“La obligación de los poderes públicos es ayudar a las mujeres a salir del círculo de la violencia de género”

23 de noviembre de 2007.

Por Teresa G. Espejo

Madrid | Estado Español | Violencia de género



Encarnación Orozco, delegada especial del Gobierno contra la Violencia hacia la Mujer


La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia hacia la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se creó en 2005 por mandato de la Ley Integral contra la Violencia de Género. En vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres, la titular de este departamento, Encarnación Orozco, compartió con AmecoPress su visión sobre los resultados de la aplicación de la Ley y sobre la evolución del feminicidio en España. No está de acuerdo con la propuesta del Observatorio del CGPJ de imponer condenas de alejamiento a todos los condenados, y apuesta por la reeducación y la rehabilitación de los maltratadores como medida de prevención.

Una mujer ha muerto en Alicante después de salir en un programa de televisión junto a su maltratador. ¿Qué opina del tratamiento que hacen los medios de comunicación en los temas de violencia de género?

Los medios de comunicación han sido muy importantes para que la violencia de género se concibiera como un problema público y no privado pero tenemos que dar un paso más y reflexionar sobre el tratamiento de la noticia. Y en este tipo de programas, que han demostrado desconocer lo que es la violencia machista porque no se puede propiciar el encuentro de una mujer con su maltratador, el riesgo se dispara, y más aún cuando él vive públicamente la humillación de que le rechacen... no se puede mediar en estas relaciones. Los medios tienen que hacer una reflexión sobre la conformidad que tienen con los sistemas de valores con los que nos regimos y no reproducir las pautas culturales sobre las que está basada la violencia de género, porque frivolizando el tema del maltrato hacen además un flaco favor a las medidas de sensibilización que estamos poniendo en marcha y van en contra de las estrategias de prevención.

Después de dos años y medio de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el número de mujeres muertas no se ha reducido ¿Qué balance hace del desarrollo de la norma?

Por lo que se refiere al número de muertes, está siendo sostenido en el tiempo. Independientemente de que pensamos que el balance de la ley nunca puede realizarse por el hecho más luctuoso acontecido, esto es, la muerte de una mujer como consecuencia de esta violencia, creo que es importante poner de manifiesto que aunque tan solo existiera una muerte por esta violencia sería suficiente para que se pusiera en marcha un sistema de protección integral como el que ha puesto la Ley de protección integral contra la Violencia de Género. Es un fenómeno que mata pero también es cierto que es un fenómeno residenciado dentro de una estructura de desigualdad que atenta contra los valores, los principios y los derechos superiores de nuestro orden social, en consecuencia, debe ser combatido desde ahí.

¿La Ley de Igualdad, entonces, ayudará a combatir este fenómeno?

Evidentemente la Ley Integral contra la Violencia de Género hay que entenderla en un contexto que está capitaneado por la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Pero no sólo por esta norma, tenemos también la Ley de Dependencia e importantes hitos normativos en esta legislatura que están tratando de reequilibrar esa mayor posición de igualdad.

¿La Ley Integral está resultando efectiva en la lucha contra la violencia machista?

No debe valorarse por el número de muertes sino por los recursos que se han puesto a favor de las mujeres y por la acogida que estos recursos están teniendo dentro de nuestra población. Es importante señalar que las denuncias se han incrementado un 70% desde el 2002, que es más o menos desde donde tenemos datos, es importante a su vez poner de manifiesto la ingente cantidad de mujeres que están protegidas, alrededor de 130.000. Estamos hablando además de la puesta en marcha de una serie de recursos, por ejemplo, los Juzgados se han incrementado en un 480%, las unidades especializadas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han incrementado en un 150%, el servicio de teleasistencia se ha incrementado en un 40%.

¿Tienen ya alguna propuesta para modificar algún aspecto de la Ley Integral y aumentar su efectividad?

Es la primera Ley que está sometida a evaluación continua desde el análisis de las medidas que se están poniendo en marcha. Esta evaluación implica un análisis para saber cómo se está incidiendo en este fenómeno violento, y desde esta incidencia ser capaces de corregir y de implementar nuevas medidas. Es importante recordar que han sido 51 Consejos de Ministros los que se han encargado de adoptar medidas de desarrollo de esta Ley, que es transversal y ha afectado a cuatro Leyes orgánicas, a ocho leyes ordinarias y que además ha dictado 37 reales decretos en desarrollo, acogiendo también los mandatos de esta ley dentro de sus previsiones.

Una de las últimas novedades para combatir los malos tratos y ayudar a las víctimas ha sido el servicio telefónico 016, que en su primer día de funcionamiento se colapsó por el número de llamadas recibidas.

Ha sido muy bien acogido, estamos muy satisfechos porque pone de manifiesto la necesidad de la existencia de un recurso de estas características. Era necesario que se garantizara el derecho a la información a las mujeres que padecen esta violencia en todo el territorio para garantizarles este acceso a los derechos y a los recursos en situación de igualdad. Presta atención telefónica en diferentes idiomas, las 24 horas y con garantías de confidencialidad, precisamente este aspecto es lo que ha desatado esa ingente cantidad de llamadas y, además, nos ha constatado algo que intuíamos y sabíamos: Que conocemos sólo la punta del iceberg, porque es mucho mayor lo que se esconde que lo que se muestra. La muerte, lo que nos pone de manifiesto es un comportamiento de cómo se sigue reaccionando, y forma parte de una estadística que debe servir para orientar las políticas.

