Nicaragua: "No cambiamos derechos por votos"
Madrid, 30 agosto 2011. Amecopress/ SEMlac. “No cambiamos derechos por votos”, se lee en la parte trasera de algunos buses de transporte colectivo en Managua, con la firma de varias organizaciones agrupadas en “El Movimiento Feminista”. Generalmente, en las grandes contiendas públicas, ya sean guerras o elecciones, la clase política recuerda a las mujeres; bien para halagarlas con promesas, o bien usar sus derechos como moneda de cambio y atraer el apoyo de grupos de poder.
Esta es precisamente la explicación que la líder feminista Martha María Blandón ofrece sobre la acusación interpuesta contra nueve líderes feministas de varias redes sociales, en octubre de 2007, por una organización no gubernamental allegada al obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, por cuatro delitos graves:contra la administración de Justicia, encubrimiento de violación, asociación Ilícita para delinquir y apología del delito.
Dos años y tres meses después, en marzo de 2010, tras el reclamo de las mujeres y presiones internacionales de organizaciones de derechos humanos, la acusación fue desestimada por el Ministerio Público.
La imputación, según declararon a SEMlac en mayo de 2011 Blandón y Juanita Jiménez, nunca debió ser admitida. Ambas líderes pertenecen al grupo de acusadas, representantes de redes de sociedad civil: Contra la violencia, Campaña 28 de septiembre, Coordinadora civil, Movimiento Autónomo de Mujeres, y Movimiento Feminista, sobre quienes pendieron amenazas de cárcel y retención migratoria.
Para Blandón, Nicaragua no escapó de la tendencia prevaleciente en América, incluyendo a Estados Unidos, de usar el tema del aborto para intentar desprestigiar a los y las políticas que favorecen el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad. “Ni el presidente Barack Obama se escapó de esta corriente, impulsada por los sectores más conservadores”, agregó Blandón a SEMlac.
Jiménez asegura que la resolución de no iniciar un proceso criminal contra las nueve mujeres fue posible “gracias a la batalla emprendida por las feministas, nacional e internacionalmente”, que logró sumar voces de repudio, incluida Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.
Acusación
Para acusar a las defensoras de las mujeres en Nicaragua, los sectores conservadores usaron como precedente un emblemático caso ocurrido en 2003. En esa ocasión, feministas organizadas ayudaron a realizar un aborto terapéutico a la familia de una niña llamada por la prensa “Rosita”, de nueve años, violada y embarazada por ese hecho, supuestamente cometido por un vecino nacional de Costa Rica, donde la familia residía.
Que se tratara de una niña obligada a emigrar por la pobreza y los conflictos históricos entre estos dos países mantuvieron el caso en la prensa nacional e internacional.
Lo cierto es que, aunque entonces en ambas naciones se permitía la interrupción del embarazo por razones medicas, el procedimiento le fue negado. Las feministas declararon que habían practicado “un aborto legal, pero clandestino”, porque el Estado nicaragüense se había negado a proteger la vida de la niña, que peligraba de llevarse a término la preñez.
Los sectores conservadores, especialmente la jerarquía religiosa, iniciaron una ofensiva que terminó con la prohibición total del aborto, aun si peligra la vida de mujeres y niñas, el embarazo no es viable o es impuesto por violación o incesto. En esta acción se confabularon los legisladores de los partidos Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Liberal y Conservador, con la excepción del Movimiento Renovador Sandinista. En la campaña electoral presidencial de 2006, el candidato de este partido, Edmundo Jarquín, se había pronunciado a favor de restituir este derecho.
Denuncia
En 2007, la madre de Rosita y la niña presentaron una denuncia por violación contra el padrastro, que antes había sido presentado como el padre biológico de la niña. La Red de Mujeres Contra la Violencia las acompañó en la denuncia y el juicio, en el cual el padrastro resultó culpable.
No obstante, la organización ligada a Mata presentó la denuncia por encubrimiento de violación y otros delitos, lo que, a juicio de Juanita Jiménez, era absurdo porque la Policía fue parte de las investigaciones realizadas en 2003.
"Si el Estado de Nicaragua se hubiera apegado a derecho, hubiera desestimado la denuncia porque todo lo actuado en 2003 estaba en el marco de la Ley”, coincide en expresar Martha María Blandón. No había ninguna base para la acusación y debió ser desestimada, porque tanto el Ministerio Público como la policía estuvieron involucrados en la investigación.
Las mujeres nunca recibieron copia de la denuncia y, por tanto, de las pruebas que acompañaban la denuncia, lo que les negó la posibilidad de defenderse y las dejó a merced de fuerzas para partidarias que estaban confrontadas con organizaciones de la sociedad civil.
Según Blandón, la denuncia despertó mucha solidaridad hacia las acusadas, de manera que personas honorables de la sociedad nicaragüense, como los doctores Carlos Tunermann, Vilma Núñez, Francisco Báez, en total de unas 20, hicieron que la coerción no se profundizara.
