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Las aragonesas que deseen abortar tendrán que pagar por adelantado

Las clínicas dicen que la Consejería de Sanidad les debe 800.000 euros

Autonomías, Aborto, Salud reproductiva, Zaragoza, Jueves 3 de mayo de 2012, por Maria Pereira


Zaragoza, 03 may. 12. AmecoPress.- Unas 2000 mujeres al año, abortan en Aragón. Hasta la fecha el gobierno se hacia cargo del 95% del costo, entre 400 y 500 euros por paciente. Ahora lo tendrán que sufragar las mujeres que la sanidad pública derive a las clínicas privadas.

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, la deuda del gobierno aragonés con las dos clínicas autorizadas en Zaragoza, acumula 10 meses de retraso.

Manifiestan que tras un año y nueve meses de negociaciones con la Administración, el Servicio Aragonés de Salud no ha ofrecido una salida viable a los centros y el presupuesto de la Consejería de Sanidad Aragonesa no contempla partida presupuestaria alguna para sufragar la prestación sanitaria de Aborto Provocado en el ejercicio 2012.

Mayte Andreu, responsable de la Clínica Almazara, comenta que “si no conseguimos cobrar las deudas acumuladas que tenemos y sobre todo, no se presupuesta para el 2012, es imposible seguir dando la prestación en condiciones de calidad a las usuarias. Nos veríamos abocadas al cierre".

Así pues, y salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo, toda vez que concluya el periodo preceptivo y obligatorio de reflexión que establece la Ley.

Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración aragonesa.

En un esfuerzo por atender las interrupciones más costosas y complejas para la mujer, los centros seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si esté lo acepta, todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal (art 15 de la LO 2/2010).

Es voluntad de la Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón, llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma; con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros. En este sentido, ACAI recuerda a la Administración Aragonesa que la Ley obliga a todos y cada uno de los Gobiernos Autónomos a facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.

El actual gobierno asegura que la deuda es arrastrada del anterior ejecutivo y dice que pagará los 800 mil euros a plazos, aunque según las clínicas todavía no se han negociado. De momento la administración autonómica se compromete a reembolsar el dinero a las pacientes que lo adelanten, aunque tampoco indica plazos, y a llegar a un acuerdo con las mujeres que no puedan sufragarlo.

Tras la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y con el objetivo de atender la demanda de Aborto; los centros acreditados para la IVE han pasado a ser “de hecho” centros “públicos” a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. En estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre. Lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Autonomías – Salud reproductiva – aborto. 03 may. AmecoPress.




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