El Defensor del Pueblo recibe a Ángela González Carreño

Madrid, 07 septiembre 2017, Amecopress. Han pasado más de 14 años desde que Ángela González iniciara su batalla judicial para lograr que el Estado español reconozca su responsabilidad en las negligencias que llevaron a que su hija Andrea, de 7 años, fuera asesinada por su ex marido durante un régimen de visitas sin supervisión autorizado por un juzgado. Hoy Ángela será recibida por Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, en un acto de reconocimiento y apoyo a su larga lucha.

“Agradezco al Defensor del Pueblo que me reciba porque supone para mí un mensaje de apoyo para seguir exigiendo justicia. No puedo decir lo mismo del gobierno, de quien aún no he obtenido ni siquiera una disculpa por el asesinato de mi hija. Pero seguiré en la lucha, por mí y por todas las mujeres que se enfrentan ahora a la situación que yo viví”, explica Ángela González.

En 2012 la organización Women’s Link Worldwide llevó el caso de Ángela ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2014 este Comité condenó al Estado español por no haber protegido a Ángela y a su hija y dictó una serie de medidas que debía implementar para mejorar la protección de las mujeres y sus hijos e hijas frente a la violencia de género. A día de hoy no han sido implementadas, ya que el Estado considera que los dictámenes de la ONU no son de obligado cumplimiento.

“Si el Estado no cumple con lo que le pide la ONU, con quien ha firmado y ratificado tratados internacionales, ¿cómo podemos creer que está escuchando las voces de las madres que temen por sus vidas y por las vidas de sus hijos e hijas?”, lamenta Ángela.

Según datos oficiales, desde 2014, año en el que se pronunció el Comité CEDAW, 15 niños y niñas han sido asesinados por maltratadores. En lo que va de año, han sido asesinados 6 menores.

“El gobierno ya le ha respondido a Ángela y le ha dicho que no tiene intención de cumplir con el Dictamen porque las decisiones de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para España. Ni siquiera se ha dignado a dirigirle una disculpa pública ni quiere investigar qué fue lo que falló en el sistema de protección para que después de decenas de denuncias su hija fuera asesinada”, concluye Gema Fernández, abogada de Women’s Link.

En la actualidad, el caso de Ángela se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

Se puede ver el testimonio de Ángela en este vídeo (créditos: Women’s Link Worldwide)
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Breve resumen del caso Ángela

Ángela González es una sobreviviente de violencia de género. Decidida a acabar con esa violencia, en 1999 huyó de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denunció el maltrato que sufrían y solicitó la separación del agresor. El maltrato continuó después del divorcio, a través de su hija Andrea. A pesar de las decenas de denuncias interpuestas por Ángela, los estereotipos de género que persisten en el sistema de justicia impidieron que se protegiera de manera adecuada a ella y a su hija Andrea, que terminó siendo asesinada por el agresor durante un régimen de visitas no supervisado en el año 2003. Tenía sólo 7 años.

Desde entonces Ángela ha pleiteado de forma continua en los tribunales españoles en busca de justicia. No la ha obtenido. A día de hoy el Estado español no ha reconocido qué falló en su obligación de proteger la vida e integridad de su hija y la de Ángela.

En 2012, Women’s Link llevó el caso ante el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2014, este Comité condenó a España por no haber protegido a Ángela y a su hija y dictó una serie de medidas que el Estado español debía implementar para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas de la violencia de género.

A día de hoy no han sido implementadas, ya que el Gobierno español alega que los dictámenes de la ONU no son de obligado cumplimiento. Desde 2014, otros 15 niños y niñas han sido asesinados por maltratadores. Si se hubieran aplicado estas medidas, se podría haber mejorado la protección de las mujeres y sus hijos e hijas frente a la violencia de género.

En la actualidad, el caso de Ángela se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

Cronología

• 3 de septiembre de 1999: Ángela González huye de la casa familiar junto a su hija Andrea de 3 años para protegerla de la terrible violencia que su marido ejerce sobre ella y sobre su hija.
• Entre 1999 y 2002, Ángela consigue que las visitas de su hija Andrea con su padre maltratador sean siempre supervisadas, ya que teme que este pueda hacer daño a su hija.
• 6 de mayo de 2002: a pesar de llevar dos años y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso por parte de su ex marido (insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la niña, golpes), una jueza del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Navalcarnero decide que no existen razones para que el padre no esté a solas con su hija. Ángela recurre la decisión.
• 17 de junio de 2002: el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Navalcarnero desestima el recurso de Ángela y autoriza las visitas sin supervisión. Establecen que el punto de recogida y entrega de la menor sea en los Servicios Sociales.
• 8 de enero de 2003: Ángela presenta ante el juzgado un escrito en el que ruega que escuchen a la niña, que no quiere estar con su padre. Ese mismo día, los Servicios Sociales presentan un informe en el que advierten de que él está usando a la niña para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que confunden a Andrea.
• 11 de abril de 2003: la trabajadora social que está presente cuando el agresor recoge a la niña advierte de que él la está utilizando para agredir a Ángela, e insiste en que la niña no quiere estar con su padre, que se siente “incómoda y confusa”.
• 24 de abril de 2003: el ex marido de Ángela asesina a su hija Andrea durante una de las visitas no supervisadas y después se suicida. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre.
• 2 de enero de 2004: el Juzgado de Instrucción Número 3 de Navalcarnero declara “extinguida la responsabilidad penal” en el asesinato de Andrea Rascón. Ángela recurre la decisión, sin éxito.
• 23 de abril de 2004: Ángela inicia su lucha contra la Administración pública española, que llega hasta hoy sin haber conseguido resultados. Defiende que la Administración de Justicia y los Servicios Sociales españoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea y que el Estado primó el derecho de su ex marido a tener una relación con su hija, en lugar de velar por el interés superior de su hija.
• 3 de noviembre de 2005: el Ministerio de Justicia desestima su reclamación, alegando que la vía judicial elegida era errónea. Ángela recurre, nuevamente sin éxito. A este rechazo le siguen el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que además le obligó a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmitió la demanda.
• Septiembre de 2012: agotadas todas las vías en España, Ángela y la organización internacional Women’s Link presentan el caso ante el Comité CEDAW de la ONU.
• Julio de 2014: el Comité CEDAW emite un dictamen en el que afirma que el
Estado español vulneró los derechos de Ángela y de su hija y realiza una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. A día de hoy, Estado español no ha acatado la condena de la ONU por no considerarla vinculante.
• 2016: la Audiencia Nacional sigue insistiendo en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española fueron correctas.
• 2017: el caso de Ángela se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

Fotos archivo AmecoPress

Estado español – Violencia de género – Infancia; 07 de septiembre. 17. AmecoPress