Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CERMI defiende políticas de discapacidad con los Derechos Humanos como eje transversal

9 de diciembre de 2010.

Por Elena Duque

Madrid | Internacional | Estado Español | Derechos humanos | Discapacidad



Insta a la ONU a penalizar las esterilizaciones forzadas y a pronunciarse sobre la compatibilidad del aborto eugenésico con la Convención


Madrid, 09 dic (10). AmecoPress. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI ha presentado esta mañana un informe alternativo sobre Derechos Humanos y Discapacidad al ya enviado por el Gobierno a la ONU y que también se hará llegar al Alto Comisionado encargado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) para el análisis de la situación española de cara a septiembre de 2011. Este documento, según la organización, viene a completar y ampliar la información facilitada por el Ejecutivo.
 

Las mujeres sufren con más intensidad las discriminaciones asociadas a la discapacidad. Como ejemplo de ello, sólo un 23% de las mujeres con discapacidad acceden al mercado laboral, frente a un 33% de los hombres en las mismas circunstancias. Los datos sobre los niveles educativos son también esclarecedores: el 74,79% de las mujeres con discapacidad carece de estudios o sólo ha completado sus estudios de primaria. Un 6,74% además son analfabetas, tasa que se queda en el 3,66% en el caso de los hombres con discapacidad.
 
Para Ana Sastre, delegada de CERMI para la Convención de la ONU, la denuncia de cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad es difícil porque “están tan acostumbrados a ser ciudadanos de segunda que les cuesta identificar que están siendo vulnerados sus derechos”. Esta institución anima a garantizar la libre elección de los estudios de todas las personas, y denuncia que muchas familias se encuentran con la obligación de llevar a sus hijos e hijas con discapacidad a centros especiales, teniendo que separarles incluso de sus hermanos y hermanas.
 
Privadas de autonomía
 
Las mujeres con discapacidad son con frecuencia privadas de sus libertades y derechos. Según el Consejo de Europa, el 40% de las mujeres con discapacidad sufren o han sufrido maltrato. Aunque el 60% de las personas con discapacidad son mujeres y niñas, éstas “son las excluidas, las olvidadas, no sólo por la sociedad sino también entre las personas con discapacidad”, ha señalado Pilar Villarino, directora del CERMI, que ha destacado como a menudo ellas son obligadas a cuidar de otras personas dependientes en el hogar, cuando esto nunca se les exige a los hombres con discapacidad.
 
“No se considera que pueden llevar una vida normal”, denuncia Villarino, y prueba de ello es que también se les somete a esterilizaciones forzosas, sin contar con su consentimiento, dándose casos en los que se han producido “ocultas en una intervención por apendicitis”.
 
Esta información, como toda la relativa a la situación de las personas con discapacidad y especialmente las mujeres, carece además de indicadores y de un seguimiento pormenorizado a pesar de que la Convención obliga a realizarlo, lo que dificulta extraer conclusiones y generar políticas adecuadas.
 
En palabras de Sastre, para las esterilizaciones forzadas “no se trata de saber cuántos casos ocurren”, sino de regular para que no pueda producirse. Esgrime que la razón por la que esta intervención no se les realiza a los hombres es “porque las familias no quieren cargarse con un bebé”, una perspectiva ya de por sí machista que priva al varón de toda responsabilidad. Incluso siendo así, defiende, existen mecanismos para evitar los embarazos no deseados que “no dañan la integridad física de la persona”.
 
Medidas no incluidas por el Gobierno
 
En este informe se reclama, entre otros, que se modifique el Código Penal para eliminar la despenalización de la esterilización forzosa sin consentimiento expreso de las personas afectadas cuando se trata de personas con discapacidad, así como el pronunciamiento del Comité de la CDPD sobre la compatibilidad del aborto eugenésico (aquel en el que el feto presenta algún tipo de discapacidad) con dicho tratado, y en su caso la instancia a España a adaptar las leyes a esta disposición.
 
En este sentido, y de cara a normalizar la situación de las personas con discapacidad en lo jurídico y lo sanitario y a la toma de decisiones desde la propia autonomía personal, este informe llama a modificar el sistema de capacitaciones de modo que se base en el “apoyo” de las personas con discapacidad para que puedan ser dueños de sus decisiones, en lugar de la actual “sustitución” por una persona representante legal que no necesita contar con el acuerdo de la persona a la que representa.
 
Finalmente, el CERMI también recuerda la obligatoriedad de cumplir con la accesibilidad de los espacios y exige la reflexión sobre el acceso al derecho al tiempo libre y de ocio. “Cada vez que no se cumple con una medida se está discriminando”, ha matizado Sastre.
 
 
Fotos: archivo AmecoPress
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Pie de foto: 1) Ana Sastre; 2) Sastre con Oscar Moral, asesor jurídico de CERMI
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