Centros de Protección: infancia y adolescencia sin derechos humanos

Madrid, 15 sep (10). AmecoPress El sistema que vulnera los derechos humanos de personas menores de edad ingresadas en Centros de Protección Terapéuticos en España está intacto nueve meses después de las denuncias de Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo y, pese a algunas mejoras puntuales, sigue habiendo serios motivos de preocupación.

Esta es la principal conclusión del Informe de Amnistía Internacional “Si vuelvo, me mato II”, que recoge la respuesta de las autoridades estatales y autonómicas desde la primera investigación de la organización sobre este tema en diciembre de 2009, así como los incumplimientos internacionales y estatales de España en materia de legislación.

“Los y las menores son personas con derechos y pese a ello las autoridades han rechazado o minimizado las denuncias sobre las vulneraciones que sufren. Han justificado la ausencia de investigaciones reales de las denuncias y consideran a los menores ingresados en estos Centros como un problema creciente o incluso como una amenaza emergente para la convivencia familiar y social. Invisibles, sin voz y sin garantías, los derechos de los menores están sometidos a un régimen de excepción y arbitrariedad”, asegura Esteban Beltrán, directora de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional denuncia la falta de información, de datos actualizados y públicos, (los últimos son de 2006), e indicadores comparables en todo el Estado sobre la situación de las personas menores de edad ingresadas en los Centros de Protección Terapéuticos. Los ingresos se llevan a cabo sin supervisión judicial y bajo criterios dispares según la Comunidad Autónoma en que suceda.

Las autoridades estatales y autonómicas “han mostrado más preocupación por su propia imagen que por una revisión seria de su normativa, políticas y acciones institucionales”, dice AI, asegurando que “en sus intervenciones y declaraciones públicas, algunas autoridades autonómicas han llegado a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social”.

En junio de este año se llevó a cabo la reforma del Código Penal. A pesar de la recomendación de Amnistía Internacional para que en el proceso de reforma se ajustara la legislación interna a la definición de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, finalmente el Parlamento aprobó el proyecto de ley sin abordar esta cuestión, sobre la cual la organización había hecho notar que podía tener consecuencias, entre otros, sobre las y los menores en Centros de Protección Terapéuticos.

La organización, aunque valora la disposición mostrada por el Ministerio Fiscal en las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, considera que, por un lado, las funciones de inspección en los Centros de Protección Terapéuticos no se han desarrollado con la frecuencia prevista y no tienen características similares para garantizar la debida diligencia en la protección de los derechos de personas menores de edad.

Además, “las inquietudes expresadas por los fiscales de menores ante las autoridades correspondientes no han tenido una respuesta inmediata para modificar la situación”.

Examen ante la ONU: una oportunidad para cambiar la situación

El Estado español se examina hoy ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y debe aportar información sobre cuestiones que han motivado preocupación como es la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en los Centros de Protección Terapéuticos. Esta es, por tanto, una buena oportunidad para priorizar este asunto y dedicar los esfuerzos necesarios para mejorar la situación de los y las menores.

Ley que proteja los derechos de las personas menores de edad

Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades para que asuman su responsabilidad con respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes y para que desarrollen una ley estatal que proteja sus derechos.

Según la organización, esta ley tiene que cubrir varios aspectos. Por un lado, garantizar derechos y garantías a favor de niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta o en situación de dificultad social, estén o no institucionalizados, a través de legislación estatal exigible en todo el territorio de España.

Además, asegurar que todo el sistema de protección toma como guía las normas internacionales y aplica las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de menores.

Así mismo, la ley deberá ejercer las funciones de inspección con la debida diligencia y cumplir con investigar de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncian que no serán objeto de represalias.

Fotos archivo AmecoPress, cedidas por Amnistía Internacional. Pie de foto: Portada del informe.

--------------------

Estado Español – Las jóvenes – Derechos Humanos; 15 septiembre (10); AmecoPress