Organismos internacionales
Organismos internacionales como Human Rights Wacht, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hicieron llamados públicos a las autoridades de gobierno a desestimar esas denuncias, pero no obtuvieron respuesta.
Aún cuando se supone que el Estado se rige por la separación de poderes, en un momento el Fiscal General dijo que el tema estaba designado a la Fiscal adjunta, por órdenes de la presidencia. La Fiscal adjunta pertenece al partido de gobierno. Blandón no sabe a ciencia cierta qué llevo a las autoridades a cerrar el caso, pero piensa que pueda deberse a un cálculo político que, dada la solidaridad despertada hacia las acusadas, nacional e internacionalmente, les resultaba incómodo tener que dar declaraciones al respecto.
Aunque, obviamente, se sintió aliviada cuando el caso fue desestimado, porque al momento de prohibir el aborto terapéutico hubo muchos ataques públicos y en ese ambiente existía la posibilidad de que sufrieran acciones punitivas, "aleccionadoras", lo que le llevó a tomar medidas de auto protección.
“El gobierno de Nicaragua, mediante el Ministerio Público, desestimó la acusación debido a que era insostenible jurídica y éticamente”, sostiene Violeta Delgado Sarmiento.
Acciones
Las acciones en defensa de la vida y la salud de las mujeres no se detuvieron. Pese a esa “piedra en el camino”, la lucha por la restitución del aborto y otros derechos de las mujeres no se ha detenido. Por ejemplo Ipas, la organización no gubernamental donde labora Blandón, ha liderado con otras organizaciones el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto.
Esta articulación enfoca sus esfuerzos en la educación de las mujeres, según explica Blandón. Ha centrado sus acciones en la sensibilización de la población y los tomadores de decisiones.
El apoyo a la restitución del aborto ha subido: 25 por ciento de legisladores están a favor, mientras que Cid Galup señala, según una encuesta de finales del año 2009, que 65 por ciento de la población se pronuncia en el mismo sentido. El aborto realizado en condiciones inseguras es, a juicio de Blandón, una de las causas de muerte de las mujeres embarazadas.
En marzo de 2011, el gobierno nicaragüense, a través de uno de sus portales electrónicos, anunció la reducción de la “muerte materna” hasta en 60 por ciento en relación con los 16 años de “gobiernos neoliberales”, con lo cual, dijo, se acercaba al cumplimiento del quinto de los Objetivos del Milenio (ODM) adoptados por el país a inicios del presente siglo. Nicaragua acordó reducir la tasa de mortalidad materna de una base de 90 muertes registradas en 1999 por cada 100.000 nacimientos, a 27 en 2015.
Magaly Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), aseguró a SEMlac que la falta de información pública y la eliminación de una Comisión de Muerte Materna, en la que participaban organizaciones de la sociedad civil antes del arribo al poder del presidente Ortega, le hacen dudar de la veracidad de estos datos.
Quintana llama la atención sobre variaciones inexplicables en la información colocada en los portales electrónicos del gobierno, en uno de ellos se cambia la meta de reducción de muertes maternas de 27 por cada cien mil nacidos vivos, a 40.
Cifras
También variaron cifras en relación con las muertes de mujeres embarazadas ocurridas cada año, pues mientras las estadísticas oficiales señalaban 107 durante 2007, el primer año del actual gobierno, en 2008 esa misma cifra había bajado milagrosamente a 70. El año anterior a la toma de posesión del nuevo presidente, la cifra de muertes maternas fue de 140, una de las más altas de América Latina.
Las especialistas no creen que sean posibles saltos tan grandes en la problemática, puesto que además de situaciones médicas, como que se reportan anualmente unos 400 embarazos ectópicos, influyen factores culturales.
En su favor, el gobierno ha divulgado la realización de acciones como el envió de brigadas médicas, que han visitado más de un millón de hogares en el campo; la capacitación de 500 enfermeras y la creación de casas maternas en las cuales se atienden, antes del parto, a mujeres con embarazo de alto riesgo.
Informes
Un informe de Human Rights Watch, con sede en Washington, titulado “Escucha sus voces y actúa: No mas violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua”, publicado en noviembre de 2010, refleja que en ese año 2010 fallecieron en Nicaragua por razones asociadas al embarazo 170 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos, como promedio anual.
Por su parte, Amnistía Internacional demandó la restitución de aborto terapéutico en razón de que “la reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia”, resumió el organismo en un informe de 51 páginas, hecho público a mediados del año pasado.
El método de calcular la razón de muerte materna enmascara algunos de los efectos de la interdicción del aborto terapéutico, asegura la respuesta del Movimiento Autónomo de Mujeres al cuarto informe periódico de Nicaragua presentado durante el 55º período de sesiones del Comité de Derechos del Niño, celebrado en Ginebra, Suiza, del 13 de septiembre al primero de octubre de 2010.
