Comunicado de CLADEM Argentina, INSGENAR y Católicas por el Derecho a Decidir

Argentina incumple las leyes sobre aborto no punible

24 de enero de 2012.

Por Redacción AmecoPress

Internacional | Salud | Salud reproductiva | Violencia sexual | Aborto | Legislación y género | Buenos Aires | Infancia





Buenos Aires, 24 ene. 12. Redacción AmecoPress.- El Estado Argentino ha incurrido en el incumplimiento de sus propias leyes sobre el aborto. El art. 86 del Código Penal establece dos causas por las que el aborto no es punible y debe realizarse con toda prontitud en los servicios de salud públicos: si el embarazo es producto de violación, o si hay riesgo de vida o salud de la gestante. En el caso de la niña de Entre Ríos, embarazada a los 11 años, se cumplen ambas causas: fue violada y corre riesgo su salud física (por su escaso desarrollo físico para llevar adelante un embarazo) y mental (porque ha manifestado claramente que no lo desea).

Por un caso similar ocurrido en 2007 en Guernica, Prov. de Buenos Aires, un grupo de ONGs (CLADEM Argentina, INSGENAR y Católicas por el Derecho a Decidir) llevó adelante un litigio internacional - LMR contra Estado Argentino - por ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El mismo monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es signatario y por lo tanto debe cumplir sus disposiciones.

El Comité ha fallado que Argentina ha violado su propio marco legal en este caso de aborto no punible y le ha planteado al Estado nacional y bonaerense que deben indemnizar a LMR y su familia e implementar políticas para que estos casos no se repitan. Es decir: que los abortos no punibles se realicen en tiempo y forma.

El Estado no ha respondido todavía, y los incumplimientos se reiteran casi cotidianamente. El caso de Entre Rios que conocimos en estos dias es una nueva repetición de otros similares aparecidos en los últimos años en las provincias de Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, Chubut, Santa Fe entre otras. En esta última, Ana María Acevedo murió por causa de este incumplimiento estatal. Y estos casos son sólo la punta del iceberg.

Los funcionarios/as públicos de los sistemas de salud y de justicia, que son los directamente involucrados en garantizar estos abortos, no sólo incumplen con esta tarea sino que actúan contra los derechos de las víctimas. Hemos visto acciones que rozan los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como internar a la niña embarazada, cercarla de personas que rezan, presionar a la familia, ofrecerles prebendas para que renuncien al pedido de aborto. Algo de esto se ha reiterado en el caso de Entre Ríos, comenzando por una judicialización (pedido de intervención al juez) que nunca debió ocurrir, en tanto el aborto debió ser realizado prontamente en el hospital tal como también lo establece la Guía técnica de Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación.

Por el momento, y si no cambia el rumbo, esta niña está condenada a llevar adelante un embarazo forzado. Forzado, porque ella afirmó con total claridad:"Quiero volver a estar como antes". Funcionarios/as, abogados/as, médicos/as violaron así sus más fundamentales derechos: a decidir sobre su cuerpo, sobre su proyecto de vida, a comprenderse a sí misma y a la sociedad que la rodea. Se la obliga a ser una incubadora, una máquina de quien no vale la pena tomar en cuenta sus sentimientos, emociones, sueños. En síntesis, se le ha robado su futuro y, de alguna manera, su identidad.

Pero muchas mujeres y aún varones no estamos dispuestas a dejar que sigan pisoteando nuestros derechos que, en este tipo de casos, están ya protegidos por la ley vigente. Las demandas judiciales se multiplicarán en todos los niveles, porque los y las funcionarias y profesionales que traicionan la confianza de sus ciudadanos, usuarios o clientes deben responder por su accionar. La difusión pública y el cuestionamiento político por no cumplir las leyes son hechos cotidianos.

No inmolemos más niñas a la comodidad y complacencia de quienes no vacilarían en recurrir a un aborto clandestino, pero seguro, si sus hijas, nietas o sobrinas hubieran sido violadas a los 11 años y hubieran quedado embarazadas. Sólo que lo harían en secreto, y pagando una bonita suma de dinero. Solo las pobres y desprotegidas son obligadas a seguir con un embarazo que no quieren.

Foto: Archivo AmecoPress.

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