Ameco Press

El cuerpo de las Mujeres: otro territorio de los represores

Mónica Molina — 2010-09-03T12:50:25Z

Buenos Aires, 03 sep. 10. AmecoPress.- “Me levantaron el pantalón y después de ser abusada me dejaron sola en la camioneta”, son algunas frases que, con mucho dolor han expresado las mujeres víctimas de los torturadores pampeanos: Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Marenchino.

“Me encapucharon y golpearon”, “perdí quince embarazos”, “guerrillera peligrosa”, “esta es tortillera, y pararon el manoseo”, “cuando me llevaron a la oficina no podía reconocer mi cuerpo...”, “me levantaron el pantalón y después de ser abusada me dejaron sola en la camioneta”, son algunas frases que, con mucho dolor han expresado las mujeres víctimas de los torturadores pampeanos: Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Marenchino, en el juicio que comenzó en La Pampa.

Agosto arrancó con viento sur, más frío que otros inviernos y, con un hecho histórico para La Pampa: el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1976 y 1983. Muy temprano, en la mañana del 2 de agosto, los y las que siempre estuvimos y, afortunadamente muchos más marchamos hacia la sede del Colegio de Abogados donde se está realizando desde hace dos semanas el juicio a los represores pampeanos.

Pasaron 34 años, para que las víctimas pudieran encontrar un espacio de justicia a los vejámenes cometidos contra su persona. El juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal, fue quien instruyó las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.

Los hechos que se investigan comprenden al personal o “grupos de tareas” que se desempeñó bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército o sometido a él, ocurridos en el ámbito de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y en el territorio pampeano.

La causa por la que se juzgan a los acusados reúne veintiocho casos. Los testimonios son duros, como duras fueron las situaciones que padecieron las víctimas, entre ellas, las mujeres. Todas ellas sufrieron, al igual que otras en el resto del país, el secuestro, la tortura, las humillaciones y las atrocidades más denigrantes que puedan perpetrarse contra la dignidad humana. Una dimensión que cobra relieve es el ensañamiento que tenían los torturadores con el cuerpo de las víctimas mujeres. Muchas estas mujeres, guardaran para sí el horror vivido, porque las marcas son imborrables.

Las pérdidas, las marcas en el cuerpo

Ana María Martínez Roca, relató por primera vez frente al tribunal Federal lo que vivió durante su detención en el 75. Fue golpeada y encapuchada durante su detención ocurrida en Buenos Aires, junto a quien era en ese momento su compañero de vida, el historiador Hugo Chumbita. Ana María, era arquitecta y había llegado a La Pampa buscando trabajo en el Instituto Autárquico de la Vivienda, pero la dictadura pretendió para ella otro desenlace.

Tras su detención la trasladaron a Santa Rosa, recordó al cura Espinal y a Luís Baraldini, éste último se desempeñaba como mayor y era el entonces jefe de la policía pampeana a cargo de la parte operativa del grupo de tareas en la llamada “lucha contra la subversión”, actualmente está prófugo de la justicia. A Ana María, las torturas, le hicieron perder el embarazo, pero también contó, que perdió a lo largo de su vida quince embarazos como consecuencia de los tormentos.

En declaraciones a Radio Noticias, Miguel Palazzani, abogado querellante en la causa sostuvo que: “Los vejámenes a las mujeres son una forma de tortura. Deben investigarse como delitos de lesa humanidad. Es una tortura y debe investigarse como una tortura", en alusión a la denuncia sobre abuso sexual que hizo Stella Maris Barrios en su testimonio.

El fiscal Jorge Bonvehí, argumentó que detenerse en la denuncia del abuso sexual, era “dispersar esfuerzos” y que, era conveniente hacerlo después de que concluyan las audiencias, no obstante, la fiscal Federal, Marta Fernández de Odasso, abrió una causa de oficio. El caso de Barrios, es la primera causa que se deriva fuera de los 28 casos que dan origen a esta causa penal.

Barrios, fue detenida en General Pico en abril de 1976, a pesar del miedo y la vergüenza, pudo contar que fue víctima de abuso sexual, identificando a los represores Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart, dejó de lado los detalles para relatar que, luego de ser esposada y vendada, la llevaron a dar vueltas en auto o camioneta y, cuando pidió de ir al baño, fueron sus represores quienes le bajaron los pantalones hasta que orinara.

Sobre aquél momento, Stella Maris, testimonió que: “me quedé esperando que me subieran el pantalón, pero empezaron a pegarme en la cara, como si estuviera provocando, cuando como estaba esposada por la espalda, no podía levantarme el pantalón. Hubo manoseos, relató la mujer, “aprovechemos” decían ellos. Prefierió no ahondar en detalles, pero quedó claro en su narración que fué víctima de abuso sexual por parte de los represores.

Las vejaciones a las mujeres, no han sido analizadas desde la condición de género

Las más atroces vejaciones a las mujeres, no han sido analizadas desde el punto de vista de la condición de género en los juicios, arista relevante a la hora de condenar a los torturadores. Estos aspectos fueron abordados en una nota realizada por Susy Carranza de FM Sur, publicada en El diario de Córdoba. En el artículo “Género y derechos Humanos: las mujeres en los campos”, el Dr. Fresneda, entrevistado sostuvo que en los alegatos se tendría en cuenta la cuestión de género. “Esto surge de los testimonios de las testigos”, recalcando que “además de ser torturadas física y psíquicamente son convertidas en objetos sexuales.”

