Uruguay: Escasas y deficientes medidas contra violencia de género

Montevideo, 12 nov. 10. AmecoPress/SEMlac.- "Todas las mañanas, el agresor le dejaba una rosa y una carta en la ventana de su dormitorio. La flor pertenecía al rosal de la casa que habían compartido muchos años. La misiva decía cosas espeluznantes. Hablaba de cómo iba a matar a su pequeña hija delante de ella, a ella y luego suicidarse".

"Esas cartas le fueron mostradas a la jueza para que solicitara el arresto. La magistrada las miró con atención una a una. Levantó la vista y dijo: ’de qué se queja, si que le envíen cartas y rosas es todo lo que una mujer puede querer’. A esa jueza la ascendieron".

Este caso, que alude a la situación vivida por una víctima de violencia doméstica, quien denunció el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas a su pareja, fue narrado por las representantes de organizaciones civiles de mujeres uruguayas Flor Meza, Nita Samuniski y Marina Morelli, durante la audiencia pública "El feminicidio por violencia doméstica en Uruguay y las omisiones del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones".

Esta se llevó a cabo el 28 de octubre pasado en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que, al cabo de la audiencia, advirtió al Estado uruguayo por la "falta de concreción" de medidas contra la violencia doméstica.

Las representantes uruguayas presentaron cifras del feminicidio por violencia doméstica. En lo que va del año han muerto en Uruguay 28 mujeres por esta causa.

Según consignó el matutino La Diaria, sobre la base de los datos recabados por Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, durante 2008 y 2009 hubo más denuncias por violencia doméstica que por rapiñas; fue el delito más denunciado luego de los hurtos. Eso significó un promedio de 35 denuncias por día y una cada 40 minutos.

Las representantes de las organizaciones Cotidiano Mujer, Mujer Ahora y Caminos reconocieron ante la Comisión que, si bien en el país existen avances formales en el ámbito judicial, estos "no van más allá del plano simbólico".

Subrayaron que, para la mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, se habían dispuesto medidas de protección, pero como en la legislación uruguaya no está contemplada la figura del supervisor, no hay quien controle que las medidas cautelares se cumplan.

También señalaron algunas situaciones que demuestran la poca observancia de la Ley sobre violencia doméstica. Entre ellas, el hecho de que durante el proceso judicial las denunciantes deben comparecer con sus agresores, cuando la norma específicamente establece lo contrario.

Desde julio de 2002 rige en Uruguay la Ley de Violencia Doméstica, la cual fija la competencia de los Juzgados de Familia, establece las medidas cautelares que los jueces deben decretar "tendentes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar".

En el artículo 10 de la norma se concede a los jueces la potestad de disponer el retiro del agresor de la residencia común; prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima; prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

También, incautar las armas que el agresor tuviera en su poder, "las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente"; prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego; fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima; disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación.

"Somos conscientes que los resultados alcanzados no reflejan la dimensión de los esfuerzos realizados en esta materia tanto por el Estado como por las ONG", admitió la embajadora Luján Flores, representante permanente de Uruguay ante la OEA y del Estado uruguayo durante la audiencia.

Foto: SEMlac. Flor Meza, Nita Samuniski y Marina Morelli, durante la audiencia pública

Internacional – Violencia de género – Legislación y género – Feminicidio. 12 nov. 10. AmecoPress/SEMlac.