La Abogacía del Estado frena al Ayuntamiento de Vic
Madrid, 22 ene. Amecoress. La Abogacía del Estado cerró la polémica abierta en Vic por negar el empadronamiento a los inmigrantes sin regularizar. El alcalde de la ciudad, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), acató ayer el dictamen de los servicios jurídicos del Estado, que asegura que "no procede denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España". El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el origen racial o étnico subraya que el caso de Vic supone una clara discriminación por origen nacional que vulnera la ley.
El Consistorio no comparte esos argumentos. Según el primer teniente de alcalde y portavoz de CiU, Xevi Solà, son "flojas e imprecisas y de una grave inconsciencia social". Solà, avisó del efecto llamada que supone decir que en España se empadrona a todos los inmigrantes irregulares, y alertó de que esto se traducirá en "más muertes en patera". ICV acusó a Solà de generar alarma social y pidió al tripartito de gobierno (CiU, PSC y ERC) que "acabe con el victimismo y el oportunismo político". En cambio, el ultraderechista Josep Anglada invitó al alcalde a seguir adelante al entender que el informe de la Abogacía del Estado no es vinculante, o a dimitir por engañar a la ciudadanía.
CiU no se quedará de brazos cruzados y ejercitará el derecho a consulta que reconoce la Unión Europea para que aclare si comparte los criterios de la Abogacía del Estado y si se adecuan a la legalidad europea y al Código Europeo de Visados.
Discriminación por origen nacional
Por su parte, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el origen racial o étnico subraya que el caso de Vic supone una clara discriminación por origen nacional que vulnera la ley y rechaza absolutamente este comportamiento y el de aquellos que pudiesen actuar de modo análogo, exige que cumplan escrupulosamente la ley y, en consecuencia, empadronen a todas las personas de orígenes diferentes, con independencia de que las mismas tengan o no residencia legal en territorio español.
En un comunicado, el Consejo expresa “su preocupación por el hecho de que este tipo de iniciativas contribuyen no sólo a activar rechazo hacia las personas extranjeras, sino a convertirlas en chivos expiatorios de los problemas sociales, que en ningún caso les son atribuibles como grupo, generando actitudes negativas en el conjunto de la población”.
Este Órgano Colegiado de la Administración General del Estado, “recuerda a los poderes públicos la obligación que tienen de cumplir escrupulosamente la ley, así como la responsabilidad que les incumbe de garantizar los derechos básicos a todas las personas y en generar en el conjunto de la población actitudes tolerantes y positivas hacia las personas de orígenes diferentes, entre ellas las extranjeras”. Lucha contra el racismo
Así mismo, en el comunicado, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el origen racial o étnico afirma “deplorar las manifestaciones que algunos líderes políticos y otros creadores de opinión han realizado al respecto, en las que no sólo se ponen de manifiesto prejuicios y estereotipos hacia la población extranjera sino hasta claros tintes xenófobos”.
Por último, solicita “a las ciudadanas y ciudadanos que en el ejercicio cívico de sus responsabilidades, tengan actitudes positivas y constructivas con las personas de orígenes diferentes y especialmente con aquellas necesitadas de más solidaridad”.
Por su parte, Amnistía Internacional reitera la necesidad de un Plan integral de lucha contra el racismo en los ámbitos nacional, autonómico y local. La organización da la bienvenida a las declaraciones de la Portavoz del Consejo General del Poder Judicial y de algunos miembros del Gobierno, como el Presidente, la Vicepresidenta y el Ministro de Justicia, recordando que esta medida es contraria a la ley y pide que se adopten medidas inmediatas para asegurar que no se obstaculiza el empadronamiento de inmigrantes ni en Vic ni en ningún otro ayuntamiento del Estado español.
En este sentido, Amnistía Internacional quiere recordar a las autoridades que la lucha contra el racismo y la xenofobia sigue siendo una asignatura pendiente en España, uno de los cinco Estados europeos que todavía no ha adoptado medidas efectivas para documentar los incidentes de índole racista o xenófobo a manos de particulares o agentes del Estado, ni ofrece datos periódicos sobre estos fenómenos.
Fotos AmecoPress
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Estado español – Política - Legislación – Mujeres inmigrantes – Derechos Humanos; 22 enero (10); AmecoPress