Las estadísticas muestran un aumento de los casos de violencia género en menores de 30 años ¿Qué explicación podemos dar a esta tendencia?

La muerte dentro del colectivo de jóvenes pone de manifiesto un dato importante a reseñar, y es que simplemente por el relevo generacional no se va a producir un cambio en nuestro modelo de relación, ni en nuestro patrón de conducta, ni en el modelo patriarcal. En consecuencia, tenemos que invertir mucho más en educación para que nuestra juventud sea capaz de reconocer este fenómeno violento, sea capaz de saber en qué derechos incide, y desde ahí, se posicione frente a esta violencia de género. Es necesario educarles en unas mayores cotas de igualdad y de respeto en las distintas relaciones que vayan forjando a lo largo de su vida.

Las asociaciones de mujeres se han manifestado en contra de la propuesta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modificar la Ley para que los maltratadores condenados no sean por defecto castigados con medidas de alejamiento, sino que sea el juez quién decida en función del riesgo para la mujer. ¿Qué grado de obligatoriedad tienen las sugerencias del Observatorio del CGPJ, y qué le parece el planteamiento?

En cuanto a obligatoriedad, no es obligatorio pero es una medida que hay que someter a estudio, y en mi opinión, hasta que no estén implantados en todo el territorio los instrumentos que pone en marcha la Ley Integral y que ayudan a esa valoración del riesgo de la mujer que padece violencia de género, sería precipitado realizar una modificación legislativa como la propuesta. Es decir, es necesario que las unidades de valoración integrales forenses y el sistema de valoración del riesgo estén plenamente implantados, y que se hayan desarrollado todas las medidas que pone en marcha la Ley integral y que es necesario que se cohesionen para que realmente desde la experiencia de este sistema integral, que hay que darle tiempo para que funcione, seamos capaces de ver las modificaciones que hay que realizar.

Todavía encontramos las llamadas “sentencias benévolas” que minimizan la pena a hombres que es evidente que han maltratado a sus parejas o ex parejas, y que culpabilizan a las víctimas, por ejemplo, por usar minifalda.  ¿Cómo acabar con ellas?

Con formación. Llevamos un camino recorrido y el que nos queda por recorrer es todavía muy largo. Hasta que todos nuestros jueces y nuestras juezas tengan una cabal comprensión de qué es este fenómeno violento y dónde se sitúa en cuanto este sistema estructural de desigualdad, el adoptar una medida que al final implica que son estos jueces o juezas los que van a tener que decidir sobre esta medida de protección, me parece un poco precipitado. Hay que seguir avanzando y ahondando en los mecanismos que pone en marcha la Ley Integral y la formación es uno de los más importantes.

¿Y qué se puede hacer desde el poder judicial?

El CGPJ como órgano de Gobierno de los Jueces tiene que adoptar las medidas pertinentes donde consideren que se produce un ‘defectuoso’ cumplimiento de la función institucional que le corresponde a un juez o una jueza.

¿Están logrando su objetivo los cursos de reeducación de los maltratadores?

La rehabilitación y los cursos de reeducación de los maltratadores se están extiendo por todo el territorio y está siendo consensuado un programa común que después permita evaluar los resultados en relación a los distintos agresores que lo han seguido, y posteriormente, ser capaz de ver qué evolución se han producido en su forma de relación. La meta a conseguir es esa, su rehabilitación, porque además es una medida importante de prevención pues es evidente que, si yo hoy te maltrato a ti, mañana repetiré mi patrón de conducta y maltrataré a la siguiente mujer que se vuelva a cruzar en mi camino.

¿Hasta que punto el Estado puede intervenir ‘de oficio’ para que una mujer mantenga una denuncia o para que un médico avise a la policía por un parte de lesiones por malos tratos?

La obligación fundamental de los poderes públicos es ayudar a estas mujeres a salir del círculo violento, de ahí que la ley integral incida en 3 campos de actuación: sensibilización, prevención; reconocimiento de derechos a las mujeres que padecen esta violencia y una persecución y sanción del agresor. La retirada de la denuncia por parte de las mujeres pone de manifiesto la complejidad de este fenómeno violento, porque es el único en el que la víctima perdona al agresor. Los poderes públicos tienen que hacer una gran inversión en ayudar a esta mujeres a romper el círculo y trabajar con ellas para generar la suficiente confianza, para reforzar esa autoestima que va a romper esas dependencias que las mantienen unidas al agresor.

¿Cómo se lleva a cabo la protección a las hijas e hijos?

Aunque cada caso es un mundo, muchas veces se piensa más en los hijos que en uno mismo “sin ser consciente” de que son víctimas indirectas de la violencia, pero directas también, porque o sufren la agresión directamente o desde el punto de vista psicológico están siendo personas maltratadas.

 
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Fotos: AmecoPress

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Disponible audio en bruto para emisoras de radio y medios interesados a través de FTP, previa petición a AmecoPress

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Estado Español - Violencia de género – 23 noviembre, 07 (AmecoPress)

 

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