El juez de Murcia se queda solo
El juez de Murcia Fernando Ferrín ha podido comprobar esta semana cómo sus expresiones antijurídicas e hirientes han provocado que se quede solo, ante las críticas de sus compañeros de la judicatura y del resto de los sectores sociales, por quitar la custodia de sus hijas a una mujer por el hecho de ser lesbiana.
Varias asociaciones, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo e incluso el Consejo General del Poder Judicial le han dado la espalda y esperan que asuma su responsabilidad. Incluso algunos sectores esperan que se le retire de la carrera judicial. Tras conocer la noticia, Bermejo dijo que la función de un juez no es utilizar las sentencias para verter conceptos al margen de la Constitución.
El primer paso lo ha dado la comisión disciplinaria del CGPJ, expedientándole por una falta grave al considerar que las expresiones utilizadas en el auto donde dictaba las medidas cautelares son "innecesarias, extravagantes, ofensivas o irrespetuosas".
La sanción por una falta grave es económica y es de entre 300 y 3.000 euros aunque en ningún caso recoge la expulsión del juez de la carrera judicial. Después de que la comisión disciplinaria del CGPJ recibiera esta semana el informe del servicio de inspección, en el que aconsejaba sancionar al juez, a partir de ahora se inicia la información de este expediente. Se trata de un trámite ordinario en el cual se le pide a un juez instructor nombrado por la comisión informes al respecto. Una vez practicadas las diligencias, se propondrá la sanción que se considere pertinente.
El Servicio de Inspección del CGPJ concluye en su informe que las expresiones utilizadas en el auto, en el que daba la custodia de las hijas al padre, "han traspasado los límites permitidos". El juez dice en su resolución que "la condición de toxicómano, pederasta, prostituta, pertenencia de uno de los progenitores a una secta satánica etc. entiendo que afecta negativamente a los hijos, igual que una relación heterosexual del progenitor custodio puede perjudicar a los menores y servir de base para un cambio de custodia; pues lo mismo de la homosexual".
La vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Montserrat Comas, indica que en su auto el juez de Primera Instancia número 9 de Murcia realiza razonamientos ofensivos respecto a la mujer además de utilizar elementos "impropios, improcedentes y que pueda afectar al derecho de igualdad". Según recuerda, el derecho a la condición sexual es un derecho que tienen todas las personas por la Constitución española.
La vocal explica que según la Ley Orgánica del Poder Judicial las expresiones vertidas en una resolución no puede ser castigado más allá que con una falta grave, aunque no descarta que el juez instructor nombrado por el CGPJ, encargado del caso, decidiera retirarle de la carrera judicial por una incapacidad médida, que le invalida para ejercer como juez. Particularmente, Comas considera "absolutamente negativo" para el conjunto del poder judicial porque "quiebra la confianza que tienen los ciudadanos con la Justicia". Así, subraya que estos casos son "absolutamante excepcionales" en la judicatura y defiende que la gran mayoría de los 4.500 magistrados que ejercen la profesión en España actúan ajustándose a la ley.
Prevaricador
Sin embargo, varias asociaciones entienden que una sanción económica no es suficiente y piden la retirada del juez de la carrera judicial y que sea acusado de un posible delito de prevaricación.
La presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, considera que su actuación podría ser perfectamente calificable de falta muy grave si se tiene en cuenta la reiteración de su comportamiento en otras resoluciones judiciales, o incluso podría ser acusado de prevaricación al dictar una resolución a sabiendas que es injusta.
El siguiente paso ahora es evitar, según explica, que Ferrín juzgue este caso y que dicte la sentencia para que se puedan adoptar unas medidas de una manera "normal". Por prudencia, entiende que la Administración de Justicia debería hacer todo lo que estuviera en su mano para que sea otro juez el encargado de este caso. "Los jueces que se comportan de esta manera no deben estar impartiendo justicia porque es un descrédito a la Administración de Justicia y le resta credibilidad".
