“Una respuesta colectiva a la represión”
Madrid, 25 marzo. 14. AmecoPress. Un vídeo está convocando al acto público “Una respuesta colectiva a la represión“, contra la criminalización de la protesta social. En él, activistas de distintos colectivos, periodistas como Olga Rodríguez y escritoras como Almudena Grande denuncian las formas de represión que están sufriendo aquellas personas que luchan por sus derechos.
“Desde que el PP llegó al Gobierno hemos sufrido en nuestras carnes la represión más brutal a las movilizaciones frente a sus políticas antisociales”, comienza exponiendo el documento audiovisual. Olga Rodríguez, periodista, denuncia las represiones arbitrarias, las multas intimidatorias, el maltrato a manifestantes y periodistas, las amenazas y coacciones “ante quienes gritamos no ante sus recortes”.
En el acto del viernes intervendrán diversas personas y activistas de la protesta social: Manuela Carmena (Magistrada jubilada); Boti García (LGTB); Luís García Montero (poeta); Alberto Torres (activista social de la Coordinadora 25-S); Heidi Sánchez (coautora del vídeo-convocatoria del acto con Raúl Capín y periodista ciudadana); Marciano Sánchez Bayle (Federación de Asoc. en Defensa de la Sanidad Pública); Ángel García (Salvemos Telemadrid); José Manuel Izquierdo (Bomberos de Madrid); Iñaki Guevara (Unión de Actores); Jaime Ruiz (Memoria Histórica. AMESDE); Begoña San José (Mujeres por la Igualdad); Gabriel Tuesta (Inmigrantes. COIN); Teresa Esteban (defensa de la enseñanza pública. STEM); Juan Carlos Asenjo Asenjo (Comité de Empresa de Coca-Cola). El acto será presentado por el bloguero Shangay Lily.
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Fernández ha sido cuestionada desde Europa e incluso por el mismo Consejo General del pode Judicial español. Su rechazo ha sido manifestado por algunas asociaciones de jueces y juezas, fiscales y policías, catedráticos y catedráticas de Constitucional, Penal y de Opinión Pública. Y desde luego por la ciudadanía y el activismo.
El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, manifestó su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles. Una ley “desproporcionada” y que va en contra del derecho de reunión y manifestación.
El Consejo General del Poder Judicial considera de “dudosa constitucionalidad” muchos de los artículos más controvertidos en esa Ley, según ha expresado en un informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), en el que plantea que el anteproyecto establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o representante público. Otros aspectos cuestionados por el informe son la regulación de la identificación de personas y la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. También rechaza que empresas y personas que trabajen en la seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones.
El informe del Poder Judicial sobre esta ley no es vinculante para el Gobierno, pero sí aporta una visión que pudiera frenar las “ambiciones” del Ministerio del Interior de criminalizar la protesta social, el desacuerdo y la expresión ciudadana.
Foto: archivo Amecopress
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Estado español – Legislación - Movimiento feminista; 25 marzo. 14. AmecoPress