En la misma nota periodística, Carranza entrevistó a Soledad García, ex presa política detenida en Devoto, quien sostuvo que: “las asimetrías, la desigualdad, la discriminación a las mujeres se vió de manera brutal en las detenciones y el trato a las secuestradas: tortura de niños frente a sus madres, violaciones sistemáticas, denigraciones mediante el lenguaje tratándolas de "locas, putas, conquistables".

También, Graciela Daleo, ex detenida y presa política, entrevistada hace unos años para el programa Género, emitido por Canal 3 de La Pampa, afirmaba como los represores tenían mayor ensañamiento con las mujeres y, las humillaban ante las instancias más íntimas como el hecho de pedir una toallita higiénica, propia por la condición de mujer.

Sobre el ensañamiento, no hacen faltan detalles, pero los testimonios algunos con más detalles, otros con sin poder poner palabra a tanto dolor, corroboran las violaciones cometidas. Zelmira “Miyi” Regazzoli, era la hija del gobernador, estuvo en la seccional primera y también en Devoto, si bien negó haber sido torturada, uno de los testigos ratificó que todas las personas habían sido torturadas, en cambio “Miyi” vió como torturaban a otras presas políticas, entre ellas a Raquel Barabaschi.

Zulema Arizó, fue detenida en mayo de 1978, era docente de la escuela rural de Arbol Solo, estaba embarazada de tres meses, llegó al juicio acompañada de su hijo, que ahora tiene 31 años. “Me pedían que hablara para deleitarse haciéndome sufrir”, relató frente al Tribunal, mencionando a los represores Reinhart y Fiorucci, éste último hermano de la directora de la escuela donde ella daba clase. Contó que la tuvieron encerrada un mes en un sótano y que “me pegaban patadas, me amenazaban de muerte”.

Como a tantos a Zulema, le arrebataron el sueño de ejercer la docencia en una escuela rural, paradójicamente la secuestran el 23 de mayo, día del Trabajador/a de la Educación. “No sé por qué ni para qué me secuestraron y me hicieron todo eso. Ellos entraron a la habitación en medio de la noche, con unos faroles grandes y me encandilaron, me pidieron que me vista y me vendaron los ojos. Si la directora que era hermana de Fiorucci, quien comandaba el grupo de tareas, tenía algún grado de complicidad con ellos, no lo sé”, expresó ante la prensa en oportunidad de ser homenajeada por la Cámara de Diputados de La Pampa.

Raquel Barabaschi, es un caso emblemático por la lucha que llevó adelante impulsando el juicio de la Subzona 14 en esta provincia. Al momento de su detención, en diciembre del ´75 y, la posterior en marzo del ´76, era estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en General Pico, fue secuestrada junto a otras/os de la universidad. “Estuve en una celda con Rosa Audisio y Mireya Regazzoli, ahí un solo día hasta que me llevaron a un lugar que era una oficina que no tenía ventanas. No tenía colchón y tenía que dormir sentada”, dijo en su testimonio.

“Recuerdo que tenía panatalón de jean y una camisa blanca. Me desprendieron los botones y el corpiño y comenzaron a manosear. Me tomaron el cierre del pantalón y empecé a temblar, en ese momento escucho: esta es tortillera. Y pararon el manoseo, yo tenía 20 años y no sabía el significado de esa palabra. Esta gente es homófica y tal vez, por eso no me violaron”, narró Raquel frente a los jueces.

Agua que no has de beber. Pedía a gritos, pero no podían las celadoras darle agua porque había sido picaneada poco antes y debían pasar 48 horas para beber. “Las dos celadoras Storck y Toldo, me traían pañuelos mojados y me recostaban en sus brazos, ahí me confirmaron que los que torturaban eran Fiorucci, Cenizo, Reinhart, Constantino, tres militares de los que solo conocía a Baraldini”, en abril del 76 fue liberada, pero con libertad vigilada, tenía que volver a Winifreda, “solo quería bañarme, sacarme de encima el horror, el manoseo, la tortura”, dijo.

Las violaciones a los derechos humanos cometidos sobre las mujeres, aún no tienen una mirada desde la perspectiva de género a la hora de juzgar los delitos de lesa humanidad, muchas situaciones vividas por presas políticas han sido la expresión más extrema del patriarcado, usando la violencia sexual, entre otras como un arma política, como expresa en su libro”Masculino-Femenino”, la antropóloga francesa, Francoise Héritier.

A partir del 23 de agosto se reanudaron, en el recinto del Colegio de abogados de la provincia de La Pampa. Más testimonios para desnudar la hipocresía de quienes sin más anduvieron por la calle, en parte, amparados por la desidia de gran parte de la sociedad pampeana.

Fotos: Archivo AmecoPress.

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Internacional – Violencia de género – Violencia sexual – Violencia en conflicto armado – Feminicidio. 03 sep. 10. AmecoPress.

