“Nuestro Cuerpo, Nuestra tierra”
Madrid, 18 marzo. 14. AmecoPress. En diciembre, el Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de reforma de la ley del aborto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, titulado "Ley para proteger la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada". Con esta reforma, el Partido Popular cede a las presiones de la jerarquía católica y los grupos fundamentalistas y ultra conservadores que tratan de detener los cambios de las mujeres para que no nos salgamos del perfil de la maternidad y domesticidad. Cuidadoras del servicio de los demás, sin reconocer a las mujeres como sujeto de derechos.
La norma, que tiene por objeto derogar la actual "Ley de la salud y el aborto sexual y reproductiva" no sólo eliminaría – en caso de ser aprobada- el sistema actual de plazos, en el que durante las primeras 14 semanas de embarazo la mujer puede abortar sin tener que alegar ninguna razón, sino también se restringirían los supuestos para poder abortar legalmente. Solo habría dos: la violación y grave peligro para la vida o la salud física o psicológica de la mujer. Serían los médicos o las médicas - con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo-, quienes decidirían si existe ese riesgo. La presencia de malformaciones fetales no es, de acuerdo con este proyecto, uno de los casos en favor del aborto, aunque sería el efecto psicológico que tiene sobre el embarazo.
Creemos que esta ley es:
• Una violación de los derechos de las mujeres y un retroceso de más de 30 años en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin interferencias.
• Un recorte en la libertad de las mujeres y una pérdida de los derechos que puede llevar a algunas mujeres a exponer su propia vida.
• Un peligro para la salud y para todos los derechos humanos de las mujeres desde argumentos basados en morales particulares y en interpretaciones religiosas fundamentalistas.
• Una injerencia ilegítima de algunos grupos morales particulares en la política pública y la ley, que son la responsabilidad y la obligación de los estados.
• Una alianza entre estado/iglesia que viola el principio de laicidad del Estado, vulnerando los derechos humanos, afianzando prácticas discriminatorias e injustas, materializando la violación de la dignidad humana y la conciencia individual.
Que se concretaría en:
• Aumento de los abortos clandestinos y del riesgo. Debido a que nos añadimos a la lista de los países donde el aborto está restringido o penalizado por la ley, y que producen la gran mayoría de los abortos clandestinos, lo que obliga especialmente a las mujeres de escasos recursos y / o niñas a interrumpir el embarazo de forma poco segura.
• Un retorno a la minoría de mujeres que necesitarían varios informes psiquiátricos para abortar;
• La discriminación de las mujeres con pocos recursos – económicos de información- por lo que unas podrían abortar en el extranjero y otras tendrán que hacerlo en precariedad, poniendo en riesgo su salud.
•Una extensión del sufrimiento de las mujeres que quieren abortar que se verían obligadas a buscar los informes médicos que "garanticen" y permitan su decisión de abortar;
• La inseguridad jurídica de las personas que tienen que "informar" sobre la salud mental de la mujer que quiere abortar y todos los que pueden ser juzgados por la ejecución de abortos;
• La violación del derecho a la intimidad, ya que la decisión de las mujeres pueden ser objeto de cuestionamiento y la investigación. En definitiva, la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su vida se ve limitada por el mismo gobierno español que está promoviendo recortes que hacen nuestra vida precaricen termina ni siquiera se podía sospechar.
Por todas estas razones, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres en Cataluña, País Vasco, y Galicia exigimos:
• Que se reconozca el derecho fundamental de las mujeres a tomar sus propias decisiones.
• Garantizar la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo y su vida.
• La cobertura del aborto en la red hospitalaria y extra hospitalaria pública a fin de garantizar la universalidad de este derecho, y se normalice como prestación sanitaria, sin ninguna discriminación geográfica en el acceso de todas las mujeres a este derecho en los servicios públicos.
• La regulación de la objeción de conciencia necesita de sus límites, lo que garantiza que todas las escuelas públicas cuentan con equipos de profesionales necesarios para satisfacer la demanda de las mujeres al aborto.
• Que se respeten y protejan los derechos de las mujeres a los usuarios de estos servicios en todo momento.
• La adopción de políticas y medidas necesarias para completar la salud sexual y reproductiva basada en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
• Que se incluye la educación afectivo emocional y sexual perspectiva de género en el currículo escolar.
• Recordamos que el gobierno español está obligado a garantizar el pluralismo, la libertad de conciencia, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a decidir. En este sentido, los argumentos religiosos no pueden convertirse en políticas públicas, con una ley que atenta contra los derechos humanos de todas las mujeres.
Hacemos un llamamiento para la movilización:
• Únete a la concentración, promueve llamadas, habla con tus colegas, amigos, vecinos...; firma el manifiesto, ofrece tu ayuda a grupos para llevar a cabo acciones para oponerse a esta ley.
• Exige a tus representantes políticos que dan la cara, que defiendan tus derechos, que luchen para garantizar la libertad de las mujeres para decidir.
Foto: archivo Amecopress -
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Comunicados - Sociedad – Debates - Aborto – Movimiento feminista; 18 marzo. 14. AmecoPress