El poder judicial español está en manos masculinas
El 46% de las personas juezas y magistradas en España son mujeres, pero en el Tribunal Supremo sólo hay 3, frente a 93 hombres
No hay paridad entre el número de mujeres y hombres en los altos cargos gubernativos de la Judicatura española: De los 93 componentes del máximo órgano jurisdiccional, Tribunal Supremo (TS), tres son mujeres; en las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) hay sólo una mujer (6%), y en las 52 Audiencias Provinciales sólo hay cuatro presidentas.
Los datos han sido aportados hoy por Montserrat Comas, una de las dos mujeres vocales del CGPJ, organismo donde el número de vocales hombres es de 18. Para ella, la conclusión es clara: “La toma de decisiones en los cargos gubernativos de la judicatura española está mayoritariamente en manos de los hombres”.
En España hay 2.027 mujeres, entre juezas y magistradas, que suponen el 46% del total, 4.440 personas, entre las que hay 2.413 hombres (54%). En la categoría de la magistratura el número de mujeres es de 1.621 y el de hombres de 2.127, mientras que el número de juezas (400) supera con creces al de jueces (212).
Las cifras reflejan, a juicio de Montserrat Comas, que la incorporación femenina a la carrera judicial es “un hecho irreversible”, afirmación que refuerzan los datos de las últimas promociones, en las que el porcentaje de mujeres superó el 60%. La vocal del CGPJ recordó que la profesión de jueza estuvo prohibida en España hasta el año 1966 y que la primera mujer que vistió una toga lo hizo en 1977.
Para corregir estas desigualdades en los órganos de decisión judiciales, el CGPJ creó hace dos años la Comisión para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la Judicatura, con el objetivo de diseñar políticas que impulsaran el equilibrio de género en los puestos de decisión. De forma paralela, este organismo ha adoptado otras medidas para impulsar la presencia femenina en los altos cargos y para eliminar el lenguaje sexista de los textos administrativos, con el fin de visibilizar a las mujeres.
Una de las causas de la ausencia de mujeres en la toma de decisiones es, según Comas, las dificultades para conciliar la vida profesional y familiar, pues las juezas no son ajenas a la realidad de la sociedad, en la que son las mujeres quienes afrontan las tareas del hogar. De hecho, en una encuesta realizada por el propio CGPJ, el 64% declararon que su “rol” como mujeres les afectaba en su actividad profesional, al recaer en ellas la responsabilidad principal de las labores domésticas.
Ley de Igualdad
Montserrat Comas declaró que la aprobación del Plan Concilia y la Ley de Igualdad contribuyen a corregir las desigualdades de género en las altas instancias del poder judicial, al encomendar a la Administración de Justicia que adapte su regulación a las medidas de conciliación que propicia a través de la ampliación de los permisos maternales y paternales.
La magistrada reconoció que todavía no han iniciado los trámites para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial debido a la “crítica” situación que atraviesa el CGPJ, que se encuentra en funciones y pendiente de renovación desde hace un año.
“Bienvenida sea la Ley de Igualdad por los objetivos que pretende, por los cambios que se introducen”, agregó, y porque “el derecho siempre es un motor de cambio en la sociedad que a veces incorpora cambios muy lentos pero finalmente estables, por eso creo que la ley y sus objetivos ya no tienen marcha atrás”.
Montserrat Comas hizo estas declaraciones en el desarrollo de la Jornada ‘El principio de Igualdad entre hombres y mujeres en la carrera judicial’ celebrada hoy en Madrid y en la que también intervino la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, que explicó las motivaciones de la Ley de Igualdad y las dificultades de su aprobación.
Murillo aseguró que uno de los grandes obstáculos surgidos en “el diálogo social” creado para debatir el contenido de la Ley con el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, fue el choque del mundo empresarial a la ampliación del permiso paternal, que les parecía “un exabrupto” porque lo entendían como la puesta en circulación de una propuesta “galante pero carente de consistencia”, mientras que la maternidad se consideraba un tema privado y no suponía un problema para el diálogo.
En 2006 había 5.600 padres y en la actualidad son 107.000 los que han solicitado el permiso paternal, con un 30% de la función pública y el resto de la empresa privada, es decir, “la realidad nos ha situado en un lugar en la que recuperamos la autoridad en base a los datos”.
La secretaria de Políticas de Igualdad coincidió con Montserrat Comas al afirmar que las mujeres deberían ser elegidas para ostentar un cargo en base a sus méritos curriculares y no a su potencial situación de ser madre.
En este sentido abogó por la “corresponsabilidad” en las tareas domésticas y subrayó que las medidas que recoge la Ley de Igualdad no son “de género”, ni de mujeres, porque no son acciones positivas para mejorar la situación de las mujeres, puesto que no constituyen un colectivo minoritario sino que organiza el sistema económico y social para que represente a toda la ciudadanía y, por tanto, mejore la democracia.
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Fotos: AmecoPress. Pies de foto: Monsterrat Comas y Soledad Murillo, secretaria de Políticas de Igualdad (dcha) en la Jornada ‘El principio de Igualdad entre hombres y mujeres en la carrera judicial’.
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Estado Español-liderazgo; 15 noviembre (07) AmecoPress