Women’s link presenta una querella ante la Audiencia Nacional por la tortura sufrida por una española en México

Women’s Link Worldwive presentó hoy ante la Audiencia Nacional una querella por el delito de tortura física, psicológica y sexual a la ciudadana española Cristina Valls durante una operación policial en Atenco, México. Este episodio se produjo durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 y ha sido investigado y documentado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Ningún miembro de la policía ni alto mando ha sido juzgado por estos hechos.

Los hechos ocurrieron entre los días 3 y 5 de mayo de 2006: Un conflicto sobre la venta de productos agrícolas enfrentó a personas y organizaciones mexicanas defensoras de los derechos sociales de los trabajadores agrícolas con la policía. Los primeros altercados se produjeron en Texcoco y más tarde se extendieron a Atenco, cuyo pueblo lanzó una llamada de solidaridad.

Cristina llegó a México en noviembre de 2005 para conocer la forma de trabajo de las comunidades autónomas de Chiapas y acudió a esta llamada de solidaridad como sociedad civil. El 4 de mayo un operativo policial de 3.000 hombres entró en Atenco. “Los policías llevaban armas. Nos resguardamos en casas, pero entonces empezaron los allanamientos de morada ilegales. La policía tiró la puerta abajo, nos arrestó, nadie nos dijo por qué, nos taparon la visión y nos ataron las manos a la espalda. Comenzaron los golpes”, cuenta Cristina.

Desde su detención hasta su expulsión ilegal del país pasan 48 horas en las que Cristina denuncia haber sufrido de forma continua tortura física, psicológica y sexual. El trayecto hasta el penal, de dos horas en condiciones normales, se convierte en 6 horas de camino en las que viajan apiladas unas encima de otras. Cristina continúa su relato: “Los policías nos amenazaron continuamente, incluso de muerte, nos decían que estaban matando a nuestro compañeros, nosotras no podíamos ver. Las mujeres además sufrimos agresiones sexuales y violaciones”.

Como resultado de esta operación policial en Atenco, 200 personas fueron detenidas, de ellas 47 eran mujeres y todas alegan que, como parte de la tortura, les fueron inflingidas violaciones y abusos sexuales. La directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, Viviana Waisman, destacó este hecho: “Tenemos que pararnos un momento a pensar de lo que estamos hablando, cuando hay detenciones y torturas, las mujeres son sistemáticamente violadas y abusadas sexualmente”.

En el Penal, junto a Cristina, se encontraban otras 4 personas extrajeras, que son trasladadas hasta la estación de emigración, donde –asegura- siguen sufriendo tortura psicológica y no se les permite dormir. Finalmente son deportadas ilegalmente: “Digo ilegalmente porque existía el amparo de un juez que dice que no tenemos que ser deportadas. Se le dice al juez que no hay ninguna persona que vaya que ser deportada”. Finalmente, Cristina llega a su ciudad, Barcelona, acompañada de dos policías mexicanos.

La querella nombra a más de 140 personas que la organización ha podido identificar como culpables después de meses de trabajo documental y de investigación. Entre esas personas se encuentran tanto mandos policiales que participaron en el diseño del operativo como los que lo ejecutaron, pues a todos se les considera cómplices o partícipes de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo.

Como explicó el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, en el momento en que la Audiencia Nacional se hiciera cargo del proceso, comprobara los hechos e imputara a los acusados, España podría solicitar su extradición para ser juzgados aquí, o bien debería comprometerse a enjuiciarlos ante el propio sistema judicial mexicano.

Jurisdicción internacional

La Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar estos hechos gracias al principio de jurisdicción internacional: Cuando se cometen una serie de hechos delictivos en un estado y no son investigados ni las personas responsables juzgadas, otro estado puede tener competencia para conocer los hechos, juzgarlos y buscar a quienes fueran responsables. La abogada que representa a Cristina Valls, Paloma Soria, afirmó que precisamente España tiene una “interpretación muy avanzada” de este principio.

“La Audiencia Nacional tiene ahora mismo en sus manos la posibilidad de que el caso de Cristina no quede en la impunidad”, manifestó la abogada, que recordó que tanto México como España ratificaron la convención de la ONU sobre la tortura. Añadió además que son ya muchos los tribunales internacionales y regionales los que se han pronunciado en sus sentencias para decir que la violencia sexual es tortura.

“La violación sexual es un método de tortura y así se tiene que reconocer. Queremos que no vuelva a suceder, las mujeres llevamos mucho tiempo sufriendo esto. Hasta hora no hay ningún responsable ni mando castigado y los medios de comunicación mexicanos han criminalizado este movimiento”, concluye Cristina.

“Quiero destacar que si no fuese por la legislación española que nos permite poner querellas por violaciones de derechos humanos fuera del territorio español, nuestra representada se quedaría sin amparo, sin derecho a la justicia”, expresó Waisman. La organización Women’s Link Worldwive lleva casos estratégicos a los tribunales para defender y promocionar los derechos de las mujeres.

Fotos AmecoPress. Pie de foto: 1)Cristina Valls, 2) Manuel Ollé, Viviana Waisman, Cristina Valls y Paloma Soria

Estado Español-derechos humanos; 25 enero (08) AmecoPress