Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia apuestan porque la ley del aborto evolucione a un sistema de plazos
‘La Unión Progresista de Fiscales’ y ‘Jueces para la Democracia’ han manifestado su “honda preocupación” por la repercusión social que están teniendo las causas penales abiertas por supuestos abortos ilegales en Madrid y Barcelona, así como por determinadas actuaciones administrativas, “de motivación poco transparente”, dirigidas contra clínicas donde se practican abortos dentro del marco legal.
Ambas entidades abogan en un comunicado conjunto por modificar la ley del aborto e implantar un sistema de plazos, y por regular la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina en el ámbito de la salud, medida que en su opinión, evitaría pública con el fin de evitar que “con invocaciones genéricas en tal sentido” se prive a las mujeres de su derecho de acceso a la sanidad pública.
Consideran “imprescindible remarcar” que el aborto, dentro de los supuestos legalmente previstos, ha supuesto una conquista histórica de las mujeres en el ámbito de la lucha por sus derechos y su plena autonomía personal y social, resultando al respecto inexplicable la renuencia que a la efectividad de tal derecho se encuentra en el esquema de sanidad pública.
Respecto a la actual ley del aborto, reconocen que son “perseguibles” penalmente las prácticas que no se adecuan a los tres supuestos que marca la ley y reconocen que hay casos “donde por intereses meramente económicos, ciertos profesionales de la medicina eluden sus obligaciones y construyen expedientes puramente ficticios sin sometimiento a exigencia alguna”, que sí “merecen el reproche penal”.
La ‘Unión Progresista de Fiscales’ y ‘Jueces para la Democracia’ califican de “inadmisible” que “ciertos sectores sociales” utilicen los procedimientos judiciales abiertos para cuestionar el derecho de las mujeres a abortar dentro del marco legislativo vigente.
Por otro lado, piden que se respete el derecho a la intimidad de las mujeres en las causas abiertas contra algunas clínicas, “manteniendo en la más absoluta reserva los datos acopiados hasta su definitiva depuración y selección de supuestos ilegales”.
Estado español-derechos humanos-aborto; 25 enero (08) AmecoPress