25N

Estudiantes de derecho tienen la oportunidad de estudiar la violencia de género

21 de noviembre de 2019.

Por Gloria López

Madrid | Estado Español | Violencia de género | Feminismo | Movimiento feminista | Legislación y género



Gracias a la organización feminista Atenea, que organizó una mesa redonda con cuatro expertas en la UCM


Madrid, 21 nov. 19. AmecoPress.- Se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Organizaciones feministas de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid han planificado un conjunto de acciones para conmemorar la fecha. Gracias a ello sucede algo inusual: el alumnado de Derecho tiene la oportunidad de conversar con cuatro expertas acerca de leyes, violencia de género y una interpretación del derecho y la judicatura comprometida con los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y la construcción de un mundo mejor.

En la mesa redonda, titulada ‘Una aproximación a la Ley de Violencia de Género y al Pacto de Estado contra la Violencia de género’, intervienen Mª Ángeles Jaime de Pablo, abogada y presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis; Ángeles Álvarez Álvarez, ex diputada socialista y promotora del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (PECVDG); Ángela Rodríguez ‘Pam’, filósofa, política y promotora del PECVDG y Vicky Rosell Aguilar, magistrada y diputada por Unidas Podemos. La organización convocante es Atenea.

En los estudios oficiales de Derecho las cosas no han cambiado demasiado en los últimos 25 años

En los estudios oficiales de Derecho las cosas no han cambiado demasiado en los últimos 25 años. “Jamás un profesor se detuvo a analizar la cuestión de la desigualdad de género que obstaculizaba la igualdad promovida en la Constitución”, dijo Mª Ángeles Jaime de Pablo, que estudió la carrera en la facultad en la que se desarrolló la mesa redonda.

La experta hizo un recorrido, desde su compromiso personal, por los diferentes proyectos y aportes llevados a cabo desde Themis. Desde la asistencia jurídica gratuita a mujeres que sufrían malos tratos y que luego se amplió también a quienes eran víctimas del impago de pensiones o de violencia sexual, a aportes como estudios exhaustivos de 3000 expedientes judiciales que permitieron extraer unas conclusiones que más tarde serían tomadas en cuenta para el desarrollo de importantes textos legislativos, pero sobre todo para construir “un relato”, que “hoy nos quieren quitar”.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha sido la más atacada de la historia: se plantearon cerca de 150 recursos de inconstitucionalidad

“Descubrimos que los cambios legislativos por sí solos no acaban con la cultura de la impunidad”, dijo la presidenta de Themis, recordando también el machismo existente en la propia justicia. Una vez defendía a una mujer de 70 años a quien su marido había amenazado con una escopeta en la cabeza. Ante los argumentos y preguntas del juez, la mujer, con mucha dignidad, le respondió: “No he denunciado antes para no encontrarme con jueces como usted”. Son necesarios esfuerzos en el ámbito legislativo, pero también en la educación y en la salud.

La abogada resaltó que con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se crearon los juzgados específicos de violencia contra la mujer y se elevaron las penas mínimas (no las máximas) en este tipo de delito. Aunque estas medidas responden al artículo 9.2 de la Constitución –cuyo espíritu tiene que ver con impulsar acciones positivas para acabar con una discriminación histórica-, la ley fue criticada desde el comienzo. De hecho, ha sido la más atacada de la historia: se plantearon cerca de 150 recursos de inconstitucionalidad.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nació como consecuencia del “gran esfuerzo llevado a cabo desde las asociaciones de mujeres para que la sociedad entendiera un fenómeno que estaba ahí, pero no era suficientemente detectado ni comprendido”, dijo Ángeles Álvarez.

La exparlamentaria destacó varios avances –se ha dado la vuelta a los mecanismos de protección, por ejemplo- que se han ido dando gracias a esta norma, que “no es ineficiente”, aunque haya que seguir trabajando, ya que las leyes no modifican comportamientos sociales arcaicos. El objetivo de la ley de violencia aprobada en el 2004 es “liberar a la víctima del vínculo con el violento y de su relación perversa”. La ley se compone de varios parámetros que apuntan a la integralidad: prevención, fin de la impunidad, seguridad, reparación y elementos de evaluación.

