México: La impunidad, clave del feminicidio

México, 27 jun. 19. AmecoPress/SEMlac.- La impunidad en México está ligada a una inercia burocrática que todo lo justifica. Recientemente un amigo me decía con desazón que los asuntos de palacio van despacio; quienes deben atender los casos urgentes, desgarradores, criminales, han perdido sensibilidad y compromiso. En juego está la vida de miles de mujeres. De cientos de periodistas. Hoy urgen medidas cautelares para la periodista Soledad Jarquín Edgar. A ver qué nos dice Gobernación.

El 2 de junio de 2018, un comando con armas de uso exclusivo del ejército, asesinó a Pamela Itzamaray Terán Pineda y a María del Sol Cruz Jarquín, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

María del Sol estaba ahí por la impericia y el abuso gubernamental, y ambas cayeron a manos de los delincuentes que actuaron por razones inconfesables. Encima hoy las autoridades judiciales, las investigativas y electorales no han hecho su trabajo y operan en complicidad de intereses económicos, políticos y de la corrupción evidente.

Mejor dicho, en este crimen la justicia está obstaculizada por intereses políticos y económicos comandados por un grupo de personajes que ven a Oaxaca, especialmente al Istmo de Tehuantepec, como un botín, del que han vivido explotando a la gente y a las comunidades, para enriquecerse y ejercer control y el poder.

De Oaxaca tenemos muchas historias, pero esta asoma colonialismo puro, como lo ha hecho desde hace décadas una familia de apellido Montero López, familia implicada claramente en el caso, cobijada por el gobierno estatal. A su delincuencia electoral, se suma el apoyo de las fiscalías. Electoral y judicial.

En estas circunstancias tenemos que decir, que gritar que María del Sol Cruz Jarquín no tenía que estar aquel día en el centro del terror, que cómo piensa la costumbre del poder, fue enviada ahí bajo amenaza de perder su empleo, para apoyar la campaña de uno de los Montero López, quien ahora se pasea por el Istmo, tranquilamente, con un puesto municipal. Es decir, en completa impunidad.

Y lo más grave es que la madre de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar, decidida a lograr justicia para su hija. Con dignidad ciudadana, la misma que ha ejercido como periodista narrando los horrores de esa realidad que ahora es suya, quiere que se sepa con claridad y transparencia, quién o quiénes fueron los asesinos materiales, los asesinos intelectuales y se castigue las autoridades cómplices.

Esta mujer, como muchas y muchos de nuestros compañeros, corre peligro. El Fiscal y sus testaferros, los intereses que rodean el caso ya se han traducido en amenazas directas y en amenazas indirectas.

Vela la pena remarcar dos hechos importantes para medir el tamaño de la estulticia. Uno lo describe con sin igual claridad el Tribunal de Justicia de Oaxaca, al observar en una reciente resolución que las investigaciones del artero asesinato se hicieron sin perspectiva de género, cuando se puede configurar que los asesinatos de Pamela Itzamaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín son feminicidios en un contexto de violencia política de género.

Esa resolución emitida por el Tribunal es una muestra de lo que se ha planteado desde el principio sobre la investigación hecha por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La resolución dice que la Fiscalía actuó con una "deficiente y negligente investigación" sobre lo ocurrido la madrugada del 2 de junio de 2018 en la localidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Además, frente a la demanda de justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, el fiscal, ha dicho en tono amenazante que la madre tiene intereses personales sobre el crimen. Y claro que sí, la periodista Jarquín Edgar quiere justicia para su hija, ese es un asunto personal. Y si tiene interés en que se haga justicia, tanto que como decía, ha narrado las injusticias contra las mujeres e indirectamente ha dado voz por 30 años a las ahora sus semejantes, madres del feminicidio, mujeres ultrajadas por maridos, policías y militares en el territorio donde nació Benito Juárez.

El segundo hecho es que hay solidaridad y acompañamiento de las periodistas, abogadas comprometidas, mujeres organizadas en grupos feministas, así el pasado 1 de junio, además de una protesta, se logró con cooperación civil que se instalaran tres espectaculares para hacer visible el incumplimiento de justicia, tal como debe ser, "pronta y expedita" por parte de las autoridades que encabeza el gobernador Alejandro Murat y el que debería ejecutar el Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos. Y ¿qué creen? estos espectaculares fueron vandalizados con el retiro y o mutilación de dos de los tres donde se exigía justicia.

Para las organizaciones tales acciones, evidentemente orquestadas por las autoridades o sus testaferros, constituyen una afrenta para la sociedad civil y para la familia de María del Sol Cruz Jarquín.

