Las mujeres de Baleares deberán pagar por abortar
Madrid, 05 ene. 12. Amecopress. Las mujeres de Baleares no pueden ejercer un derecho reconocido por la ley. Si tienen la necesidad de abortar, deben acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas y pagar el coste de la intervención. Después de un periodo de tiempo que no queda definido y tras presentar la factura al cobro en los servicios autonómico,s serán retribuidas.
El Gobierno balear del PP anuló el l de enero el concierto existente para sufragar esa atención en la red sanitaria privada, justificándose con “razones económicas”. Desde los centros públicos no se derivarán a los quirófanos privados de manera automática a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Estas deberán contratar con las clínicas particulares y asegurar el pago de la intervención. Los hospitales de la sanidad pública balear atenderán las urgencias y los abortos terapéuticos.
La decisión supone un retroceso en la prestación del aborto y vulnera el derecho de las mujeres al aborto gratuito, tal y como recoge la ley. Según Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrumpción Voluntaria del Embarazo (Acai), un aborto antes de las 14 semanas puede costar entre 300 y 600 euros (dependiendo de si se realiza con anestesia local o total). Si se trata de una intervención posterior, tras 14 o 20 semanas (por riesgo para la salud de la madre o el feto), puede alcanzar los 1.500.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de marzo de 2010 recoge que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Como esto no sucede así casi nunca (más del 98 por ciento de las intervenciones se realizaron en 2010 en centros privados), se establecía que “si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.
La práctica habitual desde la aprobación de la ley se basa en acuerdos o conciertos entre las clínicas privadas especializadas y los servicios autonómicos de salud. De este modo, las mujeres no están obligadas a desembolsar dinero alguno.
Otras comunidades
Barambio asegura que el caso balear es distinto a lo que sucedió en Cataluña. En esa comunidad eran las mujeres quienes pagaban la intervención, y luego pasaban la factura al Servicio Catalán de Salud. Para los casos en que las afectadas no pudieran costearse el proceso, una asociación se hacía cargo del gasto y luego lo gestionaba. “pero el proceso estaba organizado, garantizado y era transitorio, como se ha demostrado” indica el presidente de Acai. Ese sistema concluyó en noviembre de 2011, después de los correspondientes concursos para concertar la prestación.
La situación de baleares recuerda más a lo vivido en Navarra. En esta comunidad, a pesar de la aprobación de la ley y de las presiones recibidas, posturas ideológicas y religiosas hicieron que hasta el pasado octubre, Navarra fuera la única autonomía donde no se podía abortar. Las mujeres que deseaban que la sanidad pública pagara su intervención eran derivadas a Madrid y Bilbao. Las trabas burocráticas que ponía el Gobierno navarro llevaba a la mayoría a pagárselo de su bolsillo.
“Parece más una maniobra política”, comparte Barambio refiriéndose a la polémica desatada en Baleares. Si bien en algunos medios y declaraciones se ha aludido a que en esa comunidad existe una posición dominante de objeción ética entre los y las profesionales de los servicios de ginecología de la red pública, no parece un argumento de peso para explicar la ruptura del compromiso con el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno balear.
“La práctica del aborto no es solo un tema médico, la parte social y humana es muy importante; si un profesional no quiere hacerlo, mejor que no lo haga y que no se le obligue; de hecho, es recomendable que se practiquen en clínicas especializadas y, como en España no hay apenas públicas, por eso se derivan a las privadas. Pero es el Estado quien tiene que hacerse cargo de los costos, no las mujeres”, explica el presidente de Acai.
Tampoco es la primera vez que el argumento de los recortes se utiliza para negar derechos, especialmente de las mujeres. En septiembre de 2011 los centros sanitarios rompieron el acuerdo con la Junta de Castilla- La Mancha, y se negaron a aceptar a más pacientes hasta que el Ejecutivo de Dolores de Cospedal saldara las deudas que tenía con las clínicas.
Fotos archivo AmecoPress
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