El Gobierno dispone la reforma de la ley del Aborto
Madrid, 12 jun. 14. AmecoPress. Durante la campaña electoral de las europeas, el Gobierno congeló la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada e hizo que varios organismos asumieran la postergación de sus informes. Pero ahora vuelve a avanzar. Ayer Mato despejó el camino consiguiendo que el Consejo Interterritorial de Salud emitiera un informe jurídico de mínimos. Mañana el CGPJ presenta el suyo.
Gallardón pisa ahora el acelerador. Para pasar a las Cortes, el proyecto de ley del aborto debe volver al Consejo de Ministros tras haber recibido una treintena de informes preceptivos. Y aunque el Gobierno intenta que las valoraciones de los órganos consultados avalen su retrógrada propuesta de prohibir el derecho a la interrupción del embarazo, obviamente hay voces en contra.
En todo caso, Ana Mato consiguió ayer una victoria al lograr que el Consejo Interterritorial de Salud aprobara el informe sobre la reforma del aborto que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sin entrar en el meollo de la norma y sin posibilidad de que se pudiera desarrollar una completa discusión sobre un tema en el que el sector sanitario deberían tener mucho que decir. Mato puso este tema sobre la mesa en un consejo que llevaba seis meses sin reunirse.
Tras el encuentro celebrado en Toledo, la ministra explicó en rueda de prensa que se trata "simplemente de una valoración sobre el impacto que tiene el anteproyecto" en el SNS "sin entrar en el fondo de la cuestión", pues "el debate político se realizará en otros órganos diferentes". El informe, que remitirán al Ministerio de Justicia, no ha recibido el apoyo de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias.
La ministra destacó que el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada mejora el marco legal que regula la objeción de conciencia de los y las profesionales y refuerza la información a la paciente. Según ella el informe aprobado este miércoles recoge "simplemente los cambios" que el anteproyecto de ley supone al SNS, por lo que en la reunión se ha constatado que "se cumplen todos los requisitos y que no tiene impacto negativo" en el sistema nacional de salud, y también se ha resaltado que "se dan mayores garantías jurídicas en cuanto a la objeción de conciencia" de los y las profesionales. Además, el informe señala que con el anteproyecto de ley se mejora "todo lo relacionado con la información clínica y de métodos anticonceptivos".
Otro de los informes que Gallardón ha obtenido recientemente en relación a su propuesta de cambio de la actual normativa que regula el aborto en España, ha sido el emitido por un Consejo Fiscal “dividido”. Con 8 votos a favor y 4 en contra, el Consejo daba luz verde a la ley que propone multar a las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de los supuestos permitidos en el anteproyecto. Así que de momento, Gallardón cuenta con un nuevo informe que avala el grueso de los artículos del proyecto y aplaude que la vida del nasciturus sea equiparada en protección jurídica a la de las mujeres en la mayoría de los supuestos: señalan que el aborto no es un derecho de las mujeres, y que la vida del nasciturus no es "un bien a su libre disposición".
No hay que obviar que tres de los 12 representantes del Consejo Fiscal —Eduardo Esteban, Sofía Puente y Fernando Rodríguez Rey—, miembros de la Unión Progresista de Fiscales, han presentado un voto particular discrepante al informe de ese órgano, en el que rechazan de plano el anteproyecto de ley del aborto del Gobierno. Los progresistas defienden que antes de abordar “una reforma de este calado”, se tendría que “haber permitido que el Tribunal Constitucional se pronunciara” sobre la ley de plazos vigente. Se habría dado así oportunidad, argumentan, a que “se actualizara una doctrina constitucional que data ya de hace casi 30 años y que viene referida a un sistema de indicaciones y no a uno mixto de indicaciones y plazos como el que ahora se halla en vigor y se pretende modificar”. El voto particular cita tres sentencias para defender que la ley vigente de plazos se adecua a la Constitución.
Otro de los informes principales que espera el ejecutivo es el del Consejo General del Poder Judicial, que será debatido en un pleno extraordinario del próximo 13 de junio. Hasta ahora, las vocales encargadas de elaborar el texto, una conservadora y otra progresista, aunque proponen cambios a la normativa del ministro de Justicia, no se han puesto de acuerdo. Parece que mañana finalmente emitirán una propuesta común.
Aunque faltan aún informes y recomendaciones, Gallardón y su ley cabalgan hacia las cortes, en las que todavía el PP tiene mayoría absoluta.
Foto: Archivo AmecoPress
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Política – Política y género – Legislación y género – Aborto; 12 junio. 14. AmecoPress