Guatemala: Atenderán como emergencias médicas las violaciones contra las mujeres

Redacción — 2010-09-03T12:50:14Z

Guatemala, 03 sep. 10. AmecoPress/Cerigua.- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) asumió el compromiso de atender las violaciones sexuales como emergencias médicas, así como a no revictimizar a las sobrevivientes y procurar su recuperación integral, en el marco del lanzamiento de la Campaña 3 Días, que implementará en coordinación con la Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM).

Rigoberto Rivera, titular del Programa Nacional de Salud Mental del MSPAS, dijo durante la presentación de la iniciativa, que han asistido a los centros asistenciales mujeres con mucha hemorragia, sin embargo, por considerar que se trata de casos secundarios han tenido desenlaces mortales.

La violación es una emergencia médica que debe ser atendida integralmente; en la actualidad se cuenta con una boleta donde se incluye la información relacionada con el estado físico de la sobreviviente, el contexto del ataque y los resultados de las pruebas médicas, señaló el funcionario.

Ese proceso se realiza con el objetivo de evitar que la víctima cuente una y otra vez su historia, impedir el sufrimiento y no tener que esperar al equipo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar todas las pruebas, ya que el tiempo es determinante en dichos casos, aseguró el profesional de las ciencias médicas.

El MSPAS también cuenta con kits de atención, que incluyen el medicamento indispensable para reducir los riesgos de infecciones, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados; lo novedoso es que la institución los ha separado de acuerdo al grupo etáreo y a la cultura de cada región, ya que no es lo mismo asistir a una adolescente o a una adulta mayor, añadió Rivera.

En los últimos años el Ministerio de Salud ha registrado significativos avances en ese tema, al elaborar e implementar guías y protocolos que regulan las formas en las que el equipo médico debe atender a las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual; se ha capacitado al personal de nueve hospitales a nivel nacional y ahora se inicia la fase que dará a conocer a la población dichos servicios, enfatizó el titular del Programa de Salud Mental.

La Campaña 3 Días, constituye una llamada a las autoridades para revisar las herramientas con las que cuenta el sistema de salud y acoplarlas a la realidad actual, así como a modificarlas e incorporar los elementos necesarios para desarrollar una atención integral, concluyó el funcionario de gobierno.

La iniciativa es apoyada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia de Cooperación del Gobierno de España (AECI); tiene como principal objetivo brindar información oportuna a las mujeres que sufren una violación sexual, para que asistan a los servicios de salud durante los siguientes tres días, lapso determinante para reducir los traumas físicos que dejan ese tipo de crímenes.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Internacional – Violencia sexual – Salud y género – Cooperación – Instituciones de Igualdad. 03 sep. 10. AmecoPress.

Guatemala: Actos de tortura contra mujeres aspirantes a policías

Redacción — 2010-09-01T12:52:44Z

Guatemala, 01 sep. 10. AmecoPress/Cerigua.- Las aspiraciones de aproximadamente un centenar de mujeres, quienes están a ejercer como policías, se encuentran amenazadas debido a actos de tortura y expresiones misóginas por parte de sus compañeros y de las autoridades de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Dina Fernández, en un artículo de opinión publicado en el Periódico, aseguró que los abusos que en esa institución se cometen parecen sacados de un manual de enfermos misóginos, obsesionados con el placer que les provoca humillar a las jovencitas.

Las obligan a desnudarse ante los compañeros, se las llevan a los pabellones para abusar sexualmente de ellas y les exigen abortar cuando se descubre que alguna de ellas está embarazada, indicó la articulista.

Todos los meses, las autoridades de la Academia someten a las aspirantes a policías a una prueba de embarazo y cuando resulta positiva, las expulsan o las conminan a realizarse abortos en condiciones infectas, al grado que varias de ellas han quedado estériles, añadió Fernández.

Tal es el terror que los mandos policiales infunden en las estudiantes de la Academia, que después de conocer las vejaciones que se allí se cometen, la mayoría de ellas desistieron de las denuncias que habían iniciado, sólo dos han ratificado lo dicho, enfatizó la columnista.

La escritora citó una reciente investigación elaborada por la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (Defem/PDH), basada en entrevistas a 138 aspirantes a agentes policiales, quienes denunciaron los crímenes.

Si las autoridades de Gobernación y de la Fiscalía, lideradas actualmente por mujeres, tienen algún grado de humanidad y conciencia, deben recoger los hallazgos del informe, llevar a cabo las investigaciones necesarias y asegurarse de que la situación en ese centro de formación cambie radicalmente, destaca la columna de Fernández.

¿Cómo esperan que un agente de la policía atienda correctamente una emergencia de violencia intrafamiliar, si en la Academia de la PNC ha sido testigo del abuso reiterado e impune que sus superiores infringen contra las estudiantes?, cuestionó la columnista.

Foto: Archivo AmecoPress

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Internacional – Violencia de género – Violencia sexual – Empleo y género. 01 sep. 10. AmecoPress.

El Salvador: Relatora de la ONU analizará abuso y explotación sexual infantil

Tatiana Félix — 2010-08-31T11:43:53Z

El Salvador, 31 ago. 10. AmecoPress/Adital.- La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la venta de niños, prostitución y pornografía infantil, Najat Maala M'jid, está en El Salvador desde el día 22, para investigar y analizar las condiciones reales de la explotación sexual de niñas y niños en el país.

