de existir una asignatura en todos los niveles educativos sobre educación sexual, algo de lo que se sigue careciendo en la actualidad. Asimismo, la presidenta destaca: “hay una ignorancia total en el ámbito educativo en relación a formar en salud sexual y reproductiva. Si queremos prevenir los embarazos no deseados habría que trabajar los ámbitos de la anticoncepción”.

Por otro lado, la organización pide la revocación de la Ley 11/2015 de 21 de septiembre, a partir de la cual las menores de 16 y 17 años tienen que contar con la autorización de uno de sus tutores legales para acceder a la IVE. ACAI indica que “entre 300 y 400 menores habrían pasado a una situación de inseguridad jurídica y física ante la imposibilidad manifiesta de no poder contar con la autorización de sus tutores legales”.

Foto Archivo AmecoPress tomada de Tribuna Feminista.

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