Domingo, 22 de octubre de 2017.

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Nadie advirtió el riesgo de peligro en el último crimen machista

El asesinato de Susana evidencia el fracaso en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género

Las asociaciones de mujeres piden la revisión de los procedimientos de denuncia, protección y vigilancia

Estado Español, Instituciones de igualdad, Legislación y género, Violencia de género, Maltratos, Madrid, Jueves 17 de febrero de 2011, por Gloria López


Madrid, 17 feb. 11. AmecoPress. La muerte el pasado martes de Susana María G. A. a manos de su expareja en una calle de Málaga es un fracaso del sistema de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esa es la conclusión de las asociaciones y personas expertas que, además, se muestran indignadas por la respuesta de las distintas instituciones implicadas, que sin asumir su responsabilidad, se dedican a cruzar reproches, comunicados exculpatorios y palabras con las que se instrumentaliza y se solapa lo más importante: una mujer que pidió ayuda ha sido asesinada.

“El espíritu de la Ley integral, en la que muchas asociaciones y profesionales participamos, es que la mujer, cuando estuviera en peligro, diera un aviso sin ningún formalismo, de un modo sencillo, y recibiera protección”, afirma la abogada Consuelo Abril, quien estuvo a la cabeza de la Comisión de Malos Tratos.

José R. C., el presunto asesino, de 47 años, llevaba nueve “clases de igualdad” (desde el 23 de noviembre) en un programa de intervención contra la violencia de género dependiente de Prisiones que acababa en junio. Era la pena sustitutiva que cumplía tras ser condenado a 14 meses de cárcel por dos delitos de amenazas y uno de maltrato familiar, ya que “no tenía antecedentes y la condena era menor de dos años”.

Para Ángela Cerrillos, presidenta de la asociación de Mujeres Juristas, Themis, “esto es un error, no se puede suspender una condena por un curso”.

Lo cierto es que este hombre no acabó el curso y mató a su expareja. Ni la Policía, ni el juez, ni la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ni Instituciones Penitenciarias fueron capaces de advertir el riesgo que corría Susana.

La fallecida se decidió a denunciar un día después de que José le enviara en julio pasado un amenazante mail: “No sigas jugando conmigo, que la próxima vez no vas a escapar de una pieza que yo sé que mi futuro está en Alhaurín” (la cárcel). Pese a las amenazas, a Susana María G. A., se la clasificó con un “riesgo bajo”.

Su agresor, del que se separó en abril, no podía acercarse a ella a menos de 500 metros hasta el 17 de junio de 2014, pero en la práctica nadie vigilaba de cerca el cumplimiento de esa prohibición.

Al ser catalogada de riesgo bajo, a la víctima se le podían aplicar diversas medidas de protección, pero se optó por la de un contacto telefónico que, en su caso, no debía exceder los 60 días de intervalo.

La mujer abandonó Antequera tras el episodio de violencia de género y el proceso judicial y se trasladó a vivir a Málaga. Allí, en la barriada de El Palo, fue asesinada, a pesar de haber seguido con valentía el proceso de denuncia y haber pedido ayuda y protección.

Después de su asesinato, el Ayuntamiento de Málaga informó de que Susana había solicitado el Servicio de Teleasistencia Móvil y que se le había denegado. Horas después, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, replicó que esa petición no había sido denegada porque no se tramitó debido a un defecto de forma en el expediente.

“Es urgente hacer una revisión de los procedimientos de protección y vigilancia”, afirma Cerrillos, quien denuncia que, además están recortando medios para el sistema de protección a las mujeres.

“Todo ha fracasado”, asegura tajante Abril, “es indignante que una mujer que ha seguido todos los pasos se encuentre muerta, siempre se están lanzando mensajes de lo importante que es denunciar y esta es la ayuda que se da a las mujeres que lo hacen”.

Para la abogada, la respuesta institucional en este caso pone en evidencia que “nos encontramos con un enredo de burocracia y reproches para tapar responsabilidades”. Piensa que el Estado es el mayor responsable y que debería reconocer los errores, asumir responsabilidades y subsanar, “no la vida, porque no es posible”, pero sí de cara a actuaciones en casos futuros.

Con Susana son once las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.

Fotos archivo AmecoPress

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Estado español – Violencia de género – Legislación y género – Instituciones de igualdad; 17 febrero (11); AmecoPress




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