“El consenso que hubo en torno a esta ley, estaba roto en 2011”, explicó Álvarez. Entre otros factores, se produjo una merma de fuerzas de seguridad del estado aplicadas a la lucha contra la violencia de género y se rebajó considerablemente la formación de profesionales. Una cuestión que no es baladí. La renuncia de las mujeres a seguir el proceso, tras la denuncia, depende en gran medida del acompañamiento y el trato que reciben. La exparlamentaria argumentó con un ejemplo conocido: en Castilla-La Mancha la atención a las víctimas de violencia machista estuvo en manos del Colegio de Abogados y de Themis, durante el mismo periodo; mientras la primera organización, no especializada, tuvo un 14 por ciento de renuncias (cercano al 9,35 por ciento general de ese momento), la segunda, experta en la materia, logró una cifra de retractaciones de un 3 por ciento.

Resignificar el consentimiento

Ángeles Álvarez puso en valor el trabajo de las organizaciones de mujeres a la hora de identificar los problemas y carencias que aparecen a la hora de aplicar la ley. Algunos de estos reclamos se tuvieron en cuenta en el diseño del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Por ejemplo, el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en los casos en los que el o la menor haya presenciado violencia de género. “Mi gran frustración en el Pacto es que no se incluyera la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres”, aseguró la socialista, que abogó por la “resignificación del consentimiento”, para concluir que “el consentimiento no se puede comprar y la prostitución es la compra del consentimiento”.

Por su parte, Ángela Rodríguez ‘Pam’ se refirió a la necesidad de cuestionar y definir los términos que empleamos y que “nos remiten a ciertos universos culturales y simbólicos”. Abogó por la palabra machismo, una ideología, para nombrar las violencias que se ejercen sobre las mujeres y que “son muchas más que las que se dan en el ámbito de la pareja o expareja”, tal y como recoge el Convenio de Estambul, ratificado por el Estado español, que da un marco de referencia en el cual la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos.

Esta concepción amplia de las violencias machistas trató de incluirse en las 214 medidas del Pacto de Estado, firmado el 29 de septiembre de 2017, fruto de un “clamor social, político y feminista” y que se “dejó cosas en el camino”.

La política destacó la importancia del “movimiento feminista político internacional”. Insistió en comprender que el machismo golpea en las vidas de las mujeres pero que “lo que nos pasa es algo colectivo”. También abogó por la interseccionalidad y por políticas integrales que tengan en cuenta a todas las mujeres. “Para garantizar derechos tiene que haber reconocimiento y redistribución”, afirmó Pam, y defendió no caer en perspectivas victimistas ni punitivistas: “hay que dar la vuelta al concepto de seguridad ciudadana”, que no está relacionada con el aumento de penas.
Por último, Rodríguez dio un toque a quienes acusan de puritarismo a las feministas: “el consentimiento sexual tiene que ver con que las mujeres sean sujetos de derecho” y también interpeló a los hombres.

“Los hechos probados se construyen y son inatacables, en sentencias”

Vicky Rosell Aguilar reiteró lo explicado por sus compañeras de mesa: “la violencia de género no es solo un problema penal. Por supuesto hay que dar una respuesta penal, pero siempre llega tarde”. Y advirtió: “las víctimas de violencia de género no son solo las asesinadas”.

La magistrada sostuvo que “la justicia en la que estamos inmersas es neoliberal, cuando reacciona lo hace con medidas individuales”, pero existe otra justicia “más relacional, que habla de las causas estructurales, de medidas antidiscriminación, de un marco de protección de derechos.”

En ese sentido, animó a las estudiantes (había pocos chicos) a ejercer su profesión con perspectiva de género, a “abrir brechas que defiendan los derechos”, y recordó que “los hechos probados se construyen y son inatacables, en sentencias”.

Foto: AmecoPress
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Estado español – Violencia de género – Movimiento feminista –Legislación y género. 21 nov. 19. AmecoPress.