Organizaciones exigen al Gobierno la prohibición de esterilizaciones forzosas a niñas con discapacidad
Madrid, 03 dic. 18. AmecoPress-. En la coyuntura del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Save The Children y la Fundación CERMI Mujeres han exigido al Gobierno español la prohibición de esterilizaciones forzosas a las que, a día de hoy, se ven sometidas niñas y adolescentes con discapacidad. Para ello, las instituciones han invitado al Ejecutivo a que incluya esta petición en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que se está elaborando, y cuyo compromiso de aprobación en el Consejo de Ministros se espera antes de fin de año.
De acuerdo a los datos otorgados por el Consejo General del Poder Judicial, que ofrece cifras de entre 2010 y 2016, se observa un promedio de 100 resoluciones judiciales que autorizan la esterilización de personas con discapacidad sujetas a incapacidad previa.
Estas esterilizaciones, realizadas sin el consentimiento de las afectadas –bien porque no se les informa sobre la intervención, porque no comprenden sus consecuencias, o porque se limita judicialmente su capacidad para consentir- son especialmente redundantes en mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial.
El segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal recoge que “no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil”.
Ante esto, en 2007 se sumó la determinación del Comité de Derechos del Niño por la que advertían de que la esterilización forzosa de niñas es una forma más de violencia contra la infancia, instando a su prohibición en los Estados firmantes.
Por todo ello, las organizaciones exigen que este párrafo sea derogado en la nueva Ley de Violencia y que bajo ninguna circunstancia las niñas sean obligadas a someterse a una esterilización.
“Forzar a las niñas a esta práctica atenta contra su dignidad e integridad física y moral”, afirma Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, que continuó afirmando que este aspecto supone un falso intento de protegerlas.
“La sociedad debe tomar conciencia de que las personas con discapacidad tienen los mismo derechos y dignidad que el resto de la sociedad. Tenemos que garantizar su formación, empoderamiento y autonomía”, continuaba.
El delegado de los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU en el CERMI, Jesús Martín, se unía a las críticas afirmando que “no podemos hablar de igualdad ni de inclusión teniendo una mácula tan grande en nuestro ordenamiento jurídico que legitima una práctica tan nociva, que no deja de ser binomio perturbador en el que conviven el machismo y la estigma hacia la discapacidad, y que lleva consigo la privación a estas niñas de una función esencial corporal, como es la posibilidad de reproducirse sin que hayan tomado la decisión o lo hayan hecho a través de instancias ajenas”.
Ya no solo criticando su existencia y exigiendo la derogación de la norma, sino también a modo de conclusión, denunciaron que esta práctica supone una “puerta de entrada” a abusos y agresiones sexuales contra mujeres y adolescentes que hace que desparezca su posibilidad de embarazo.
Foto: Archivo AmecoPress.
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Política - Situación social de las mujeres - Discapacidad - Legislación y género. Madrid, 03 dic. 18. AmecoPress.