Guatemala: El impago de la pensión por alimentos, afecta gravemente la seguridad nutricional en las mujeres y la infancia
Guatemala - Baja Verapaz, 14 Nov (Cerigua).- La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) de Baja Verapaz, ha recibido desde su apertura en el 2009, 868 denuncias de las cuales el 65 por ciento corresponde a demandas por pensión alimenticia, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de muchos niños, niñas y madres que deben asumir el rol de jefas únicas de familia.
Lucía González, Delegada Regional de la DEMI, dijo que la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, es un problema latente en el departamento; una de sus principales consecuencias es la separación de las parejas, en la mayoría de casos los niños y niñas quedan a cargo de sus madres, mientras que los padres se olvidan de cumplir con la manutención.
González aseguró que el Código Civil garantiza las pensiones alimenticias para los hijos e hijas, con relación a la educación, a la salud, a la recreación, la alimentación y el vestuario, sin embargo su incumplimiento obliga a las mujeres a buscar el acompañamiento y la asesoría legal de la DEMI.
La Defensoría cuenta con los servicios profesionales de una abogada y notaria, quien da seguimiento a los procesos en el Juzgado de Familia; en algunas ocasiones se realizan negociaciones con la persona responsable de brindar la pensión a través de la Unidad Social.
Los padres muchas veces desconocen el valor de los recursos que se requieren para administrar un hogar y atender las necesidades básicas de las familias, por lo que ofrecen una cantidad considerablemente menor; es en ese momento cuando inician los juicios de fijación.
Cuando existe un convenio firmado y el deudor lo incumple, se inicia el proceso de juicios ejecutivos, en donde se da un plazo de cinco días para asumir la responsabilidad, de lo contrario se traslada al Ministerio Público para la respectiva investigación o para emitir orden de captura, ya que negarse a pagar la pensión alimenticia es una de las expresiones de la violencia económica, según la Ley contra el Femicidio.
Un tema de acceso a las garantías fundamentales
Muchos padres ignoran que la pensión alimenticia es mucho más que una obligación, se trata de recursos que contribuirán a que sus hijos e hijas tengan acceso a la educación, a la salud y a la alimentación, todas garantías fundamentales e inherentes a las personas, expresó la Delegada Regional de la DEMI.
En la mayoría de casos, las madres deben asumir las responsabilidades de los menores que son usualmente entre tres y cinco hijos e hijas; las niñas son las más afectadas porque muchas veces pueden priorizar su educación solo hasta sexto primaria; la situaciones se complican cuando ellas no tienen un ingreso económico fijo, añadió la entrevistada.
El trabajo de acompañamiento que realiza la DEMI, de alguna manera influye positivamente en el acceso a los derechos humanos de la niñez y de las mujeres; muchas de ellas no cuentan con un nivel de educación básico para optar a mejores oportunidades de empleo, enfatizó González.
Otro factor que se observa en los procesos de demandas por manutención es el desconocimiento de las leyes; muchos padres no conocen sus obligaciones y las consecuencias de los incumplimientos hasta que son capturados por negarse a proporcionar le sostenimiento de su familia.
En el 2009, la DEMI recibió 149 denuncias de mujeres, 348 en el 2011 y en lo que va del presente año se han abierto 371 expedientes; aproximadamente, el 65 por ciento corresponden a demandas por pensión alimenticia.
Elevados índices de embarazos adolescentes, incide en el aumento de denuncias
Odilia Pablo, representante de las organizaciones de mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), informó que la mayoría de denuncias que presentan las ciudadanas están relacionadas con la demanda de alimentos; sólo un 13 por ciento de los padres que se separan de sus parejas cumplen con su responsabilidad.
El escaso acceso a la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las etapas de la adolescencia y la juventud, conlleva un alto número de embarazos en niñas y adolescentes en Baja Verapaz, porque no conocen ningún tipo de método de planificación familiar, señaló Pablo.
El departamento cuenta con una población de 280 mil 297 habitantes, más del 50 por ciento son mujeres y de ellas 6 de cada 10 se encuentran en edad reproductiva; en el 2009 se registraron mil 434 embarazos en adolescentes, el siguiente año mil 523 y en lo que va del 2011, 805.
Muchas de las adolescentes embarazadas son abandonadas por sus parejas, por lo que recurren a la institucionalidad de la mujer para demandar la respectiva pensión alimenticia; el problema se visibiliza porque ellas saben que hay leyes que las protegen, aseguró la lideresa.
Pablo hizo un llamado a las y a los jóvenes para que profundicen en los temas de los embarazos adolescentes y la salud sexual y reproductiva, ya que su descendencia será la más afectada por las pocas oportunidades de acceder a la educación, a la alimentación y a la vivienda, entre otros.
Foto: Archivo AmecoPress
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Internacional – Sociedad – Situación Social de las Mujeres – Infancia. 15 nov. 11. AmecoPress.