Si Naciones Unidas quiere, a partir de diciembre toda persona que pase hambre podrá demandar al gobierno de su país por la violación de su derecho a la alimentación

La sede de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) acogió el seminario “Derecho a la alimentación y crisis alimentaria en los países en desarrollo” organizado por la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” para analizar la multiplicidad de factores que han incidido en la crisis alimentaria actual y aportar soluciones constructivas y efectivas a la misma. Si Naciones Unidas quiere, y los estados de la comunidad internacional lo ratifican, a partir de diciembre toda persona que pase hambre podrá demandar al gobierno de su país por la violación de su derecho a la alimentación.

Entre los asuntos que se abordaron figuraron, en primer lugar, la legislación sobre el derecho a la alimentación, el caso de la Constitución ecuatoriana como Carta Magna modelo a la hora de recoger de manera efectiva la soberanía alimentaria, la posibilidad de un tratado internacional para el derecho a la alimentación y la radical importancia del Protocolo Facultativo para los derechos sociales, económicos y culturales, que se espera sea aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes de diciembre y mediante el cual derechos como son el derecho a la salud, a la alimentación o al agua, se convierten en directamente reivindicables ante los tribunales de justicia de los países que ratifiquen el Protocolo.

Hasta el momento, los derechos DESC no son justiciables, esto es, su violación no entraña responsabilidades para los gobiernos. Se eleva, por tanto, el umbral de la protección que los Estados deben a los derechos de sus ciudadanos, ya que el reconocimiento efectivo de un derecho implica necesariamente que pueda ser reclamado por parte de sus titulares. “Hemos de pasar de la necesidad de alimentos a poder reivindicar de manera efectiva el derecho a la alimentación”, afirmó Silvia Escobar, embajadora de España para los derechos humanos.

Otro de los tópicos destacado fue la relación entre mercados, inversiones en productos agrarios y derecho a la alimentación, en el sentido de revisar de qué manera puede el comercio internacional contribuir a la realización del derecho a la alimentación y cuestionar si son aplicables la ética o los principios de derechos humanos al mercado financiero. Por último, en el seminario se planteó la contribución de la ayuda alimentaria a paliar el hambre, los retos para la producción de alimentos y la necesidad de innovación y búsqueda de alternativas energéticas y de producción.

Desde este tipo de seminarios y en toda la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” se denuncia que “en el momento actual, las inversiones en alimentos, los fondos de inversión y los mercados de futuro en los que se fija el precio de los productos básicos, funcionan exactamente igual que la inversión en acero o en gas. No influye en su dinámica que el objeto de especulación sean los alimentos de los que depende la vida humana. Pese a lo que algunos organismos internacionales se empeñan en afirmar, acabar con el hambre no es cuestión de producción: actualmente, se producen alimentos para el doble de las personas que habitan el planeta. La cuestión es la falta de acceso a los recursos productivos y a los alimentos de 923 millones de personas.”

“El término derecho a la alimentación da miedo. Se ha trabajado el derecho a la libertad de prensa, o los derechos civiles y políticos. Pero la alimentación de la gente da miedo. Y nos encontramos con paradojas como que la Carta Interamericana de Derechos tiene una excepción y no se puede reclamar, de manera individual, la realización del derecho a la alimentación”, explicó José Luis Vivero, oficial de la iniciativa América Latina sin Hambre 2015.

Fotos cedidas por Prosalus; Pie de Foto: 1) Entrada al Seminario 2) Seminario

Economía - Pobreza y género; 29 octubre (08) AmecoPress