Por el derecho a decidir libremente

Madrid, 28 sep (11). AmecoPress. El 28 de septiembre fue la fecha propuesta en 1990 por feministas latinoamericanas y caribeñas, para celebrar la jornada de reivindicación anual por el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo no deseado, en condiciones de seguridad y legalidad. Las acciones celebradas durante este día están encaminadas a garantizar el cumplimiento de las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, y a generar avances en la legislación de los países latinoamericanos y caribeños para el ejercicio de este derecho.

Tal y como expresan las consignas más habituales, las reivindicaciones fundamentales son: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" y "El Estado garantiza, la sociedad respeta y las mujeres deciden". Pero los reclamos no quedan limitados en las fronteras del continente latinoamericano.

En el Estado Español, el 4 de marzo de 2010, el BOE publicaba la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La conocida como nueva ley del aborto. Nacía tras mucho esfuerzo y con buena intención, pero las lagunas presentes en el texto legal y la actuación de las distintas comunidades autónomas han hecho inviable su correcta aplicación. Hoy varias organizaciones denuncian la distancia entre la teoría y la práctica. Pero sobre todo, este 28 de septiembre viene marcado por lo que parece convertirse, poco a poco, en una consigna: ni un paso atrás.

La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que trabaja desde hace años en el seguimiento de las leyes que han venido regulando el aborto en el Estado Español, ha presentado el informe “Situación actual de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Estado Español. Entre la teoría (legal) y la práctica (real)”.

En él destacan que, tras año y medio de aplicación de la norma, el diagnóstico de la situación muestra la “enorme distancia” que separan los derechos reconocidos en el texto legal, con su puesta en práctica por parte del Gobierno Estatal y las Comunidades Autónomas. “La inhibición de la administración central por hacer cumplir la norma junto con la libertad de las administraciones autonómicas para interpretar las leyes de acuerdo con sus circunstancias y signo político de sus gobiernos, está provocando que las mujeres sigan teniendo importantes dificultades para acceder a una IVE a través del sistema público sanitario”, aseguran.

En este informe se visibilizan las restricciones en el derecho de las mujeres a decidir que siguen existiendo en la nueva norma y se denuncia el incumplimiento en la aplicación de la Ley de SSyR y de IVE, a través del análisis de siete aspectos que en ella se recogen: aplicación de la ley en materia de educación sexual; acceso y gratuidad de los métodos anticonceptivos; acceso de las mujeres que deciden realizarse una interrupción de embarazo (ive); información previa al consentimiento de ive, que debe contener el sobre que se le facilite a la mujer; garantías para que la ive sea una prestación del sistema público de salud; acceso de las menores a una ive, y las interrupciones de más de 14 semanas.

La base de la ley era unificar políticas y crear un marco jurídico común. Garantizar “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan”. Equidad en el acceso, seguridad, gratuidad y confidencialidad constituyen los pilares básicos. ¿La realidad? “No se cumple con el espíritu de la ley. Lo que pretendía no se está llevando a cabo”, sentencia Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). Desde la Federación Mujeres Jóvenes lamentan lo mismo: “Esta es una ley que, por desgracia, no se está aplicando porque hay muchas iniciativas paralelas que lo impiden”.

El informe sobre la regulación de esta joven ley en cada una de las autonomías, realizado por Acai, revela que no es lo mismo solicitar una interrupción del embarazo en Navarra que en Andalucía, por ejemplo. Es decir, el hecho de que exista una ley por autonomía impide el objetivo de la igualdad en el conjunto del territorio español. Cada uno de los pilares básicos del texto legal es violado.

Una Ley amenazada

Pero a pesar de las carencias y de la distancia entre lo pautado por la normativa y lo que acontece, profesionales de los centros acreditados, asociaciones feministas y plataformas civiles que asesoraron y procuraron con su actividad y presión el cambio legislativo, defienden su validez y abogan por centrar los esfuerzos en garantizar su cumplimiento.

Frente a ellos, se alzan las voces conservadoras. Un ejemplo de esto lo encontramos en las declaraciones de la ex ministra de Sanidad y coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, quien aseguró hace dos días que si su partido gana las próximas elecciones derogará la actual ley del aborto "porque es injusta e innecesaria".

Para Acai volver a la legislación anterior implica instaurar de nuevo la “inseguridad jurídica” contra mujeres y profesionales. “Supone regresar a las denuncias, las inspecciones políticas, la vulneración de la intimidad de miles de mujeres…; algo que la sociedad española no debería permitirse a sí misma, ni a sus mujeres”, aseguran.

Asimismo, la asociación de clínicas lamenta que los miembros del Tribunal Constitucional aún no hayan sido renovados, ya que esta circunstancia permitirá al PP – que impugnó la ley del Aborto ante este órgano - orientar “políticamente” este tribunal hacía sus presupuestos ideológicos, cuando se produzca su renovación definitiva, lo que sin duda haría inclinar la balanza hacia una derogación parcial o total de la ley, sin “tener que pasar por el Parlamento”.

Latinoamérica

La despenalización del aborto constituye una lucha internacionalista que une a los movimientos de mujeres en todo el mundo. En este marco, la Coordinadora Regional del 28 de septiembre en la región latinoamericana lanza su Llamado a la Acción 2011, un documento que analiza el contexto regional, en el que las altas tasas de aborto junto con una legislación mayoritariamente restrictiva ponen en grave riesgo a las mujeres, "en especial a las más pobres, las jóvenes, las mujeres rurales, afrodescendientes e indí¬genas", lo que supone una violación de sus derechos más fundamentales: el derecho a la salud y a la vida.

Fotos archivo AmecoPress

--------------------------------

Política – política y género – movimiento feminista – Debates – Aborto – Legislación y género - Feminismo; 28 septiembre (11);