Una nueva regulación para las empleadas del hogar
El Gobierno prepara una norma para ampliar los derechos de las trabajadoras del hogar e integrar a este colectivo dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Esta nueva regulación afectará a las 250.000 afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, en un 93,8% mujeres, aunque se calcula que son unas 600.000 las empleadas en este sector, en su mayoría sumergido. La intención es que la nueva norma entre en vigor en 2008.
Hasta ahora el trabajo de las empleadas del hogar no estaba sujeto al Estatuto de los Trabajadores, sino a un régimen especial que data de 1985. El Gobierno negociará con sindicatos y patronal el borrador del texto que ya ha preparado. La adjunta a la Secretaría de Política Institucional Confederal de Comisiones Obreras, Blanca Villate, explica que el objetivo final de esta normativa “es hacer un poco más transparente las condiciones de empleo de este colectivo”.
La regulación que prepara el Gobierno contempla que las empleadas puedan exigir un contrato por escrito. “Ahora es habitual llegar a un pacto verbal, lo que hace mucho más difícil su control, incluso muchos de estos trabajadores ignoran sus derechos. En el texto provisional no queda claro si sería siempre obligatorio un contrato escrito pero si por lo menos se pasa de una situación habitual de contratos verbales a contratos escritos, el trabajador podrá hacer valer más fácilmente sus derechos”, explica Villate.
La norma introduciría otros cambios: el horario, hasta ahora fijado unilateralmente por la persona que contrata, se consensuaría con la trabajadora; sería obligatorio comunicar el contrato a los Servicios Públicos de Empleo; los despidos no podrán ser sin causa justificada y la indemnización se equipararía a la del resto de sectores. También hay cambios en las cotizaciones: “Ahora sólo hay una cuota única, no se puede cotizar a tiempo parcial y se propone modificar eso”. Según Blanca Villate este es uno de los cambios “fundamentales”, otro es el de las prestaciones por enfermedad o accidente de trabajo, que se equiparan al resto del personal contratado.
Estos aumentos de la cobertura suponen también un incremento de las cotizaciones, por lo que se prevé que las medidas que supongan coste entren en vigor poco a poco. Esto evitaría que el empleo sumergido, con el que se pretende acabar, no aumente. “Si esto supone que las condiciones van a ser más duras, podemos conseguir el efecto contrario, por eso se contemplan también medidas compensadoras para los empleadores”, subraya la responsable de CC.OO.
Blanca Villate dice del documento que “para iniciar la negociación puede servir, tiene elementos importantes pero también lagunas”. Por ejemplo, las trabajadoras de menos de 20 horas semanales, que no se contemplan en el documento con lo que seguirían sumergidas; el derecho al paro, que se reconoce pero que se posterga, o la posibilidad de que este trabajo se realice a través de empresas de servicios o cooperativas para una mayor profesionalización, aunque el documento deja abierto el estudio de esta cuestión.
En cuanto a si esta norma hará emerger definitivamente a este sector, sumergido en su mayoría, Villate cree que es una afirmación sesgada: “No estamos en condiciones de decir que esto va a hacer emerger todo, porque está sumergido por muchos motivos, por ejemplo que la mayoría de trabajadoras son inmigrantes ilegales o porque hay muchas que lo hacen por una duración menor a 20 horas semanales. Pesa también mucho la escasa profesionalización del sector y que la mayoría de empleadas lo consideran algo circunstancial y no se plantean cotizar”.
En cualquier caso, Villate valora positivamente que se den pasos en la mejora de este sector. “Esta regulación es una cuestión absolutamente necesaria, posiblemente este sea el primer paso y no se podrá llegar todo lo lejos que sería deseable, pero hay que avanzar y ver qué efectos tiene”, asegura.
Economía-empleo y género; 05 noviembre (07) AmecoPress