El nuevo protocolo sobre trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual de Galicia se actualiza de acuerdo a la nueva Ley de Extranjería
Las víctimas que denuncien podrán acogerse al periodo de reflexión sin que se abra un expediente de expulsión
Madrid, 20 May (10). AmecoPress. La Xunta de Galicia y la Fiscalía Superior de Galicia han firmado un Protocolo sobre Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que prevé la posibilidad de ofrecer permiso de residencia a aquellas víctimas que mantengan su testimonio de denuncia hasta el final del proceso penal.
La secretaria general de Igualdad, Marta González, explicó que este Protocolo entiende que la trata de ser humanos para su explotación sexual debe abordarse desde varias perspectivas.
Por una parte, debe considerarse como un problema de violencia de género, ya que la trata constituye un negocio sexual basado en el cuerpo femenino como objeto de consumo. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que es un fenómeno transnacional, de grandes dimensiones, en el que están implicadas redes que intervienen tanto en los países de origen como de tránsito y destino.
Por último, resalta que en la persecución de este delito es imprescindible la actuación de varios agentes, tanto judiciales, como policiales, laborales y sanitarios.
Aparentemente, con este Protocolo, desde el momento en que las víctimas sean identificadas, bien por voluntad propia o por la intervención policial en un local, estas mujeres serán consideradas víctimas del delito de trata de ser humanos, con lo que tendrán derecho a un período de reflexión de por lo menos un mes para valorar si colaboran con las autoridades para investigar el delito.
Además, tendrán derecho a alojamiento y manutención para ellas y para sus hijas e hijos menores de edad, y contarán con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita. Prestarán testimonio en condiciones especiales de protección frente a cualquier posibilidad de represalia. También podrán iniciar procedimientos para la restitución de sus derechos y obtención de indemnización.
El protocolo pretende acabar con los problemas de coordinación que hacían que la mayor parte de las causas contra redes de explotación sexual, fuesen archivadas antes de llegar la juicio o que terminasen con una sentencia absolutoria por la ausencia de las testigos o porque cambiaban su declaración por miedo, amenazas o por su situación de desprotección y desamparo.
Hasta ahora, uno de los principales problemas era el de la expulsión inmediata de las denunciantes en una aplicación preferente de la ley de extranjería, por el que se perdían los testimonios cruciales para la culminación del proceso penal contra las redes de explotación.
Por eso, el acuerdo firmado hoy contempla que las mujeres víctimas de explotación sexual tendrán derecho a obtener un permiso de residencia si existe riesgo de regresar a su país de origen, o si se produce la colaboración con las autoridades judiciales y fiscales, tras el período de reflexión.
La coordinación entre administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad se verá reforzadas gracias a este protocolo, que indica que la Brigada de Extranjería le remitirá a la sección especializada en Extranjería de la Fiscalía Provincial y/o de Área un informe periódico, cuando menos anual, sobre la relación de clubes de alterne existentes en la provincia e inspecciones realizadas, y contiendo una valoración del riesgo de la existencia en su interior de mujeres traficadas.
Además, la Sección de Extranjería de la Fiscalía recibirá anualmente de la Inspección de Trabajo un informe relativo a las actas de inspección levantadas en los clubes de alterne o en otros locales relacionados con la industria del sexo.
59 redes desarticuladas entre 2005 y 2008
Los datos más actualizados sobre el alcance de la trata de personas en Galicia, son los proporcionados por la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en un informe que se hizo público hace unos meses.
Entre los años 2005 y 2008 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma desarticularon cincuenta y nueve redes que traficaban con personas con fines de explotación sexual, obteniendo algunas de ellas beneficios de hasta 600.000 euros anuales con este comercio. El número de mujeres identificadas y susceptibles de ser víctimas de las redes de explotación sexual, en ese mismo período, son 1.847, teniéndose detectado en el año 2009 otras 141.
En la actualidad, los procesos judiciales son escasos porque existen muy pocas denuncias directas procedentes de las mujeres víctimas de trata, por miedo a las represalias. Esta es la situación que trata de cambiar el Protocolo, de acuerdo al Plan Nacional contra la Trata.
Fotos: archivo AmecoPress
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Autonomías - Trata - Legislación y Género; 20 mayo (10), AmecoPress