Malestar y preocupación en las asociaciones de mujeres por la convocatoria de subvenciones

23 de junio de 2016.

Por Dirección y Redacción AmecoPress

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El Instituto de la Mujer vuelve a cambiar los criterios para la ejecución de subvenciones y favorece a grandes asociaciones mixtas y fundaciones


Madrid, 23 jun. 16. AmecoPress.- Hace tan solo unos días el Instituto de la Mujer –que en septiembre de 2014 cambió su nombre, añadiendo “para la Igualdad de Oportunidades”, y también sus objetivos –publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su convocatoria para la concesión de subvenciones al movimiento asociativo. Inmediatamente, han vuelto a saltar las alarmas, al comprobarse un nuevo cambio –esta vez en el criterio del plazo de ejecución de las ayudas- que incide en la dirección que viene sosteniendo el organismo desde hace tres años: cambiar y añadir requisitos que favorecen a las grandes ONG y fundaciones y que para la mayoría de asociaciones de mujeres son imposibles.

Son varias las modificaciones que han producido un brusco giro en la política de subvenciones del Instituto de la Mujer en los últimos años, sin que el tejido asociativo haya sido consultado o tenido en cuenta.

Tampoco ha sido consultado ni convocado el Consejo de Participación de la Mujer, organismo creado en 2010, e insertado en la Estructura Administrativa del Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, en cuyos cometidos se incluía esta potestad.

Se suprimieron las ayudas a proyectos o actividades de las organizaciones y se impuso que el dinero sólo sea utilizado para su mantenimiento y funcionamiento. Se introdujeron criterios como la obligatoriedad de una auditoría externa (que aporta hasta 17 puntos), muy poco frecuente ni razonable entre asociaciones pequeñas y de poca capacidad económica. De hecho, las asociaciones denunciaron que la ley solo obliga a hacer estas auditorías a las organizaciones con al menos 2,8 millones como activo o pasivo.

Otros criterios difíciles de cumplir para la mayor parte de las asociaciones de mujeres son los del patrimonio y número de personas voluntarias –que han de estar aseguradas por la entidad-. E incluso en algún momento, el instituto pretendía premiar la “paridad” en la composición de las asociaciones.

Con todo ello, gran parte de los fondos se están destinando a entidades cuya prioridad no es la promoción de la igualdad de las mujeres, algo que contradice la propia convocatoria de subvenciones, que menciona que su objetivo es financiar al movimiento asociativo y fundacional "directamente vinculado al área de competencia y actividad del Instituto de la Mujer, a fin de facilitar su disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento de sus objetivos".

El resultado es obvio. Si en 2011 las entidades subvencionadas fueron mas de 100, han pasado a 67 en el último año. Las organizaciones insisten en que los nuevos requisitos favorecen a grandes fundaciones y ONG no especializadas en igualdad, ya que no tienen en cuenta las especificidades de las asociaciones de mujeres. Además, las fundaciones ya tienen un tratamiento fiscal diferente, del que se benefician, y no tiene sentido incluirlas en las políticas de subvenciones del Instituto de la Mujer.

Externalización del control de las ejecuciones

Desde hace dos años uno de los requisitos obligados es presentar una auditoría externa de las subvenciones. Las convocatorias indican que “las entidades beneficiarias realizarán la justificación a través de un informe realizado por un Auditor del Registro Oficial de Auditores de Cuentas... En el informe el Auditor/a efectuará una verificación de que las inversiones y gastos realizados se corresponde con los aprobados en la resolución de concesión de la subvención” y de la misma forma indican que está auditoria no es vinculante y no exime a las entidades beneficiadas de presentar la documentación que el auditor/a haya dado como correcta.

Así mismo, se externaliza el control posterior de las subvenciones hasta cinco años atrás a Empresas Privadas que vuelven a requerir la misma documentación controlada ya por la auditoría externa, en donde en muchos casos y en primera instancia te solicitan la devolución de casi la totalidad de la subvención, para que después de 3 o 4 meses y de varios recursos por parte de las Asociaciones, lleguen a la conclusión de que no hay que devolver nada y que estaban correctamente justificadas.

Todas estas idas y venidas tienen como objetivo que las pequeñas asociaciones, que tienen un tejido administrativo menor, se paralicen y que sufran una presión difícil de soportar.

Además estas privatizaciones suponen un gasto innecesario que muchas veces supera el 30 por ciento de la propia subvención y que por tanto va en detrimento del impulso al tejido asociativo que en las convocatorias propugnan.

Y también responde a una política superior de externalizar al sector privado, al objeto de debilitar y en algunos casos exterminar, la estructura pública de control del gasto de los distintos Departamentos ministeriales.

Plazos y consecuencias

En la convocatoria de este año el organismo da un paso más al cambiar el criterio en el plazo de ejecución de las subvenciones que no podrá ir más allá del 31 de diciembre de 2016. Si tenemos en cuenta que entre plazos de convocatoria (4 de julio), de publicación de subvenciones (dos meses a partir del cierre de esta convocatoria), de alegaciones (un mes más) y de publicación de las ayudas definitivas, nos ponemos en noviembre, esto se traduce en que las organizaciones tienen apenas dos meses para “gastar” el dinero asignado desde que conocen la resolución. Un dinero que por otra parte, no quiere decir que ya se les haya sido ingresado por el Instituto en el momento en el que se les adjudica una cantidad determinada.

Es decir, que pareciera que la única opción que tienen las asociaciones es gastar una cantidad de dinero que no saben si tienen concedida y que, cuando lo saben, tienen que adelantarlo. ¿Cómo? Una opción es pedir créditos a los bancos. Para las organizaciones esta alternativa no es coherente. En definitiva, este nuevo cambio se suma como agravio comparativo con las grandes asociaciones, fundaciones y corporaciones.

Por todo ello, representantes de diversas asociaciones de mujeres se han reunido y han solicitado una reunión urgente con responsables de Instituto de la Mujer, a celebrar antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes (4 de julio). En la solicitud explican que el motivo de tal petición es “la gravedad de las consecuencias que supone el cambio de criterio del plazo de ejecución, en relación a anteriores convocatorias, que supone una paralización y desaparición de muchas Asociaciones de Mujeres, a quién va dirigida esta convocatoria”.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Estado Español – Políticas de Igualdad – Movimiento Feminista. 23 jun. 16. AmecoPress.

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