Mujeres de Guatemala rompen su silencio: aumentan denuncias de violencia de género
Guatemala – Izabal, 30 nov. 11. AmecoPress/Cerigua.- Las estadísticas de denuncias ingresadas a la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Izabal, demuestran que las mujeres adquieren cada vez una mayor conciencia sobre su derecho a vivir un vida libre de violencia, pues del 2008 al 2011 se ha registrado un aumento en el número de casos recibidos.
Según un informe presentado por la entidad, durante el 2008 ingresaron únicamente 86 denuncias por violencia contra la mujer, en el 2009 fueron 145, en el 2010 los casos reportados 170 y a octubre 2011 se registra un total de 179 denuncias, lo que refleja que las mujeres continúan representando a uno de los sectores más vulnerables a las violaciones a sus derechos.
De acuerdo con la información, la mayoría de las denuncias son por agresiones recibidas por parte de su conyugue, conviviente, ex conviviente y otros miembros de la familia.
Por su parte, las estadísticas de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Puerto Barrios, Izabal, revelan que de enero al 23 de noviembre del 2011 ingresaron un total de 200 denuncias por violencia contra la mujer, entre ellas física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, una muestra de la situación que viven las mujeres en ese lugar.
A decir de Dania Roldan, Defensora de la Mujer, la Niñez y Adolescencia de la PDH en este departamento, si bien el número de denuncia ha aumentado, aún existe una cantidad significativa de mujeres que sufren en silencio, por temor a su agresor y a no ser escuchadas o favorecidas por la justicia.
Roldan dijo a Cerigua que una infinidad de casos quedan en el anonimato, además indicó que cuando una mujer sufre violencia también son afectados los niños y niñas, pues ellos crecen en un ambiente agresivo y con frecuencia son violentos, inestables y altamente propensos a ser agresores o víctimas.
La funcionaria subrayó que la lentitud en los procesos y la falta de atención o respuesta a las demandas de derechos, desalientan a las mujeres a buscar justicia, por lo que muchas optan por seguir sufriendo.
La opresión, una práctica para perpetuar la cultura de dominio sobre las mujeres
Sandra Morán, integrante del Sector de Mujeres y del Colectivo Casa Artesana de Guatemala, dijo que la violencia contra la mujer no es un acto aislado, sino una práctica sistemática a través de la cual se pretende perpetuar el dominio sobre las mujeres, no sólo en lo físico sino también sobre su capacidad y poder de decisión al limitarle los espacios de expresión y participación en los diferentes niveles sociales y políticos.
Morán expuso que las mujeres deben tener una concepción clara sobre el origen y las diversas manifestaciones de la violencia, pues de esa forma se encontrarán mecanismos viables y eficaces, así como herramientas necesarias para hacer frente y superar ese flagelo que afecta directamente a las mujeres y por consiguiente a la sociedad.
La integrante de Casa Artesana subrayó que una de las estrategias que se debe implementar en todos los niveles es la capacitación y el fortalecimiento de las estructuras feministas, tanto de las organizaciones sociales e instituciones públicas, pues la falta de atención o respuesta a las demandas de las mujeres también constituye una forma de violencia institucional.
Por su parte, Sulma Vargas, activista de derechos humanos de las mujeres en Izabal, sostuvo que si bien se registran importantes avances en la legislación guatemalteca, la principal limitante se encuentra en las instituciones del Estado y operadores de justicia, pues no se hace una aplicación correcta de las normas que ya existen, debido a que los funcionarios carecen de sensibilidad de género.
Vargas afirmó que en muchos casos las propias mujeres desconocen que viven bajo la opresión y que tienen derecho a vivir libres de violencia, sin embargo, es una consecuencia de las relaciones de poder y parte de una cultura patriarcal que subsiste en el país.
“Somos mujeres, somos sujetas de derechos”
Las mujeres son sujetas de derechos y el Estado está obligado a garantizar y propiciar las condiciones para el ejercicio y goce de sus garantías y libertades humanas, sin embargo, aunque se han obtenido importantes logros, continúan siendo las más afectadas por la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia sexista, subrayaron diversas lideresas del departamento.
Esmeralda Arellanos, maestra de educación primaria y comunicadora social en la comunidad El Chispal, Los Amates, Izabal, dijo a Cerigua que por el hecho de ser mujeres y ser sujetas de derechos, no debe haber opresión sino igualdad, respeto y convivencia, con el objetivo de lograrse un desarrollo pleno.
Arellanos destacó que ante el avance de las mujeres en la conquista de espacios, defensa y ejercicio de sus derechos, los hombres piensan y sienten que pierden el liderazgo, sin embargo, todos y todas están obligadas a trabajar en la construcción de la igualdad de condiciones y de oportunidades.
Por su parte, Miriam García, de la Asociación Nuevo Amanecer Rayo de Esperanza para Familias Unidas (NAREFU), indicó que el Estado y las y los funcionarios deben tomar conciencia sobre las necesidades y demandas de las mujeres en materia de justicia y desarrollo integral.
García afirmó que la violencia es condenable en todas sus expresiones, particularmente la que se ejerce contra las mujeres, pues son actos cometidos con saña y reflejan la existencia de un desprecio hacia la vida humana, la dignidad y existencia de las mujeres, quienes a lo largo de la historia han desempeñado roles fundamentales para la coexistencia de la humanidad.
La lideresa dijo que es urgente que el Estado y la sociedad unifiquen esfuerzos en la lucha contra este flagelo, pues la construcción de una sociedad incluyente y pluralista requiere de un esfuerzo conjunto y no sectario.
La Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer vigente en Guatemala, establece que violencia contra la mujer es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino y que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer; asimismo, la amenaza de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público o privado.
La referida norma contiene además, las medidas de carácter preventivo, la tipificación de delitos, las penas y medidas aplicables para el resarcimiento de la o las víctimas y las obligaciones del Estado entre otras definiciones, sin embargo; su cumplimiento es aún una utopía coinciden en afirmar las activistas sociales de Izabal.
Foto: Archivo AmecoPress
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Internacional – Mujeres del mundo – Violencia de género – Legislación y género – Movimiento Feminista. 30 nov. 11. AmecoPress.