El último día de su visita, el próximo martes (31), concederá una entrevista colectiva a la prensa y también presentará un informe con los resultados y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos.

Para recoger las informaciones necesarias, la relatora marroquí visita centros y albergues para menores que fueron víctimas de estos delitos. Aprovecha la ocasión para verificar también la actuación de los sistemas salvadoreños de protección infantil.

También se reunirá con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y empleados de las agencias de Naciones Unidas. La relatora, de nacionalidad marroquí, concluirá su visita a fin de mes y presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos. (Centro de Noticias ONU)

La situación en El Salvador es preocupante. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral y Atención a la Adolescencia informó que sólo en el primer semestre de este año atendió a casi dos mil menores. De este total, cerca de 200 sufrieron algún tipo de maltrato físico, mientras que otros casi 200 fueron víctimas de abuso sexual y 28 fueron rescatados de las manos de explotadores sexuales.

Hace algún tiempo, Najat Maala M'jid denunció los casos de venta, prostitución y pornografía infantil, revelando los altos lucros obtenidos con esta práctica inhumana y delictiva. Se estima que existan cerca de cuatro millones de páginas en Internet con contenidos pornográficos que exponen a niños.

La representante de la ONU informó de que, de acuerdo con una investigación estadounidense, el 83% de los consumidores de pornografía infantil buscan imágenes de menores con edades entre 6 y 12 años; el 39% busca imágenes de niños de entre 3 y 5 años de edad, mientras que el 19% de estos usuarios sueñan con abusar de bebés y niños menores de 3 años de edad.

Najat Maala M'jid integra la Comisión de Derechos Humanos de los niños, del Consejo Consultivo Marroquí en Derechos Humanos. Es fundadora de la ONG BAYTI, primer programa orientado a atender y resolver el problema de niños en situación de calle en Marruecos.

Foto: Archivo AmecoPress. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Najat Maala M'jid.

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Internacional – Violencia sexual – Infancia – Prostitución – Trata – Instituciones de Igualdad. 31 ago. 10. AmecoPress.

Perú: Dramática lentitud de justicia para víctimas de violación

Redacción — 2010-08-30T11:48:52Z

México D.F., 30 ago. 10. AmecoPress/Cimac.- De las 893 mujeres víctimas de violación sexual, entre 1980 y el 2000, reconocidas por el gobierno peruano, 146 han muerto sin alcanzar la justicia y reparación del daño, ya que ninguno de sus agresores, en su gran mayoría militares, han sido juzgados y sancionados, denunció Diana Portal, abogada de la organización: Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus).

En un comunicado, la abogada afirmó que esta es la consecuencia más dramática de la falta de voluntad política del gobierno por atender esta violencia perpetrada contra miles de peruanas durante los tiempos del conflicto armado interno que sacudió el país.

“Los tiempos de la justicia son demasiado lentos. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que las mujeres vulneradas en su integridad sexual puedan recibir una reparación integral que contemple la atención a su salud mental, montos económicos y acceso a la educación para sus hijas e hijos?”, dijo.

Precisó que según la información del Consejo de Reparaciones (CR), instancia dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creada para revisar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna, a julio del presente año habían fallecido 146 de las 893 víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), condición previa para acceder a las reparaciones a las que tienen derecho.

De acuerdo al CR son 747 las víctimas que quedan inscritas en el RUV, y a quienes les corresponde recibir las reparaciones económicas anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez.

El monto y la fecha para realizar las reparaciones no se ha establecido, toda vez que el 31 de julio de este año el Ministro instaló la Comisión Técnica Multisectorial que tiene como plazo 180 días para entregar la propuesta para ello.

Diana Portal, criticó que las mujeres que sufrieron otras formas de violencia sexual, como: desnudos forzados y prostitución, no sean incluidas en el Plan Integral de Reparaciones.

Deploró la insensibilidad mostrada por las autoridades del Estado para atender a las víctimas no sólo de violación, sino de las distintas formas de violencia sexual perpetradas en forma sistemática principalmente por efectivos policiales y militares como parte de la estrategia contra subversiva aplicada por el Estado, tal como documentó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado al país el 28 de agosto del 2003.

Demus documentó que el CR, aún tiene pendientes de revisar otras mil 54 denuncias de violación sexual y 227 de violencia sexual, perpetrada por los subversivos y agentes del Estado, quienes practicaron esta violencia en forma sistemática como parte de su estrategia contra el terrorismo, vulnerando así los derechos humanos de miles de peruanas principalmente andinas y quechua hablantes.

Foto: Archivo AmecoPress

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Internacional – Violencia sexual – Violencia en conflicto armado – Instituciones de Igualdad – Movimiento feminista. 30 ago. 10. AmecoPress/Cimac

Uganda: Barreras y abuso para las mujeres con discapacidad

Redacción — 2010-08-30T11:48:43Z

Madrid, 30 ago. 10. AmecoPress.- Las mujeres con discapacidad del norte de Uganda experimentan continuamente la discriminación y la violencia sexual y de género, señala Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado el pasado día 26. Muchas no pueden acceder a servicios básicos, lo que incluye la atención a la salud y la justicia, y han sido ampliamente ignoradas en las iniciativas de reconstrucción posteriores al conflicto.

