España no aplica aún de forma efectiva las medidas de protección a víctimas de trata
Madrid, 29 nov (10). AmecoPress. Coincidiendo con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el dos de diciembre, el “Proyecto Esperanza” presenta el informe “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis de casos reales y recomendaciones”.
El objetivo del informe es contribuir a avanzar en la aplicación práctica de las medidas legislativas aprobadas a lo largo del último año, y de esta forma combatir la trata de mujeres a través de la protección de los derechos humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma de esclavitud.
Nuevo marco jurídico
La primera parte del informe se centra en dar a conocer y valorar el contenido de la nuevas medidas adoptadas, especialmente aquellas destinadas a proteger y promover los derechos de las víctimas, en relación con la identificación de casos, la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión, la concesión de permisos de residencia y trabajo por colaboración con las autoridades o por situación personal de la víctima y la compensación.
España fue condenada, en mayo de 2009, por El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por incumplir la obligación de trasponer la Directiva 2004/81 de abril de 2004 que, entre otros derechos, reconoce el período de restablecimiento y reflexión para víctimas de la trata.
En diciembre de 2009, España incorpora este derecho de las víctimas, a través del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, a nuestra legislación. Un año después de la aprobación de la Ley de Extranjería persisten dificultades en la práctica para la identificación de las víctimas de trata y la aplicación efectiva de su derecho a un período de restablecimiento y reflexión.
Siete años después de la entrada en vigor del Protocolo de Palermo, en nuestro ordenamiento jurídico, el 23 de diciembre de 2010 entrará en vigor la reforma del Código Penal que tipifica finalmente de forma correcta el delito de trata en España.
El trabajo identifica y analiza las dificultades que están existiendo en la práctica para su implementación efectiva, tomando como base casos reales que se han atendido desde el Proyecto Esperanza.
Testimonios
Experiencias como la sufrida por Grace, embarazada de tres meses, es deportada a Nigeria al no considerar las autoridades que existían “motivos razonables” para creer que podía ser víctima de trata, en contra del criterio de las ONGs especializadas y del Defensor del Pueblo, ilustran la situación que están viviendo muchas mujeres en nuestro país.
Algunas de ellas, después de denunciar y colaborar con las autoridades, siguen sin permiso de residencia y trabajo. Es el caso de María, siete meses después de la denuncia y a pesar de que el fiscal del caso acredita la relevancia de su colaboración o el de Sofía, que recibió una indemnización incompleta y por una cantidad ridícula, seis años después de la denuncia.
El informe incluye también ejemplos de derecho comparado y aporta ejemplos y buenas prácticas basadas en la experiencia consolidada de otros países como Noruega, Italia, y EE.UU.
Por último, el trabajo de Proyecto Esperanza propone una serie de recomendaciones que “ayuden a pasar del discurso a los hechos”, del papel a la práctica y evitar que estos avances queden en “papel mojado”.
Recomendaciones
La organización propone que tras identificar a la víctima, se actúe con diligencia ante meros indicios de un caso de Trata, ya que es un proceso que lleva tiempo y exige la coordinación entre autoridades e instituciones públicas y ONG´s.
Insiste en que las mujeres víctimas de Trata necesitan que se respete el periodo de Restablecimiento y Reflexión. Para su concesión, se debe reconocer un papel activo a las ONG´s y tener en cuenta una valoración personalizada para cada caso. Así mismo, debe garantizarse la autorización de estancia temporal, medidas de protección y asistencia establecidas y autorización de residencia y trabajo.
El informe recomienda “garantizar la concesión ágil del permiso de residencia por colaboración, valorando el mero intento de colaborar de las víctimas, sin exigirles unos resultados, de la investigación policial o judicial, que no dependen de ella”.
Las recomendaciones recogen diversas garantías para las víctimas de trata: concesión de permisos por situación personal (salud, situación familiar, riesgo, etc.) valorando caso a caso; derecho a solicitar y disfrutar del derecho de asilo; compensación y el acceso efectivo al derecho a compensación de las víctimas.
El Proyecto Esperanza cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que trabaja, desde 1999, proporcionando apoyo integral a mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación en nuestro país, habiendo proporcionado ayuda a más de 570 mujeres.
Fotos: archivo AmecoPress
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Estado español – violencia de género – violencia sexual – Derechos humanos – Legislación y género- trata - mujeres inmigrantes; 29 noviembre (10), AmecoPress