“La Ley del aborto vigente crea una situación de engaño entre las mujeres y el Estado”

La actual Ley del aborto, aprobada en 1985, lo despenaliza en tres supuestos pero no reconoce el derecho de las mujeres a decidir, según subrayó Begoña San José, vicepresidenta del Fórum de Política Feminista. Como consecuencia de esta situación, según cifras del Ministerio de Sanidad, casi el 97% de las mujeres que interrumpen su embarazo se acogen al supuesto legal que permite abortar por riesgo para la salud psíquica de la madre, necesitando el correspondiente dictamen médico. A juicio de San José, este hecho, “crea un engaño entre las mujeres y el Estado, entre las mujeres y la sanidad pública”.

La vicepresidenta del Fórum de Política Feminista intervino en la conferencia “Hechos acaecidos contra las clínicas abortivas y sus consecuencias sobre las mujeres”, que tuvo lugar ayer tarde en Alcorcón, con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres. Estuvo acompañada por Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid e impulsora desde sus inicios en 1979 de la Comisión Proderecho al Aborto.

San José recordó a las once mujeres que fueron juzgadas en Bilbao en 1979 por abortar, ya que este proceso sacó a la luz pública el tema del aborto e hizo que las organizaciones de mujeres se movilizaran en la lucha por este derecho. En la Memoria Fiscal del Tribunal Supremo se hablaba de 300.000 abortos en el año 1.974, cuando aún era ilegal; por lo que, la Audiencia Provincial de Bilbao tuvo en cuenta estos datos, junto con el hecho de que las mujeres acusadas pertenecían a capas sociales desfavorecidas, y las indultó, reconociendo que existía una necesidad social. Posteriormente, otra sentencia del Tribunal Supremo, en diciembre de 1982, negaba la posibilidad de considerar delito el hecho de abortar en el extranjero.

Según Begoña San José, todos estos avances jurídicos, junto con la lucha de los movimientos feministas, consiguieron que en 1985 es aprobara la ley actual. Desde que comenzó a funcionar, el principal problema de esta normativa ha sido, en su opinión, la objeción de conciencia que alegan la mayoría de profesionales de la Sanidad Pública y que trae como consecuencia que el 98% de los abortos se practiquen en clínicas privadas.

En la actual campaña de acoso a las mujeres y a las clínicas abortivas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, se da una situación de fragilidad que pagan las mujeres que abortan, ya que pierden su intimidad y se sienten criminalizadas, cuando lo que hacen está dentro de la legalidad, señala Begoña San José. Por eso, “las feministas, exigimos una ley de plazos que permita abortar a las mujeres durante las primeras 14 ó 16 semanas, sin necesidad de un dictamen médico”, concluyó.

Ataques al derecho de las mujeres a decidir

Justa Montero manifestó que el aborto es un derecho de las mujeres a decidir sobre un aspecto íntimo y personal como es la maternidad, que los grupos de ultraderecha y católicos están atacando. Lo que intentan estos sectores “es criminalizar y culpabilizar a las mujeres que abortan, para lo que difunden imágenes extremas, cómo la de fetos de más de cinco meses, cuando sólo el 1,2% de las mujeres que abortan en Madrid, lo hacen con embarazos tan avanzados”. Todo para que se identifique el aborto con esas situaciones extremas, cuando los datos indican que el 88% de las mujeres que abortan, lo hacen antes de las 12 semanas.

Estos grupos fundamentalistas están financiados, según Montero, desde la Consejería de Educación y Sanidad de la Comunidad de Madrid. Otro problema añadido es que la educación sexual impartida en centros escolares de la región corresponde a personas pertenecientes a grupos pro- vida. La píldora postcoital no se da gratuitamente y a las menores tuteladas no se les permite interrumpir su embarazo.

La portavoz de la Asamblea Feminista dijo que “el aborto debe salir del Código Penal y debe haber una ley que lo regule como derecho”. Es necesario, argumenta, que se pueda realizar en la red sanitaria pública para universalizar la prestación y que en los centros públicos no se pueda objetar a la carta. “La ausencia de regulación de la objeción de conciencia está menoscabando el derecho de las mujeres, primando la decisión de los funcionarios públicos”. Ante esta situación, desde la Asamblea Feminista se ha planteado a todos los partidos políticos modificar la Ley de 1985 por una ley de plazos que garantice y proteja los derechos de las mujeres, de las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo y su personal, norma que debe estar acompañada de una educación sexual en los centros escolares y un acceso gratuito a los anticonceptivos de tercera generación.

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Fotos: AmecoPress

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Estado español – 8-Marzo - Aborto – 6 marzo, 08 (AmecoPress)