‘DesTieRRRadas’ se encargará de visibilizar la violencia de género que sufren las defensoras ambientales y lograr garantizar su protección
Madrid, 20 junio. 19. AmecoPress. - Alianza por la Solidaridad lanza hoy la campaña “DesTieRRRadas” con el objetivo de lograr, de aquí a tres años, importantes cambios en la legislación y las políticas, a nivel nacional e internacional, en lo referente a la protección de las mujeres defensoras, una protección que debe tener en cuenta la violencia específica que sufren por ser mujeres. La campaña se fundamenta en el informe realizado en Centroamérica (El Salvador y Guatemala) por la organización que visibiliza las vulneraciones de derechos y agresiones que sufren las defensoras de derechos ambientales en conflictos generados por proyectos empresariales.
A la presentación en Madrid, han asistido dos de las protagonistas de la campaña: Ana Rutilia, catedrática y candidata a diputada en Guatemala, y Sonia Sánchez, que lidera el Movimiento de mujeres de Santo Tomás desde El Salvador y la lucha contra la multinacional Inversiones Robles. También ha estado presente la autora del informe, la periodista Rosa M. Tristán, la directora de Alianza por la Solidaridad, Ana Rosa Alcalde, y la responsable de la campaña DesTieRRRadas, Almudena Moreno.
La campaña quiere visibilizar el protagonismo de las mujeres en la defensa de los bienes naturales, como su lucha queda invisibilizada por la discriminación de género, generando una violencia específica que requiere también una protección específica. Forma parte de otra campaña más general, “TieRRRA”, que aboga por las inversiones responsables por parte de las empresas transnacionales cuando trabajan en territorios con poblaciones que pueden ver afectados sus derechos.
La investigación, basada en 18 entrevistas realizadas a mujeres que lideran la defensa de ríos, bosques, acuíferos, reservas naturales o montes contra inversiones hidroeléctricas, de minas o de urbanizaciones, pone de manifiesto los diversos impactos que sufren en sus vidas, a los que se quiere poner fin con esta campaña, que durará tres años. Varias de las entrevistadas han sufrido amenazas o han sido vigiladas y/o agredidas por las fuerzas de seguridad, mientras afirman que no reciben ninguna protección especial.
“Nos sentimos con responsabilidad de cuidar la tierra y el agua para ellos”
La mayoría son amas de casa y campesinas, con numerosas cargas familiares, que se ven impedidas a participar en las luchas al ver los impactos que están afectando a su entorno y, por tanto, al futuro de sus hijos e hijas. “Nos sentimos con responsabilidad de cuidar la tierra y el agua para ellos”, señalan en las entrevistas. Lo hacen pese a que el activismo no es bien acogido ni en sus familias ni en sus comunidades ni en los propios movimientos de resistencia y organizaciones, entre las que sienten que su voz no es tan valorada como la de los hombres.
Las defensoras sufren campañas públicas de desprestigio social con un marcado sesgo de género. En estas campañas se realizan ataques directos a su dignidad personal, se las llaman ‘prostitutas’ les dicen que “destrozan familias’, que ‘son provocativas en su forma de vestir’ y también reciben acoso sexual por parte de sus compañeros.
Las califican de malas madres y malas esposas por dejar a sus familias sin atender al estar en los movimientos de resistencia. Sin embargo, todas compaginan ambas actividades. Toda las entrevistadas con familia aluden a las dificultades de estar en la lucha y atender a la vez sus hogares. A nivel laboral, muchas pierden sus empleos o reciben ‘vetos’ para encontrar trabajo por revoltosas, lo que supone un alto coste para la economía familiar.
Entre los objetivos que tiene la campaña destacan los cambios en la legislación y políticas nacionales e internacionales para promover las inversiones responsables y el respeto de los derechos humanos de las empresas. Otra de las metas sería el aumento de la protección de los derechos humanos de las personas que defienden derechos, específicamente de las mujeres defensoras teniendo en cuenta la violencia específica que sufren. También abogan por la revisión de las normas existentes de las empresas que no cumplen las directrices de la OCDE y por la concienciación social para apoyar la defensa de los derechos de las defensoras.
Foto: Archivo AmecoPress.
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