Acuerdo en el Congreso para luchar contra la violencia de género
Madrid, 15 nov. 16. AmecoPress. Los grupos parlamentarios socialista y popular han presentado una enmienda conjunta a la mesa del Congreso de los Diputados para modificar la ley contra la violencia de género. La primera demanda es relativa a la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno y todas las comunidades del territorio.
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista se han dirigido esta mañana a la Mesa del Congreso de los Diputados para presentar una enmienda conjunta. Este texto, suscrito por el PSOE y el PP, se refiere a la lucha contra la violencia de género y se aprobará esta tarde en el Pleno del Congreso.
La enmienda se ha presentado a la Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y a la PNL del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un pacto social, político e institucional para recuperar el consenso de la misma ley, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
La enmienda comienza con la instancia al Gobierno para que promueva un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Para ello, se exige una dotación suficiente en las partidas presupuestarias, especialmente en los recursos destinados a prevención y asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. Para ellos, también se pide un Plan integral para prevenir, proteger y reparar sus daños como víctimas indirectas de esta violencia.
Asimismo, se ha pedido una puesta en marcha y un refuerzo de instituciones que supongan un seguimiento personalizado de las víctimas –como las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer- y que hagan más accesible la información a las víctimas sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial –a través del Acompañamiento Judicial Personalizado en los Juzgados Especializados de Violencia de Género-. Por supuesto, el personal al frente de estos órganos debe recibir una formación profesional especializada.
La colaboración entre entidades es clave. Por ello, también han pedido que el Gobierno colabore con las Comunidades Autónomas a la hora de establecer pautas y protocolos de intervención para la atención integral de las mujeres que retiran la denuncia o que nunca la han puesto. En esa colaboración con las CCAA, también se pide que la educación potencie la formación específica en igualdad y en prevención.
Todas estas medidas deben formar parte del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que consideran necesario activar. La sensibilización es también importante de cara al compromiso del conjunto de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, que apoye a las víctimas y que rechace a los maltratadores. La enmienda insta, por último, al Gobierno a que adopte el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a la violencia de género.
Subcomisión para articular el pacto
El Congreso de los Diputados acuerda crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto. En un plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, la Subcomisión elaborará un informe para identificar y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género. En él, habrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán las reformas para un cumplimiento efectivo.
Una vez aprobado el informe, el Gobierno debe someterlo a acuerdo con los representantes de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y civiles.
El Pacto incluirá la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias, o bien una vez al año, para evaluar los acuerdos alcanzados. Su desarrollo y aplicación serán revisados, en todo caso, cada cinco años.
Foto: AmecoPress
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Estado Español - Legislación y género - Políticas de igualdad - Violencia de género - Política y género; 15 noviembre.16. AmecoPress