Santiago Barambio: “Las autonomías no cumplen con el espíritu de la ley”
Madrid, 17 feb. 11. El informe presentado por la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) revela que las diecisiete leyes distintas existentes en el país hacen imposible una igualdad real de derechos enre todas las mujeres del territorio español.
Los objetivos perseguidos por la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo eran garantizar a todas las mujeres en el estado español (que no únicamente a todas las españolas) igualdad de accesibilidad, gratuidad y confidencialidad. Según el informe presentado por ACAI, esto no se ha cumplido a lo largo de los primeros seis meses de vida de la ley.
No es lo mismo abortar en Cataluña que en Andalucía o en Navarra que en Asturias. De hecho, en Navarra no se puede abortar y las habitantes de esta comunidad tienen que salir de sus fronteras para poder hacerlo, al igual que las riojanas.
Cataluña es una de las autonomías que peor está aplicando la ley. La confidencialidad no es estricta ya que la documentación se tramita mediante un código de identificación personal (CIP); la gratuidad no es tal ya que las mujeres deben pagar por adelantado y, dependiendo de los baremos establecidos, esperar a cobrar o no; el proceso puede durar incluso tres semanas lo que lleva al agotamiento emocional e incluso al vencimiento del plazo de gestación.
Pero una de las cuestiones más preocupantes, según Santiago Barambio, en Cataluña son las llamadas que recibe de algunos profesionales de la medicina de ambulatorios referentes a la práctica de abortos farmacológicos en atención primaria: “Así se baja el listón marcado por el decreto de garantía de calidad”, se queja Barambio. Por otra parte, la red de hospitales públicos cuenta con algunos centros que no quieren hacerlo: “No decide el hospital sino la mujer”, reivindica Barambio quien sentencia que “la mujer pierde un derecho”.
Andalucía o Asturias son modelos a seguir. Madrid, sin embargo, tiene irregularidades en cuanto a confidencialidad y a la información preceptiva. En esta última, se culpabiliza a la mujer y se la dirige a organizaciones de signo claramente antielección.
Una queja a nivel estatal es la falta de matización en los términos por parte de los decretos reguladores. Falta esta que deja jurídicamente desprotegidos a profesionales y mujeres. La ausencia de limitación legal del concepto ‘gestación’ provoca una situación en la que el mismo embarazo puede ser efectuado en una comunidad y en otra no. Es más, la decisión de que un aborto llevado a cabo dentro de la ley sea declarado ilegal dependerá de un juez.
En definitiva “no se cumple el espíritu de la ley que era mejorar la realidad jurídica”, denuncia Barambio. Añade que la única manera de disminuir el número de embarazos es mejorando la educación sexual y facilitando el acceso a métodos anticonceptivos “cosa que todavía no se ha hecho”.
Fotografía archivo AmecoPress
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