“No hay dinero” para garantizar el derecho al aborto gratuito en Castilla-La Mancha
Madrid, 16 sep.2011, AmecoPress. Las siete clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) mediante convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a las mujeres que lleguen derivadas del sistema público castellanomanchego. Los centros denuncian "reiterados incumplimientos en los pagos" de las intervenciones realizadas desde la entrada en vigor de la ley del aborto, en julio de 2010, que garantiza a las mujeres la cobertura de esta prestación con cargo a la sanidad pública.
Las clínicas Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir gratuitamente a las mujeres que lleguen con las órdenes de pago del Sescam.
La deuda que tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las clínicas. Esta comunidad ha estado derivando a los centros de IVE a unas 300 mujeres al mes, según sus datos.
"Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes", asegura la portavoz.
A las mujeres castellanomachegas que acudan a las clínicas concertadas para someterse a una IVE les van a denegar la prestación de una intervención que, por ley, debe ser gratuita. No obstante, las clínicas han dejado claro en un comunicado que seguirán atendiendo a mujeres que "tengan una especial situación socio-sanitaria o económica". Derechos de las mujeres
Esta situación confirma la denuncia que hicieron, un año después de la entrada en vigor de la última ley del aborto, asociaciones de mujeres y de clínicas acreditadas: hay desigualdades en la aplicación de la ley que se traducen en vulneración de los derechos de las mujeres.
Tal y como sucede con otras leyes de carácter social y sanitario, la falta de recursos, el desconocimiento y la propia imposición de valoraciones ideológicas o morales de los gobiernos autonómicos, son un impedimento para la justa gestión de la implantación de la normativa.
Fotos archivo AmecoPress
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