El 60% de las mujeres detenidas en Argentina no tiene condena

En los últimos 15 años la población carcelaria femenina creció aproximadamente un 240%, contra un 145 de crecimiento de la población carcelaria masculina: el 60% se encuentra detenida en prisión preventiva y el 68% está presa por delitos no violentos. Éstas son algunas de las conclusiones del trabajo ’’Mujeres presas. La situación de las mujeres embarazadas o con hijos/as menores de edad. Limitaciones al encarcelamiento’’ elaborado en forma conjunta por la Defensoría General de la Nación y UNICEF en Argentina.

Durante las primeras Jornadas Nacionales ’’Los derechos de las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos menores de edad: Hacia la consolidación jurisprudencial y normativa de estándares de derechos humanos’’, organizadas en forma conjunta por la Defensoría General de la Nación y UNICEF.

El objetivo del encuentro fue promover un mayor conocimiento de los estándares de derechos humanos aplicables a fin de generar una mayor utilización del arresto domiciliario y de otras medidas alternativas para la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad, de sus hijas o hijos y de su grupo familiar.

En los últimos 15 años la población carcelaria femenina creció aproximadamente un 240%, contra un 145% de crecimiento de la población carcelaria masculina. Sólo en los establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal, hoy hay 1019 mujeres presas; 18 de ellas están embarazadas y 80 permanecen encerradas junto a sus hijas o hijos menores de cuatro años. En el ámbito federal, son 86 niñas y niños los que viven en las cárceles. En la provincia de Buenos Aires la población penitenciaria femenina es de 933 y se desconoce la cantidad total de niños que habitan en cárceles provinciales.

En las cárceles federales el 60% del total de mujeres detenidas se encuentra detenida en prisión preventiva, sin condena. La inmensa mayoría de la población penitenciaria femenina en el ámbito federal está detenida por delitos no violentos. Por ejemplo, el 68% de los casos es por infracción a la Ley de Estupefacientes, es decir, cuando las mujeres se convierten en las denominadas ’’mulas’’. Por otro lado, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de las 933 mujeres presas, el 80 % de ellas se encuentran detenidas sin sentencia firme.

Consecuencias directas

El encierro de las mujeres tiene un impacto diferenciado y directo no sólo sobre ellas, sino también sobre su grupo familiar, y en particular, sobre las hijas o hijos menores de edad a su cargo.

Las deterioradas condiciones de las cárceles y el nivel de ansiedad y angustia que provoca el encierro pueden afectar la salud física y emocional de las mujeres embarazadas y de las niñas y niños. Las niñas y niños que viven junto a sus madres en los establecimientos penitenciarios pueden mantener el vínculo maternal pero a costo de vivir en un ámbito carcelario y de interrumpir la convivencia o el contacto cotidiano con el resto del grupo familiar. Además, cuando cumplen los 4 años deben abandonar la cárcel y, si no hay ningún familiar o persona de confianza que pueda asumir su cuidado, son derivados a familias sustitutas.

Las hijas o hijos que no permanecen junto a su madre en la cárcel también sufren consecuencias negativas. Diversos estudios han señalado que las hijas e hijos de mujeres reclusas experimentan una gran cantidad de problemas psicosociales: depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento, regresión, problemas de alimentación, entre otros.

El octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente resolvió que los Estados deben hacer un esfuerzo especial para evitar que se extienda el uso del encarcelamiento como sanción para mujeres embarazadas o madres de bebés o de niños pequeños. Sin embargo estas cuestiones no son consideradas a la hora de establecer una medida de privación de la libertad de una mujer embarazada o a cargo de hijas o hijos menores de edad.

La Ley

En noviembre de 2007 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para establecer el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas y que tuvieran hijas o hijos menores de 5 años a su cargo, entre otros supuestos. En diciembre, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió un dictamen favorable para la sanción definitiva de la iniciativa, pero el proyecto no fue tratado en el recinto. Este año, la misma Comisión firmó nuevamente el dictamen pero el proyecto sigue sin ser tratado por el pleno del Senado.

Internacional-Derechos Humanos; 30 octubre (08) AmecoPress/Artemisa