Buena en teoría, ineficaz en la práctica

Madrid, 24 feb. 11. AmecoPress. El 4 de marzo de 2010, el BOE publicaba la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La conocida como nueva ley del aborto. La polémica estaba servida: educación sexual y reproductiva en las aulas o interrupción del embarazo en menores sin necesidad de consentimiento fueron algunos de los puntos candentes. Ciertos sectores se echaron las manos a la cabeza. Algunos otros celebraron el avance. Muchos vieron las buenas intenciones tanto como las lagunas que traerían problemas.

Cuatro meses después entraba en vigor. Ahora, tras medio año de puesta en funcionamiento, toca hacer balance. En el papel, se trata de una ley con grandes intenciones que busca, entre otras cosas, una mejora en la educación sexual y reproductiva. Una ley escrita desde la igualdad: “eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad”; “educación sanitaria integral y con perspectiva de género”; “promover las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres”; “respeto a las opciones sexuales individuales”; “corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la orientación sexual”.

En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, lo dispuesto por ley acaparó toda la atención. Todas las mujeres de 16 años o más pueden abortar en las primeras 14 semanas de gestación siempre que hayan sido debidamente informadas de sus opciones y hayan esperado tres días. El embarazo podrá ser interrumpido hasta las 22 semanas de gestación cuando se trate de causas médicas.

La base de la ley, en este aspecto, era unificar políticas y crear un marco jurídico común. Garantizar “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan”. Equidad en el acceso, seguridad, gratuidad y confidencialidad constituyen los pilares básicos. ¿La realidad? “No se cumple con el espíritu de la ley. Lo que pretendía no se está llevando a cabo”, sentencia Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Desde la Federación Mujeres Jóvenes lamentan lo mismo: “Esta es una ley que, por desgracia, no se está aplicando porque hay muchas iniciativas paralelas que lo impiden”.

17 leyes para incumplir una sola

El informe sobre la regulación de esta joven ley en cada una de las autonomías, realizado por ACAI, revela que no es lo mismo solicitar una interrupción del embarazo en Navarra que en Andalucía, por ejemplo. Es decir, el hecho de que exista una ley por autonomía impide el objetivo de la igualdad en el conjunto del territorio español. Cada uno de los pilares básicos del texto legal es violado.

En cuanto a la equidad en el acceso, la información que se facilita a las mujeres que solicitan abortar no es ni parecida según en qué región se encuentre. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, dicha información preceptiva culpabiliza a las mujeres y las dirige a organizaciones de signo claramente antielección, según el informe. Otro obstáculo es el tiempo de espera. En Cataluña, algunas provincias de Castilla y León y Madrid, puede extenderse hasta tres semanas lo que supone un gran agotamiento emocional e incluso el exceso del tiempo legal de gestación. Los paradigmas de la desigualdad de acceso, sin embargo, son Navarra y La Rioja. En ambas comunidades es imposible interrumpir el embarazo.

La seguridad es otro punto en el que existen desigualdades ya que los requisitos que debe reunir una clínica para conseguir la acreditación no son los mismos en todas las autonomías. Especialmente preocupado se muestra Barambio con la situación en Cataluña: “Se están llevando a cabo abortos farmacológicos en atención primaria”, denuncia. Esto supone “bajar el listón” a lo dictado por el decreto de garantía de la calidad.

En ninguna Autonomía, salvo en Andalucía, se ha consolidado un modelo de concertación público para la adjudicación del servicio, lo que fomenta la desigualdad. El principio de gratuidad, por tanto, tampoco se cumple. En Cataluña, las mujeres no solo tienen que pagar por adelantado sino que es la administración autonómica la que establece los barómetros según los cuales se les debe devolver todo el dinero o solo una parte. La confidencialidad tampoco se salva. En Madrid Valencia y Cataluña los datos de las mujeres son visibles violando así el derecho a la intimidad de las pacientes.

Mujeres Jóvenes acusa a las comunidades autónomas de la problemática: “Se trata de un tema político. Hay grandes esfuerzos para evitar que la ley se cumpla”. ACAI señala a la libertad que los decretos de desarrollo de la Ley otorgan a los Gobiernos autonómicos y al escaso margen de maniobra que reservan al Ejecutivo como los causantes de la desigualdad.

Vacíos legales

Algo tan banal, en apariencia, como definir exactamente el término ‘gestación’ acarrea un sinfín de problemas “que van a ir a más por falta de acotación”, pronostican en Mujeres Jóvenes. El hecho de no limitar en qué punto biológico concreto comienza lo que el texto entiende por gestación deja en manos de los profesionales de la medicina decidir si un caso de 14 semanas conflictivo en cuanto a la fecha es legal o no. “Nos quejamos de la falta de matización. Así no mejora la seguridad jurídica ni de los profesionales ni de las mujeres”, explica Barambio.

Dos mujeres se quedan embarazadas simultáneamente. Legalmente están en período de interrupción voluntaria. Ambas residen en España. A una se la permite abortar. A otra no. La decisión de si los profesionales de la medicina y ellas deben ir a la cárcel o no únicamente está en manos de un juez o jueza.

Decidir si una mujer puede abortar tras las 14 semanas de gestación y antes de las 22 por causas médicas depende de la comunidad autónoma donde resida e incluso del centro. Existen hospitales de la red pública que se niegan a practicarlo. “No es el hospital quien debe decidir sino la mujer. Se la está privando de un derecho”, acusa Barambio.

El futuro

En los últimos meses se ha producido un descenso en el número de abortos practicados. En Mujeres Jóvenes consideran que es muy precipitado achacarlo a la nueva ley. Consideran, en cambio, que es debido a todo el trabajo de campañas de sensibilización que llevan años desempeñando organizaciones e instituciones. Desde ACAI, sin embargo, consideran que el descenso es el resultado de la crisis económica combinada con un descenso de la inmigración.

Barambio tiene claro cuál es el camino para un descenso real: “Mayor educación sexual y mayor acceso a los anticonceptivos”. La primera encuentra muchas reticencias en casi todas las comunidades autónomas, como denuncia Mujeres Jóvenes. La segunda también tiene sus trabas. Aunque la ley del aborto incluye el acceso universal a métodos anticonceptivos de última generación, las autodenominadas “Farmacias Responsables” se niegan a dispensar algunos de ellos, como la píldora del día después, por motivos ideológicos: “Es la farmacéutica la que está haciendo el tapón”, acusa Mujeres Jóvenes.

En cuanto a las menores, ACAI asegura que la mayoría de las españolas acuden acompañadas de sus progenitores y quienes no lo hacen es porque realmente temen sufrir serios perjuicios. Más difícil lo tienen las menores inmigrantes. Muchas de ellas están solas en el país y no pueden entregar un documento firmado que certifique que alguno de sus progenitores ha sido informado o, en el caso de las menores de 16 años, autoriza el aborto. Este conflicto hace que la interrupción sea impracticable.

Andalucía y Asturias ponen la luz en el panorama nacional. En el sur ya contaban con un buen modelo y simplemente se han adaptado a la nueva ley. En el norte la adecuación ha sido “muy buena”, califica ACAI. En palabras de Barambio, “no se trata de si es bueno o malo, no es una cuestión ideológica. Se trata de cumplir la ley”.

Fotografías archivo AmecoPress