A su juicio, la sociedad ha tenido una buena respuesta, "una respuesta de escándalo, de echarnos las manos a la cabeza al contar que un juez en siglo XXI compara la homosexualidad con la pederastia. Es un retroceso en el tiempo más atrás de la entrada en vigor de la Constitución".
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, es may tajante. Considera que un expediente por falta grave es una medida que se queda "cortísima" y que no se puede permitir "bajo ningún concepto" que los ciudadanos se queden a expensas de que este juez siga impartiendo justicia.
Por eso, insta a la Fiscalía General del Estado para que denuncie a Fernando Ferrín un posible delito de prevaricación porque ha dictado una resolución "a sabiendas que era manifiestamente injusta y apartada de lo que marca la ley y cuestionándola". En su auto, el juez no sólo cuestiona la capacidad de una mujer como madre por el hecho de ser lesbiana sino que ha puesto en tela de juicio la Ley del Divorcio, o las denuncias por malos tratos de las mujeres, entre otras cosas.
Por eso, critica la medida del CGPJ al entender que es más adecuado para su conducta un delito por prevaricación. "Que este tipo de conductas se expedienten con sanciones simbólicas ponen en tela de juicio la propia democracia", subraya.
"Estamos hartas de la utilizacion simplista de una campaña en la que se dice que la mujeres denuncian en falso sin que eso sea verdad de ninguna forma. Utilizan la frase rapida y simplista para que cale en la sociedad", arremete Pérez del Campo contra el juez por algunas de sus expresiones.
Antecedentes cuestionables
Esta no es la única actuación de Fernando Ferrín que ha sido puesta en tela de juicio. El juez, especializado en temas de Familia, tiene abiertos dos expedientes por dos resoluciones relativas a custodia y adopción de menores, a raíz de las quejas presentadas por las partes implicadas.
Además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, incoó el 30 de junio diligencias informativas al magistrado, que en la actualidad está de baja médica, tras denunciar un matrimonio lesbianas que el mismo juez retrasaba "con todos los impedimentos posibles" la adopción de la hija de una por parte de la otra cónyuge.
El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia remitió en este caso a la psicóloga de la comunidad autónoma encargada de la adopción un cuestionario en el que debía contestar a preguntas como "si la menor tendría un desarrollo armónico sin figura paterna, si "acabará siendo homosexual al imitar los patrones que vea en su casa" o si "no es derecho de la menor ser insertada en una familia ’normal’ formada por personas de distinto sexo".
En la notificación enviada por Ferrín Calamita a la citada psicóloga, el juez pedía que el cuestionario fuera contestado por todos los psicólogos de la dirección general de Familia, y si no se hacía de esta forma se reservaba la facultad de citarlos a todos.
Antes de ser trasladado a Murcia, el juez Fernando Ferrín Calamita estuvo cuatro años en Huesca, como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital oscense. En el año 1992, Ferrín dejó en libertad por falta de pruebas a tres individuos acusados de violar a una joven, que había identificado a dos de ellos tras tardar un par de días en decidirse a poner la denuncia. El tercero no fue localizado.
Ferrín también actuó en otro caso relacionado con paternidad y violencia. Fue en junio de 1991. En la localidad de Valfonda, una mujer había sido apuñalada por el presunto padre de su hija de tres años. La mujer solicitaba que se declarara al agresor padre de su hija de 3 años. Ferrín no aceptó la demanda porque la mujer estaba casada con otro hombre y no se había dictado aún la sentencia de divorcio. En la sentencia no se discutieron las pruebas de paternidad realizadas por la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Zaragoza, que en un 99,97 por ciento estimaban la paternidad del agresor.
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Fotos: AmecoPress
Pie de foto: (de izq. a dcha.) Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas –Themis-; Yolanda Besteiros, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas; Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de la Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
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Estado Español- Legislación; 26 julio, 07 (AmecoPress)