La misma fuente indica que la tasa de mortalidad materna incluye solamente muertes “directas”, resultado de complicaciones de embarazos, partos o posparto, y muertes “indirectas” debido a condiciones pre-existentes agravadas por el embarazo, o condiciones no obstétricas que surgen durante el embarazo, con riesgo para la vida o la salud.
Sin embargo, excluye muertes “no obstétricas” de mujeres embarazadas, que no son causadas por condiciones obstétricas, incluyendo el suicidio, el homicidio o la muerte accidental.
La proporción de muertes maternas atribuible a causas "indirectas" como cáncer, hipotiroidismo y trombosis venosa profunda ha aumentado 10 por ciento de 2006 a 2007, precisa el informe.
Muerte materna
De las 30 muertes en 2007, 12 eran atribuibles a las condiciones preexistentes exacerbadas por el embarazo, que probablemente habrían podido mejorarse por un aborto terapéutico.
“Estas mujeres eran, en su mayoría, menores de 30 años y procedentes de zonas rurales; sus muertes evitables colectivamente han dejado 30 huérfanos”, agrega la misma fuente, que cita al informe “La Muerte Materna en Nicaragua: La vida de cada mujer cuenta”.
El impacto de la mortalidad materna en las familias nicaragüenses es severo: de las 115 mujeres que murieron por causas relacionadas con el embarazo en 2007, 87 eran madres que dejaron a 305 niños y niñas en la orfandad.
Analistas estiman que, mientras prosiga la prohibición del aborto terapéutico, seguirá aumentando la mortalidad materna por causas evitables y consideran que la ley que establece dicha negación es una pena de muerte para las mujeres.
El informe del Movimiento Autónomo resume sus efectos en que niega el acceso a servicios de aborto que salvan vidas y salud; retrasa o se opone a otras atenciones obstétricas de emergencia, incluidas las complicaciones de abortos clandestinos; y genera temor entre las mujeres a buscar tratamiento por emergencias obstétricas, por una parte, y de los médicos a atenderlas, por otra.
Para Violeta Delgado Sarmiento, la eliminación del Código Penal del artículo que eximía de pena a la mujer por interrumpir el embarazo por razones terapéuticas colocó al movimiento reivindicativo en una posición de retroceso.
“Las campañas nacionales e internacionales, justamente se han centrado en la restitución del artículo antes mencionado, reduciendo, en muchos casos, la demanda y el debate sobre la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos a la así llamada ’despenalización del aborto terapéutico’”, declaró Delgado a SEMlac. En su opinión, aún falta dimensionar el impacto que la penalización del aborto ha tenido en la vida de las mujeres que son sometidas a violencia sexual.
Investigaciones
La “Investigación de Estadísticas Nacionales sobre Violencia Sexual”, realizada por la Asociación Probienestar de la Familia (Profamilia) en 2008 arrojó que de 4.736 denuncias de violencia sexual, apenas 172 (3,6 por ciento) logran una sentencia condenatoria.
El estudio no pudo establecer el porcentaje de las denuncias de violencia sexual que tuvieron como resultado embarazos no deseados, teniendo en cuenta que un elevado número de víctimas son mujeres en edad reproductiva.
Sin embargo, señala que aproximadamente una de cada cuatro denuncias de violencia sexual fue cometida por la persona encargada de su tutela y protección (padre y/o padrastro).
En tanto, uno de cada dos peritajes de violencia sexual fue realizado a mujeres que reportaron al novio como el victimario, lo que revela el comportamiento abusivo en las relaciones de noviazgo, entre víctimas que, en el 85 por ciento de los casos, son menores de 18 años.
Entre las consecuencias más comunes de la violencia sexual el estudio menciona las relativas a la salud reproductiva y mental y el bienestar social, incluyendo el suicidio, el síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales y embarazos no deseados.
Comunicación e información
A la lista agrega las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, las lesiones autoinflingidas y, en el caso de abuso sexual de menores, la adopción de conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales y consumir drogas. Monitoreos de los medios de comunicación masiva dan cuenta que de las niñas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual, entre 2005 y 2007, 198 resultaron embarazadas producto de la violación, 172 de estas niñas tenían entre 10 y 14 años y fueron obligadas, en algunos casos, a ser madres de sus propios hermanos, se informó durante la Audiencia sobre la situación de las mujeres en Nicaragua ante la Comisión Interamericana, en marzo de 2011.
Delgado es partidaria de promover acciones de comunicación e información como una forma de educar e incidir gradualmente en la opinión pública a favor de la denuncia sobre la falta de institucionalidad que favorece los altos índices de impunidad existentes en el país y la violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente del derecho fundamental a su propia vida.
Aboga además por la construcción de alianzas con otros actores de la sociedad, “de manera que la reivindicación por la despenalización del aborto trascienda a los grupos de mujeres y pueda ser reconocida como un problema y una demanda de la sociedad en general”, sostuvo.
Fotos AmecoPress.
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Internacional – Salud y género – Salud reproductiva – Violencia de género –Feminismo – Movimiento feminista; 30 agosto (11); AmecoPress