El informe de 73 páginas, "‘As if We Weren't Human': Discrimination and Violence against Women with Disabilities in Northern Uganda" ("Como si no fuéramos seres humanos": Discriminación y violencia contra las mujeres con discapacidad en el norte de Uganda"), describe los frecuentes abusos y discriminación que sufren las mujeres y niñas en el norte del país a manos de extraños, vecinos e incluso familiares. Las mujeres entrevistadas para este informe dijeron que no podían obtener suministros básicos como alimentos, ropa y refugio en los campamentos de desplazados o en sus propias comunidades.

Una mujer con discapacidad física que vivía en uno de estos campamentos contó a HRW que la gente le decía: "No sirves para nada. Contigo se desperdicia la comida.

Deberías morirte para que otros puedan comerse tu comida". La investigación se llevó a cabo en seis distritos del norte de Uganda, una región que ha salido recientemente de más de dos décadas de conflicto brutal entre las fuerzas rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor y el Gobierno.

"Uno de los aspectos que no se ha contado de la larga guerra en el norte de Uganda y sus consecuencias es el aislamiento, el abandono y el abuso de las mujeres y las niñas con discapacidad," señaló Shantha Rau Barriga, investigadora y defensora de los derechos de las personas con discapacidad en HRW. "Mientras los ugandeses del norte luchan por recuperar sus vidas, el Gobierno y los organismos humanitarios tienen que asegurarse de que no se deje fuera a las mujeres con discapacidad", agregó.

El informe se hizo sobre entrevistas con 64 mujeres y niñas con toda una serie de discapacidades, algunas provocadas por enfermedades como la polio y otras por heridas de minas terrestres o disparos durante el prolongado conflicto. Según una encuesta nacional de 2007, aproximadamente el 20 por ciento de los habitantes de Uganda padecen una discapacidad. Sin embargo, se considera que esta tasa es más elevada en el norte de Uganda debido a las lesiones relacionadas con la guerra y el acceso limitado a tratamiento o vacunas contra enfermedades.

La investigación de HRW sugiere que las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables a la violencia sexual o de género. Más de un tercio de las mujeres entrevistadas señalaron que habían sufrido algún tipo de abuso sexual o físico. Ninguna había podido presentar cargos penales o perseguir el enjuiciamiento de sus atacantes.

"Es frecuente que no se ofrezca ninguna información sobre salud sexual o reproductiva y el VIH a las mujeres con discapacidad", señaló Barriga. "Sin embargo, tienen una necesidad real de salud sexual, y también tienen que estar protegidas de la violencia sexual y poder obtener justicia si son víctimas de abusos", agregó.

Según el informe, las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables al VIH debido a la pobreza, la dificultad para acordar el sexo seguro, la falta de información accesible y la susceptibilidad a la violencia y la violación. Muchas de las mujeres no tenían a su alcance centros de salud o comisarías de policía, que suelen estar en lugares alejados o no disponen de intérpretes del lenguaje de signos, señales en braille o rampas para el acceso físico. Otras se encontraron con actitudes discriminatorias del personal y no pudieron recibir asistencia ni siquiera de sus familiares.

"No puedo bañarme cerca de otros", dijo Candance, una mujer con VIH a la que una mina terrestre le amputó una pierna, a HRW: "Mis vecinos piensan que el agua que se derrama de mí tiene VIH. Dicen que voy a enfermar a la comunidad si tocan el agua. "Ha habido sensibilización sobre el VIH en la comunidad, pero las actitudes no han cambiado realmente", agregó.

Testimonios seleccionados de las personas entrevistadas para "As If We Weren't Human"

"El día que el Ejército de Resistencia del Señor incendió la casa había 12 personas dentro. Los que estábamos cerca de la puerta sobrevivimos. Me tumbé boca abajo para protegerme el corazón. Se me quemó la cabeza y perdí la vista. No oigo bien".

- Edna, una mujer de 29 años que huyó de su aldea para ir a la ciudad de Lira en 2004. Edna también tiene el VIH.

"Me violaron tres veces en esta casa hace una semana. El hombre venía por la noche, así que no pude reconocerle. Todavía no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi madre. Estaba pensando llevarme un panga [machete] a la cama por si viene otra vez. Me temo que si lo denuncio tendré que saber si tengo VIH. Quiero hacerme la prueba del VIH en un centro de salud pero no tengo medio de transporte ala ciudad. El hospital está lejos y mi bicicleta [de manivela] está rota. Otros de la comunidad van a decir que es culpa mía y que ando siempre con hombres".

- Angela, una mujer de 20 años con una discapacidad física de nacimiento, distrito de Amuru

"Si regreso a mi hogar original, estaría como una niña esperando que me alimenten".

- Mary, una mujer con discapacidad física que vive en un campamento de personas desplazadas, distrito de Amuru

"Las camas para el parto son muy altas y tienen ruedas. Las enfermeras te dicen que te subas a la cama. Intentas subirte, pero la cama rueda. Te dicen: "¡Súbete a la cama! ¿Cómo te subiste a la cama en la que te quedaste embarazada?"

