Nueva ley del aborto pero sin despenalización

Es necesario mantener activa, en la calle y en los medios de comunicación, la defensa de la despenalización del aborto mientras siga abierto el debate sobre la nueva Ley que regule la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para cuya redacción han empezado las comparecencias de personal experto en la subcomisión de igualdad creada en el Congreso de los Diputados.

Esta fue una de las principales conclusiones extraídas de la tertulia feminista sobre la regulación de la IVE en la que participaron Marta Cárdaba, de la Plataforma No Nos Resignamos, Lucía Mazarrasa, por el Forum de Política Feminista, Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, y Victoria Virtudes –Vito- experta en derechos sexuales y reproductivos que intervino en nombre de la Federación de Mujeres Progresistas.

Algunas de ellas formaron parte de la delegación de defensoras y defensores del derecho al aborto que recibió la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el pasado 8 de julio. En esta cita, la ministra dijo estar preocupada por la situación y consideró necesario abordar una reforma legislativa. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Igualdad aseguraron también que, en ningún caso, el aborto “saldría del Código Penal”.

Así lo manifestaron ayer Justa Montero y Marta Cárdaba, miembro de la Plataforma que promovió una campaña para conseguir esta reunión con la ministra, si bien, insistieron en que Bibiana Aído no hizo ninguna afirmación en este sentido.

Es un derecho, no un delito

La despenalización del aborto es uno de los puntos comunes que defienden todas las agrupaciones feministas españolas, pues el hecho de que sea considerado un delito es lo que ha propiciado que se
produjera la persecución de las clínicas autorizadas para la IVE en Barcelona y Madrid.

Hay otras consecuencias negativas de considerar al aborto un delito es el acoso, como las amenazas y agresiones que padecen las y los profesionales de las clínicas especializadas, pero sobre todo, el hecho de que cualquier mujer que acuda a abortar puede ser reclamada por la justicia, como ya ha ocurrido.

Además, el aborto forma parte de los derechos humanos de las mujeres, pues en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1995 se reconoció, también por España, como uno de los derechos sexuales y reproductivos. De ahí que resulte contradictorio que la legislación española considere que abortar es un delito y no un derecho fundamental.

En este sentido, la abogada feminista, también miembro del Fórum, Carmen Pujol, propuso aprovechar la unanimidad del Parlamento para modificar el Código Penal en materia de pederastia, para eliminar el artículo 417 bis, que criminaliza el aborto, y a partir de ahí regular la IVE, siempre desde el respeto de las mujeres a decidir.

Aunque las asistentes apoyaron la propuesta, esta posibilidad cayó por su propio peso ante la intención gubernamental de elaborar una nueva ley pero sin despenalización.

Quizá esto explique las observaciones de Justa Montero tras intervenir en la subcomisión del Congreso: “Me pareció un trámite. El PP no abordó el tema desde el punto de vista legislativo sino que lanzó una batería de preguntas contra al aborto en general, y si están en contra, no sé porqué no cambiaron la ley mientras estaban en el Gobierno”.

Ahora es el PSOE quién preside el Ejecutivo, con un Gobierno paritario que “pasa de puntillas” y no presenta su propuesta de reforma de ley del aborto frente a una derecha que quiere implantar su postura, subrayó Montero.

Por su parte, Lucía Mazarrasa, del Forum de Política Feminista, aseguró que 37 años después de la aprobación de la actual ley, “no se pierde la esperanza” pero insistió en que ahora “la pelota no está en el movimiento feminista”, como en su opinión hace ver el Ejecutivo, sino que “está en el Gobierno”, pero se está demostrando que “las mujeres no tenemos suficiente representación ni suficiente fuerza política”.

Tanto ella como Victoria Virtudes insistieron en otro de los aspectos comunes de las feministas: La urgencia de afrontar la anticoncepción en la sanidad pública, que actualmente no sólo no da información suficiente, sino que en algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, pone graves trabas a las mujeres, más aún si son inmigrantes, para acceder a los métodos anticonceptivos.

Fotos: AmecoPress

Pies de foto: 1) De iz a de decha: Lucía Mazarrasa 2) Marta Cárdaba,Victoria Virtudes y Justa Montero.

Estado español-Aborto-Movimiento feminista; 19 noviembre (08) AmecoPress