La Junta de Andalucía elabora una guía de recursos para las víctimas de desahucios
Madrid, 7 de julio. 16. AmecoPress. La Junta de Andalucía elabora una guía de recursos sociales autonómicos y municipales destinada a los juzgados para apoyar a las víctimas de desahucios. La iniciativa les permitirá acceder a apoyo institucional y es fruto del convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
La Junta de Andalucía ha elaborado una guía de recursos sociales para apoyar a las víctimas de desahucios. Esta iniciativa pretende evitar los efectos socioeconómicos de las ejecuciones hipotecarias que sufren las personas afectadas por procedimientos judiciales de desalojo de sus viviendas. De esta forma, se les permitirá acceder a apoyo institucional para afrontar su situación.
El propósito es anticipar la intervención de los servicios sociales autonómicos y municipales y facilitar que la ciudadanía afectada tenga un acceso más rápido a recursos e información. De esta forma, pueden activarse los mecanismos correspondientes de protección y búsqueda de soluciones.
La guía, que se pondrá a disposición de los juzgados andaluces, recogerá todos los servicios y recursos sociales de los que disponen los ayuntamientos y el Gobierno andaluz para ayudar a las personas afectadas por los desahucios. Los órganos judiciales, por su parte, se encargarán de informar sobre ellos a las personas incursas en estos procesos. La Administración autonómica, supervisada por el CGPJ, adaptará los formularios procesales para incluir la información sobre los citados servicios y recursos.
Colaboración institucional
La iniciativa ha sido una de las primeras acciones acordadas en el seno de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El objetivo es acordar, de manera coordinada, la respuesta ante el problema de los procedimientos judiciales relacionados con el desalojo de viviendas.
Según el acuerdo suscrito por estas tres entidades, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales. El convenio contempla medidas para la pronta detección de situaciones de vulnerabilidad, de manera que puede dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en los servicios sociales locales y en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda. Este plan jugará un papel destacado como ventanilla única ante los órganos judiciales.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a impulsar las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación y a fomentar la colaboración con procuradores en la materia o profesionales de la abogacía. Por último, adoptará también medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo o exclusión social.
Finalmente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ información sobre servicios sociales municipales y a promover –entre las personas asociadas- respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
Foto: AmecoPress, tomada de la Junta de Andalucía
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Autonomías - Derechos humanos - Dependencia - Cooperación - Instituciones de igualdad; 07 de julio.16. AmecoPress