- Hon. Nalule Safia Juuko, parlamentaria y representante de las mujeres con discapacidad

"Los vecinos le pegaron a mis hijos. Cuando jugaban con los hijos de los vecinos, les dijeron que se fueran. Les dijeron: ‘Contagiarás la sordera a mi familia'".

- Erica, una mujer sorda que perdió a uno de sus hijos durante el parto porque la enfermera no le comunicó que iba a tener mellizos, distrito de Lira

Fotos: HRW.

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Internacional – Mujeres del Mundo – Situación social de las mujeres – Violencia sexual – Salud y género. 30 ago. 10. AmecoPress.

La ONU condena la violación masiva de mujeres en la República Democrática del Congo

Redacción AmecoPress — 2010-08-27T11:48:33Z

Madrid, 27 ago (10). AmecoPress El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó este jueves su gran indignación por la violación masiva de mujeres por parte de grupos armados en el este de la República Democrática del Congo, demandó que se tomen las medidas necesarias para prevenir que se vuelva a producir ataques similares e instó a todas las partes involucradas en el conflicto del país africano a que pongan fin a la violencia sexual, según expresó la ONU en un comunicado.

Al menos 154 mujeres y niñas fueron violadas entre el 30 de julio y el 2 de agosto en trece aldeas situadas a lo largo de un tramo de 21 kilómetros de carretera en la provincia congoleña de Kivu Norte. Los asaltantes bloquearon la vía, haciendo imposible que los habitantes de las aldeas pudieran tener comunicación con el exterior.

En una declaración leída a la prensa por el embajador ruso Vitali Churkin al término de una sesión a puerta cerrada celebrada este jueves, el Consejo de Seguridad urgió al gobierno congolés a que investigue rápidamente la agresión y juzgue a los responsables.

Durante el asalto, que ha sido atribuido a las milicias Mai-Mai y a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), sus autores también saquearon viviendas y realizaron otro tipo de atrocidades contra la población civil. Especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales fueron violadas por grupos de entre dos y seis soldados, según ha denunciado una oenegé.

El Consejo de Seguridad también instó al Gobierno del país africano a que aumente sus esfuerzos para acabar con la impunidad y demandó que se tomen las medidas necesarias para prevenir que se vuelva a producir un ataque similar.

Por otro lado, los quince miembros del organismo mostraron su acuerdo con la decisión del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, de enviar una delegación encabezada por Atul Khare, subsecretario general para Operaciones de Paz, y Margot Wällstrom, representante especial para violencia sexual, para esclarecer lo ocurrido y atender a las víctimas de las violaciones. El retorno de esta misión está previsto para el 8 de septiembre.

El equipo encabezado por Khare se reunirá con las autoridades competentes, con el representante especial de la ONU en República Democrática del Congo y con el personal de Naciones Unidas desplegado en el terreno. El objetivo es recabar datos sobre el terreno que posibiliten conocer los hechos y las circunstancias en las que se produjeron las violaciones masivas, así como evaluar qué medidas se pueden tomar para asegurar una protección más efectiva de la población civil.

El subsecretario de la ONU para asuntos humanitarios, John Holmes, calificó de "verdaderamente horroroso" lo ocurrido y dijo que la violencia sexual contra mujeres, que describió como un "flagelo" en el este de República Democrática del Congo, seguirá siendo un alto riesgo mientras los grupos armados y milicias sigan operando en la región.

Fotos AmecoPress. Pie de foto: Caddy Adzuba, periodista del Congo y activista en la defensa de los derechos humanos de las mujeres

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Internacional – Mujeres del mundo –Derechos humanos – Violencia de género –Violencia sexual – Violencia en conflicto armado; 27 agosto (10); AmecoPress

Estados Unidos: Práctica sistemática, de violación y abusos sexuales en centros de detención de emigrantes

Guadalupe Cruz Jaimes — 2010-08-27T11:48:31Z

México, DF., 27 ago. 10. AmecoPress/Cimac.- Ante los múltiples casos de violación y abuso sexual de mujeres y niños migrantes en centros de detención de Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW) dirigió 14 recomendaciones al gobierno de ese país, para garantizar que estos hechos no se repitan.

Entre las recomendaciones, que HRW señala en su informe “Detenidas y en riesgo: Abuso sexual y acoso en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos”, destaca que las autoridades de esa nación deben aprobar normas de detención que sean obligatorias y se apliquen en todos los centros de detención de personas migrantes.

organización internacional afirma que las violaciones y abusos sexuales no son casos aislados, sino prácticas sistematizadas en los centros de detención de migrantes, aún en los que son considerados familiares, donde se tiene registro de estos delitos cometidos por los guardias o por otros migrantes, en contra de mujeres y menores de edad.

El registro de las agresiones sexuales va de 2005 a 2010 en Texas, Florida, Washington, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey, Wisconsin y California. Las y los migrantes agredidos en dichos estados, provenían de América Latina y países asiáticos y la mayoría fueron detenidos por su situación migratoria irregular.

En 2007, cinco mujeres fueron detenidas en Puerto Isabel, Servicio del Centro de Procesamiento en Texas, donde el custodio Robert Luis Loya entró a sus habitaciones en el área de enfermería del Centro, ordenó a las migrantes que se desnudaran y tocó sus genitales.

