El Congreso revisa la ley de violencia de género en busca de un pacto de Estado

Madrid, 16 feb. 17. Amecopress. Hace tres meses, y después de presiones del movimiento feminista, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión de violencia machista que ayer comenzó a acoger las primeras comparecencias. El objetivo es analizar las carencias del sistema de sensibilización y protección que impiden que erradicar la violencia de género, y realizar propuestas, con el pacto de Estado en el horizonte.

Una de las limitaciones de la actual ley integral de 2004 es que solo contempla como violencia de género aquellas agresiones que se producen en el ámbito de la pareja o expareja. Expertas y activistas han señalado reiteradamente la necesidad de ampliar el concepto de violencia machista y realizar los cambios legislativos necesarios. En definitiva, aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la ONU, incorporando a la legislación conductas de violencia sobre las mujeres como la violencia sexual, los matrimonios forzosos, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, la esterilización forzosa y el acoso sexual.

Por ello, la subcomisión se articulará en torno a diez temas que han sido consensuados por los diferentes grupos con la premisa de tratar todas las formas de violencia machista: violencia de género en sentido general, violencia sexual, migrantes, discapacidad y menores, violencia contra los hijos e hijas de mujeres víctimas, trata y asilo, prostitución, nuevas formas de violencia y redes sociales, medios de comunicación y violencia de género contra mujeres LGTBI.

La subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Igualdad, ha programado tres sesiones de comparecencias para los días 15, 22 y 23 de febrero. Este miércoles la primera fue Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en estos días adelantó una de sus recomendaciones que las víctimas de violencia de género cuenten con asistencia letrada antes de denunciar.

En su intervención, Ángeles Carmona ha propuesto varias reformas legales al objeto de posibilitar una mejor respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres. Así, ha señalado la necesidad de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de suprimir la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando sean denunciantes o estén personadas en la causa para ejercer la acusación particular.

La presidenta del Observatorio ha indicado que un elevado número de mujeres se acoge en la actualidad a esta dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o compañeros, bien en fase de instrucción, pudiendo dar lugar al archivo del procedimiento o bien en el juicio oral, con el resultado, en ocasiones, de una sentencia absolutoria, si no existen más testigos de los hechos, pudiendo trasladarse una imagen de impunidad.

Por otra parte, y en referencia a posible reformas en el Código Penal, la presidenta del Observatorio ha incidido en la conveniencia de abordar la supresión de la atenuante de confesión en delitos con resultado de muerte en violencia de género cuando la ejecución del hecho o las circunstancias que lo rodean permitan sin dificultad atribuir la autoría al varón de la pareja sentimental, haciendo inoperante, por tanto, la motivación que justifica la apreciación de dicha atenuante. En el mismo sentido se ha mostrado partidaria de la supresión de la atenuante de reparación del daño ocasionado a la víctima, ya que esta actuación debe ser una obligación del condenado y no una forma de atenuar su responsabilidad penal.

Carmona ha dedicado parte de su intervención a la tipificación de delitos de ciberdelincuencia de género, cada día más extendida, especialmente en la población más joven, y que “a veces no recibe una respuesta contundente por parte de la Administración de justicia debido a la falta de regulación legal”.

Por último, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha trasladado a la subcomisión parlamentaria algunas propuestas de medidas para mejorar la respuesta institucional de la Administración de Justicia frente a la violencia contra las mujeres.

También han comparecido en la Subcomisión la Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres, y la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández.

El número de comparecientes que ha propuesto cada formación depende de su representación en el Parlamento. El PP ha convocado a 23, el PSOE a 14, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a 11, Ciudadanos a 5, el Grupo Mixto a 3 y Esquerra Republicana y el PNV 2 cada uno. En total serán escuchadas 60 intervenciones, entre las que se encuentran portavoces institucionales y políticas, representantes de organizaciones sociales, juristas y expertas universitarias.

En lo que llevamos de 2017 diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Foto archivo AmecoPress