Denuncia del silencio y aplazamiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Madrid, 11 julio. 17. Amecopress. El 7 de noviembre de 2015, el movimiento feminista salió a las calles de Madrid a pedir que la violencia de género fuera convertida en una cuestión de Estado, una acción que se volvió a repetir en noviembre de 2016. Una semana más tarde, el 15 de noviembre, el pleno del Congreso de Diputados acordó crear la Subcomisión Parlamentaria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, la Plataforma 7N denuncia “el silencio y aplazamiento” del objetivo de dicha comisión.
Mujeres feministas y organizaciones que forman parte de la plataforma se han dirigido en una carta a las integrantes de la Subcomisión Parlamentaria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a los medios de comunicación y toda la sociedad, para mostrar su desacuerdo con que la Subcomisión parlamentaria, que debía presentar sus propuestas a finales de mayo, que acordó darse dos prórrogas -primero hasta el 16 de junio y luego hasta el 30 de junio-, haya acordado una tercera prórroga hasta finales de julio para poder seguir negociando el documento.
“Retrasar al final de julio o agosto las propuestas de medidas contra las violencias machistas de la Subcomisión es debilitarlas, por ser un periodo de vacaciones parlamentarias -por el artículo 73 de la Constitución- y de desmovilización social”, argumenta el texto. Mientras se pospone la mejora de la acción de los poderes públicos, “decenas de mujeres han sido asesinadas, y el verano no nos dará tregua”.
El retraso de las medidas “dificulta su imprescindible respaldo presupuestario”, pues el Gobierno está elaborando ya, y ha de presentar en septiembre -por el art. 134 de la Constitución-, el Proyecto de Presupuestos para 2018, ante el que la Plataforma reitera la reivindicación de las manifestaciones feministas del 25 de mayo y los encierros y concentraciones de la alerta feminista del 19 de junio de 2017: sin presupuestos ni participación, las violencias machistas no son Cuestión de Estado. El Programa 232C de los Presupuestos del Estado debe aumentar al menos en 120 millones su dotación de 31,7 millones de euros.
“El silencio es cómplice de la violencia”, sentencia el comunicado. Las organizaciones denuncian el ‘pacto de silencio’ entre los siete grupos parlamentarios “en aras de alcanzar un acuerdo”, convirtiendo esta subcomisión en una de las más opacas del Congreso. El secretismo y los pactos de despacho entre las élites son la gran diferencia entre un ‘Pacto de Estado’ y una ‘Cuestión de Estado’ abierta a la participación del Movimiento Feminista y la sociedad civil para sumar fuerzas, y un ‘pacto de silencio’ es impropio del Parlamento como institución transparente y de democracia representativa de la sociedad.
“La responsabilidad de esta situación es mayor por parte del Grupo parlamentario del PP, por presentar un documento base inútil, y del Gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de articular acuerdos con los gobiernos autonómicos en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 30.06.17, mientras les reparte fondos insuficientes para la asistencia sicológica, jurídica y social a las víctimas en los Ayuntamientos que establece el art. 19 de la Ley 1/2004, y nulos para la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, además de marginar totalmente a las organizaciones de mujeres”, explica la denuncia.
Reivindicaciones y propuestas
Así, las organizaciones feministas explican que no es su función hacer el trabajo del parlamento y de los poderes públicos en general, pero sí hacer seguimiento, reivindicaciones y propuestas, que reiteran resumidamente:
– Participación de las organizaciones feministas ante la evaluación de las políticas públicas contra la VG por un Comité de expertas independientes, similar al CEDAW y el GREVIO.
– Partidas presupuestarias suficientes y ejecutadas.
– Prevención y atención de la Violencia sexual como violencia de género (C. Estambul)
– Despatriarcalizar la Justicia, que desoye a las víctimas y sobresee el 40% de las denuncias por violencia de género.
– No a la custodia compartida judicialmente impuesta.
– Que las 20.280 plazas de personal al servicio de la Administración, aprobadas por el Consejo de Ministros el 7 de julio, incluyan la reposición de plazas del Instituto de la Mujer y las necesarias para cumplir la Ley O. 1/2004 contra la Violencia de Género, incluyendo su artículo 19 de atención social, jurídica y sicológica.
“Nos solidarizamos con las acciones feministas contra las agresiones sexuales en los sanfermines, las fiestas de Zarautz y otras. Estaremos en el verano alerta, unidas y movilizadas contra la violencia social e institucional”, concluye el escrito.
Fotos archivo AmecoPress
Comunicación – Política – Política y género – Feminismo – Movimiento feminista – Violencia de género; 11 de julio. 17. AmecoPress