Algo más. Para mirar cómo se va configurando el asunto que hoy preocupa tremendamente. La semana pasada una diputada federal morenista, Lorena Villavicencio, propuso un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso para que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República, curiosamente en las redes sociales y medios digitales acusaron a la legisladora de oportunista.

En este orden, tampoco se han ocupado las autoridades del foco rojo que pone en el centro a la periodista. Es omiso el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Parece que en Bucareli hay insensibilidad y burocratismo. Pero aún peor, en la subprocuraduría de Derechos Humanos, sugirieron que la periodista salga de Oaxaca y en Oaxaca le retiraron medidas precautorias.

¿No iban a cambiar las cosas? No, la inercia y la consciente o inconsciente complicidad están ahí. En los modos, las formas, los atrasos, las tarjetitas y los escritorios donde se acumulan las denuncias y las demandas. En las caras de preocupación impostadas y en los archivos que revientan en esas dependencias, sin que las personas seamos consideradas u oídas.

En más de ocho meses, desde que se empezó a configurar el nuevo gobierno, los responsables, los nuevos y nuevas funcionarias conocen el caso. Y se hacen como sorprendidos, y realizan interrogatorios infinitos. Sin consideración cristiana, diría el presidente de la República.

Hay evidentemente omisiones, sin duda perversas, y dan como resultado la violación a los derechos fundamentales de las víctimas por parte de la Fiscalía, del Mecanismo, de otras autoridades que podrían intervenir y no se mueven. Las y los he visto llenarse la boca de que ahora sí, con la mafia del poder derrotada, habrá justicia y dignidad.

En la red de complicidades está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales donde no se ha vinculado la carpeta de investigación por probable delito electoral de los hermanos Montero López, la que fue declara concluida de acuerdo con la fiscal especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, desde agosto pasado. Mientras tanto, los tribunales electorales impusieron una multa que da risa, pena e indignación. Nada de nada.

La narrativa del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca es una pieza que no se la puede perder, antes de estallar en llanto o tener un calor-frio en todo el cuerpo. Este tribunal explica con argumentos claros y en base a la normatividad nacional e internacional que la Fiscalía de Oaxaca no realizó como correspondía su trabajo.

Reconoce el doble asesinato como feminicidios en un contexto de violencia política de género "que puede catalogarse como un feminicidio por desprecio u odio hacia esas víctimas, contempladas así en el artículo 411 fracción VII…del Código Penal del Estado, y no sólo acreditar un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, como al final de cuentas ocurrió", la resolución fue emitida por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

En el caso de delito electoral, hay que recordar que María del Sol fue obligada por el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano), Francisco Montero López, del gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, de donde ella era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural, a sabiendas que cometía ese delito porque fue designada para apoyar con su trabajo profesional, como fotógrafa y videasta, la campaña política de Hageo Montero López, candidato del PRI-PVEM-PNA a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Es decir, se usaron recursos públicos, penados por la ley.

Y en plenitud la amenaza, la periodista Soledad Jarquín Edgar ha dicho que después de la protesta exigiendo justicia para María del Sol Cruz Jarquín en la capital oaxaqueña el pasado primero de junio, donde estuvieron organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos, ella ha sido objeto de ataques del Fiscal General de Justicia, Vasconcelos Méndez quien ha señalado a la prensa: "…En respuesta, el Fiscal dijo que es compromiso de la Fiscalía General con la sociedad oaxaqueña no dejar que se afecte el trabajo técnico con presiones diversas que manipulan información con objetivos personales, económicos, políticos o de otro tipo distintos al de la justicia´".

Imposible obviar lo que es ampliamente conocido que desde la Fiscalía se utilizan "bots" para desacreditar toda acción de protesta, exigencia o demanda de justicia por parte de las familias, de organizaciones no gubernamentales y hasta de otros periodistas frente a los nulos resultados, lo que ha hecho esa Fiscalía es poner riesgo la vida y la integridad de la periodista. Ella ya responsabilizó al gobierno de Oaxaca en caso de que algo le ocurra a ella, a su familia y a personas cercanas.

Los espectaculares vandalizados por la delincuencia política se ubican uno sobre la Carretera Internacional, en el tramo del Cerro del Fortín, cuyos hechos ocurrieron entre el 11 y 12 de junio pasado, y el segundo arrancado en su totalidad el 15 de junio estaba sobre la avenida Universidad.

Los actos vandálicos contra los espectaculares nos están hablando de la capacidad de violencia de las autoridades y sus testaferros. Es un foco rojo que no debiera dejar pasar de largo la Secretaría de Gobernación. Veremos.

Foto: Archivo AmecoPress.

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