Aborto: derecho a conocer nuestros derechos

Madrid, 14. Jul. 2011. AmecoPress. La ley de salud sexual y reproductiva o ley de plazos del aborto establece que las mujeres deben recibir la información necesaria para tomar una decisión libre e informada ante un embarazo no deseado. Sin embargo, este derecho se ve limitado por varios factores y en la práctica, las mujeres no están recibiendo una información completa, neutra y sintonizada con el derecho que reconoce la ley, a elegir libremente interrumpir su embarazo o no. Nuevamente, el “vacío” legal que dejó la normativa merma los derechos de las mujeres y deja espacio a la controversia.

La ley obliga a las Administraciones Públicas a entregar la información para la mujer en un sobre cerrado, elaborado y editado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se vaya a practicar la intervención.

Son varias las organizaciones que pidieron que esta información preceptiva y obligatoria fuera común y estuviera disponible en la Web del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, este aspecto depende de cada comunidad autónoma y la consecuencia más directa, según informa la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) es que algunas comunidades como Madrid “utilizan los sobres informativos para culpabilizar a la mujer y dirigirla a organizaciones de claro signo antielección”.

Otras comunidades, como la castellano leonesa, obligan a los propios centros a introducir información sobre la ‘Red Madre’ en unos sobres cuyo contenido debería ser imparcial. Incluso en Andalucía la Consejería no ha sido capaz de distribuir regularmente los sobres preceptivos pidiendo en esos casos a los centros que descarguen de la web la información, rellenen los sobres, los cierren y los faciliten.

Información errónea

Asimismo, el desconocimiento del articulado de la propia ley o motivaciones de carácter ideológico llevan a no pocos profesionales sanitarios del ámbito público a difundir información errónea sobre la interrupción del embarazo entre las mujeres que acuden en busca de asesoramiento. Acai explica que en comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía se han registrado numerosos casos de profesionales que, vulnerando el artículo 15 de la ley que contempla la posibilidad de interrumpir la gestación por salud materna o patología fetal, niegan a la mujer esta posibilidad al afirmar que las interrupciones a partir de la semana 14 son ilegales.

También, profesionales de la comunidad de Madrid han aconsejado a las mujeres afectadas por una patología fetal incompatible con la vida o incurable detectada más allá de la semana 22, que “resuelvan” su situación fuera del país. Esta circunstancia vulnera el artículo 16 de la ley que ofrece a la mujer la posibilidad de ratificar a través de un comité clínico el diagnóstico de patología fetal incurable o muy grave y en consecuencia elegir o no la interrupción de su gestación.

Objeción de conciencia

La última limitación al derecho a la información contemplado por la Ley del Aborto ha venido dada por “los problemas de conciencia” que han argumento profesionales médicas y médicos de primaria, responsables de ofrecer las indicaciones pertinentes a las mujeres.

En ese sentido, si bien hay casos que han llegado incluso a los tribunales, el nuevo Código de Deontología Médica presentado recientemente en Madrid advierte que los problemas de conciencia que se argumentan para no practicar un aborto no eximen a los y las profesionales del deber de informar a las pacientes. Es decir, el código ético médico descarta la objeción a informar sobre el aborto. Aunque “lo deontológico no es vinculante”, como expresara Santiago Barambio (presidente de Acai), supone un avance.

Las organizaciones feministas, que desde el comienzo señalaron que la ley aprobada en julio del año pasado “no es la ley con la que habíamos soñado”, denuncian que ante el vacío existente con respecto a la regulación de la objeción de conciencia y las distintas interpretaciones de la normativa que realizan los gobiernos autonómicos, en la práctica, la sanidad pública “no está haciendo su trabajo” y se están vulnerando los derechos de las mujeres.

Fotos AmecoPress

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