Tres años después, varias mujeres detenidas en la Residencial T. Don Hutto Center, un centro de detención de inmigración también en Texas, acusaron de abuso sexual a un trabajador de Inmigración y Aduanas (ICE), según sus testimonios, éste las “manoseó” mientras las transportaban a un aeropuerto y una estación de autobuses, donde las y los migrantes estaban siendo liberados.

En Florida, una migrante jamaiquina detenida fue transportada a otro centro de detención, cuando un agente de ICE la llevó a su casa y la violó sexualmente.

“Tenía miedo por mi vida, él tenía un arma. Yo esperaba que me protegiera, no que se aprovechara de mí”, señaló la mujer, quien en 2007 llevaba 12 años viviendo en Estados Unidos, con sus dos hijos.

A la violencia en contra de las migrantes, se suma la que el personal de ICE ha cometido en contra de menores de edad, uno de estos casos ocurrió en Texas, donde nueve niños de Centroamérica denunciaron abuso sexual y físico.

De acuerdo con HRW, debido a la falta de información disponible no se puede dimensionar con precisión la problemática, sin embargo, los incidentes que han sido denunciados “son demasiado graves y demasiado numerosos como para ignorarlos”.

La situación “apunta a la necesidad de investigación y de acción rápida para corregir las deficiencias evidentes en la política de detención, la práctica y la supervisión”, de los procedimientos a los que son sometidas las y los migrantes en Estados Unidos.

Según el documento elaborado por HRW, en 2009 fueron detenidas más de 383 mil personas, lo cual representó un incremento de 64 por ciento respecto a 2005. El sistema de detención tiene una población promedio diario de 31 mil, de los cuales, las mujeres constituyen el 9 por ciento.

En respuesta a las agresiones físicas y sexuales contra migrantes, el ICE ha dado “pasos importantes hacia una reforma”, pero aún son necesarias otras medidas para garantizar la seguridad y el trato justo de los inmigrantes detenidos, menciona el informe.

Algunas de estas acciones que debe realizar el gobierno estadounidense son informar acerca de las agresiones sexuales denunciadas, asegurar que sean investigadas y mejorar la supervisión del cumplimiento de las normas de detención en los centros de detención.

También debe acelerar la implementación de la normatividad de prevención y respuesta a las agresiones sexuales y abusos en todas las instalaciones que alberguen a detenidos del ICE. Además deben garantizar que se informe a los detenidos de cuáles son sus derechos en relación a agresiones sexuales.

HRW exigió al Congreso de Estados Unidos, la publicación de los archivos del ICE relacionados con casos de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención y aprobar una legislación que fije estándares para las condiciones en los centros de detención.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Internacional – Violencia sexual – Derechos Humanos – Mujeres inmigrantes – Infancia. 27 ago. 10. AmecoPress/Cimac

Sistemas de Justicia latinoamericanos se comprometen a no discriminar o revictimizar a las mujeres

Melissa Vega — 2010-08-25T11:43:56Z

Guatemala, 25 Ago, 10. AmecoPress/Cerigua.- Jueces, magistrados y sistemas de justicia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y República Dominicana, se comprometieron a implementar la perspectiva de género en su trabajo, así como a no discriminar, excluir o revictimizar a las sobrevivientes de la violencia machista, sobre todo a las que han sufrido violencia sexual.

Luego de debatir y conocer experiencias durante dos días, las y los operadores de justicia que participaron en el Primer Encuentro Regional Acceso de las Mujeres a la Justicia en casos de Violencia de Género, con énfasis en Violencia Sexual, plasmaron sus conclusiones y sus compromisos en la Declaración de Antigua.

El evento contó con la representación de las Cortes Supremas de Justicia de los países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de la Corte Centroamericana de Justicia y de las cortes de Panamá, Perú y España; es la primera vez en que se llevan los temas de género con enfoque en la violencia sexual a ese nivel en la región.

Las y los jueces y magistrados se comprometieron a adoptar la perspectiva de género en la interpretación y en la aplicación de la justicia, lo que ayudará a erradicar la discriminación, la exclusión y la revictimización de las mujeres que sufren la violencia machista, principalmente de tipo sexual.

La medida permitirá a los Estados prevenir el aumento de los índices de violencia contra las mujeres, así como recuperar la confianza en los sistemas judiciales de la región, señala la Declaración de Antigua, nombrada de esa manera en referencia al lugar donde se desarrollo el Encuentro.

Las y los operadores de justicia estudiarán buenas prácticas de otros Organismos Judiciales (OJ), mantendrán los presupuestos asignados a las capacitaciones sobre el género y desarrollarán monitoreos para detectar cambios en los patrones culturales de atención.

La Declaración de Antigua destaca la importancia de llevar la adopción de esas medidas al ámbito local y comunitario, así como promover la perspectiva de género en las sentencias, lo que ayudará a construir precedentes en la aplicación de la justicia en la región.

Finalmente, los jueces y magistrados asistentes reconocieron el trabajo del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), entidad que ha promovido políticas que mejoren las condiciones de las mujeres.

