Más de 140 organizaciones sociales condenan la ’devolución en caliente’ de Chafarinas
Madrid, 09 ene. 20. AmecoPress.- Más de 120 organizaciones sociales de defensa de Derechos Humanos suscriben un manifiesto para condenar la devolución en caliente de Islas Chafarinas el viernes 3 de enero. Ese día la Guardia Civil, por orden del Ministerio del Interior, devolvió a Marruecos a cuarenta y dos personas migrantes que se encontraban en territorio español. Pese a que entre ellas se encontraban menores y mujeres heridas, las autoridades españolas detuvieron al grupo en la Isla del Congreso y procedieron a entregarlas a la Marina Real marroquí en el mar.
Las víctimas, en contacto directo con una de las organizaciones, habían avisado de su llegada a la isla española desde la mañana y documentado con geoposiciones y fotografías su situación. “No solo nos deportan, sino que nos tratan de mentirosas”, sentenció al teléfono el grupo de mujeres tras conocer la versión de los hechos del Ministerio del Interior español. El Ministerio había informado en una nota del “rescate” realizado por Marruecos “en cumplimiento del derecho marítimo internacional”, negando que las personas se encontrasen en tierra firme de soberanía española.
Las organizaciones firmantes recriminan al Gobierno la ejecución de una práctica “ilegal” que no respeta el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la propia legalidad española, ya que las personas devueltas no tuvieron acceso a letrado ni interprete y su expulsión no fue tramitada administrativamente. Es por ello que exigen una investigación al Gobierno y la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Las organizaciones, tanto marroquíes como españolas, exigen al Gobierno de coalición que ponga fin a prácticas condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como son las ‘devoluciones en caliente’
Las organizaciones de derechos humanos firmantes consideran que estamos ante una grave vulneración de Derechos Humanos y recuerdan que el control de fronteras y la contención de flujos migratorios no puede en ningún caso incumplir la legalidad vigente.
Dada esta situación, exigen el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas por vulnerar el derecho fundamental de toda persona que pueda ser objeto de persecución a ser informada de su derecho a pedir protección internacional o asilo. Y por tanto, exigen que se lleve a cabo la correspondiente investigación por los hechos acontecidos.
Asimismo, piden a la nueva coalición de gobierno que no olvide que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por esta práctica en 2017, con una sentencia que evidenció la ilegalidad de las devoluciones sumarias y la imposibilidad de su cobertura a través de la disposición adicional décima incorporada a la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es urgente derogar esta disposición adicional y cesar esta práctica ilegal que viene realizándose en Frontera Sur desde 1995. Reclamamos además al nuevo gobierno que retire el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado ante la condena del TEDH.
Respecto a los procedimientos llevados a cabo en frontera, las entidades reclaman que en su ejecución esté asegurado un proceso con todas las garantías, centrado en el reconocimiento de las necesidades de las personas migrantes y basado en el principio de no devolución, recogido en los códigos internacionales y uno de los pilares de la Convención de Ginebra de 1951.
Las organizaciones rechazan la externalización de fronteras como política migratoria, con la que nuestros gobiernos pretenden delegar la responsabilidad de las vidas de las personas migrantes a los gobiernos de países de tránsito donde, en la mayoría de los casos, no se respetan los derechos de las personas migrantes.
Foto: archivo AmecoPress
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Comunicados – Sociedad – Derechos humanos – Mujeres migrantes. 09 ene. 20. AmecoPress