ACAI denuncia que el derecho al aborto es cada día “más precario” en España
La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) valoró la resolución aprobada ayer por el Consejo de Europa en la que insta a los Estados miembro a “despenalizar el aborto si no lo han hecho aún”. ACAI pidió al Ejecutivo español que sea coherente con sus compromisos europeos y garantice el derecho de las mujeres a esta práctica sanitaria que, a tenor de los últimos acontecimientos, cada vez resulta más precario para las españolas”, manifestó en un comunicado.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la resolución con 102 votos a favor, 69 en contra y 14 abstenciones. Demanda a los 47 Estados europeos que respeten la libertad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y les pide que garanticen a las ciudadanas la posibilidad de abortar “sin riesgos”, así como mejorar los programas de contracepción en cada país, aumentando la educación sexual entre la juventud.
ACAI consideró que la resolución europea supone “una importante y definitiva respuesta a la ofensiva anti-elección” que se vive en Europa, además de una “clara indicación para los Gobiernos, incluido el español. “Es un paso más para derribar todas las barreras legales que impiden a las mujeres europeas ejercer en libertad el derecho al aborto”, destacó la asociación.
Asimismo, recordó que en un 62% de los países donde se permite el aborto, el ejercicio de este derecho está vinculado a la situación económica de la mujer, su salud, su edad, estado civil, e incluso al número que hijos que ya tiene.
Por su parte, la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) también celebró la aprobación de la resolución “Derecho al acceso al aborto legal y seguro” del Consejo de Europa y subrayó que aunque España permite la interrupción del embarazo bajo tres supuestos, el aborto “no es un derecho reconocido y se mantiene dentro del Código Penal”.
A juicio de la FPFE, las mujeres no tienen libertad para decidir, sino que un profesional médico debe certificar que se está dentro de alguno de los supuestos legales. En la práctica –denuncia la Federación- esto supone que los circuitos sanitarios normalizados (centros de salud, consultas de ginecología y hospitales) no atienden este tipo de demandas, excepto en algunas comunidades autónomas, como Andalucía.
En este sentido, aseguró que las diferencias en el acceso al aborto entre comunidades autónomas “están demostradas” y citaron a Navarra como caso más extremo pues en esta comunidad no se practican abortos ni en la sanidad pública ni en clínicas privadas.
De la resolución europea, la Federación destacó el hecho de que los parlamentarios propusieran que el cuidado médico y psicológico, así como una adecuada cobertura financiera, deberían ser ofrecidos a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo.
Tanto FPFE como ACAI reiteraron su demanda de modificación de la actual Ley del aborto al Gobierno español, para despenalizar este derecho y garantizar que todas las españolas puedan ejercerlo dentro de la sanidad pública.
Estado español-aborto, 17 abril (08) AmecoPress