Foto: Archivo AmecoPress

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Internacional – Legislación – Legislación y género – Violencia de género - Violencia sexual – Instituciones de Igualdad. 25 ago. 10. AmecoPress

Colombia: Bandas emergentes buscan el control a través de las violaciones sexuales

Ángela Castellanos Aranguren — 2010-08-24T11:46:54Z

Bogotá, 24 ago.10. AmecoPress/SEMlac.- Las estructuras paramilitares y sus "hijas", las bandas emergentes, están usando la violación sexual como un mecanismo para el control de las organizaciones sociales y de las mujeres, según concluye el estudio recién elaborado por la Corporación Nuevo Arco Iris.

Ariel Ávila, integrante de esta organización no gubernamental, afirmó que las mujeres son violadas y asesinadas por grupos emergentes para evitar que reclamen sus tierras, arrebatadas por los paramilitares mediante el terror y el desplazamiento forzado.

Durante las dos administraciones del saliente presidente Álvaro Uribe, se impulsó una política de entrega y desarme de los grupos de derecha, conocidos como paramilitares, que produjo la desmovilización de unos 30.000 hombres.

No obstante, en zonas donde más desmovilizados hubo, como la Costa Atlántica, han emergido nuevos grupos de derecha que han hecho el relevo a las organizaciones paramilitares.

"En la Costa Atlántica las mujeres son más atacadas que en otras zonas. No sólo son violadas, sino amenazadas, e incluso asesinadas", precisó Ávila.

La violencia sexual en el marco del conflicto armado lamentablemente no es un hecho nuevo. Lo novedoso es que el estudio revela que este delito está siendo usado como mecanismo para el control social, además de seguir siendo un acto de revanchismo contra el enemigo.

Son mujeres más de la mitad de las personas que huyeron - y huyen - de sus tierras para poner a salvo sus vidas amenazadas por los actores armados del conflicto que vive Colombia. Así mismo, las organizaciones de desplazados internos están conformadas mayoritariamente por mujeres.

Las políticas gubernamentales de atención a la población desplazada incluyen la restitución de sus tierras, las que al huir fueron o bien compradas a muy bajo precio por testaferros de los paramilitares o, simplemente, invadidas por sus lugartenientes.

Es por ello que integrantes de las organizaciones de desplazados y de ONGs que apoyan a las víctimas del conflicto armado se han convertido en los blancos predilectos de las bandas emergentes.

"Los grupos emergentes están intentando que las desplazadas no reclamen tierras. Las mujeres ahora son una prioridad en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto surge un grupo o una reclamación de mujeres, estas bandas las atacan, las violan, las amenazan y hasta las asesinan para acallarlas", agregó Ávila.

Los casos abundan y la protección oficial es insuficiente. La ONG Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) recientemente entabló una tutela (acción legal de emergencia) para solicitar protección para una mujer violada por la banda emergente "Águilas Negras". Se trata de una colombiana que cumplía labores de apoyo a las mujeres víctimas del conflicto armado en el noroeste de Colombia, y cuyo nombre se omite por motivos de seguridad.

"Ella llegó a Bogotá con protección de la Fiscalía General de la Nación, pero siguió siendo amenazada y estuvo a punto de ser secuestrada. Actualmente ya no cuenta con protección ni del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía, organismos que dicen que ella no cabe en ninguno de los programas de protección. Por ello hemos interpuesto una tutela", afirmó Ángela Cerón, directora de IMP.

Ante la legislación colombiana, son víctimas quienes hayan sufrido daños directos de manera individual o colectiva, o alguno de sus familiares como "consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley".

Algunas personas y organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo psicológico y legal, a fin de facilitar el acceso a los beneficios que como víctimas el Estado les reconoce, y para participar en las audiencias del proceso judicial contra sus agresores.

En abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la ONG Sisma Mujer, organización que brinda apoyo a las víctimas del conflicto armado y que recibió amenazas de la banda "Águilas Negras", y a dos de sus colaboradoras externas, que fueron violadas.

Sobre estos hechos, Sisma Mujer se refirió así en un comunicado: "La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados".

"En el estudio encontramos que las amenazas no son siempre tomadas seriamente. A las mujeres se les da un aparato de comunicación y en el mejor de los casos dos escoltas. En realidad hay mucha demanda, y el gobierno no tiene forma de proporcionar esquemas de protección para todas las personas amenazadas en Colombia", matizó Ávila.

Los ataques y amenazas a las defensoras de las víctimas del conflicto armado, muchas de ellas ubicadas en Bogotá y con respaldo institucional, deja muy pocas esperanzas para las mujeres víctimas.

"Si no existen garantías para nosotras, mucho menos para las víctimas, porque es cierto, para el Estado y las autoridades este es un delito invisible", señala una de las líderes amenazadas refiriéndose a la violación sexual con fines de control social.

En 2008 la Corte Constitucional promulgó una sentencia que ordena al Estado Colombiano investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado y desarrollar una política pública para las desplazadas.

Política, que según ordenó la Corte, debe estar compuesta por programas de prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria.

Foto: Archivo AmecoPress. Logo Corporación Nuevo Arco Iris.

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Internacional – Violencia sexual – Violencia en conflicto armado – Derechos Humanos – Instituciones de Igualdad – Pobreza y género. 24 ago. 10. AmecoPress/SEMlac