Reacciones al plan contra la trata de seres humanos para su explotación sexual
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de diciembre el plan contra la trata de seres humanos para su explotación sexual, que obligará a reformar varias leyes, trasponer directivas y modificar códigos. Este plan contará con un presupuesto superior a los 44 millones de euros, y su vigencia es de tres años. Entrará en vigor el 1 de enero de 2009. Un grupo interministerial (Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Justicia, Educación y Políticas Sociales e Igualdad), las comunidades autónomas y las diversas organizaciones e instituciones que trabajan con estas mujeres conformarán un foro contra la trata, desde donde se revisará el funcionamiento del plan y se aportarán sugerencias. De momento, la mayoría de las asociaciones de mujeres consultadas por AmecoPress consideran que este plan es insuficiente y vaticinan su ineficacia.
El documento diferencia la trata de seres humanos para su explotación sexual del tráfico ilegal de inmigrantes por tres características: el consentimiento (que suele darse en el caso de los inmigrantes ilegales a pesar de las penosas condiciones en que llegan, mientras que las mujeres dedicadas a la prostitución suelen viajar mediante coacción, engaño o abuso); la explotación (el tráfico ilegal finaliza con la llegada al destino, mientras que las condiciones de explotación siguen); y la transnacionalidad, que cuando se trata de prostitución no siempre supone un tráfico entre países, sino en el mismo territorio, en ocasiones.
Además, el texto califica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como una "clara expresión de violencia de género" por cuanto afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas fruto, en muchos casos, de la feminización de la pobreza en sus países de origen (discriminación, división sexual del trabajo, falta de educación o desempleo).
“Nos congratula que el Gobierno haya elaborado por fin un plan contra la trata de seres humanos”, afirma Carmen Briz, portavoz de Hetaira, en declaraciones a AmecoPress. “No obstante, nos preocupa que ante la grave violación de los derechos humanos que significa la trata, se hayan dejado fuera otras formas de trata de seres humanos como la explotación laboral en otras actividades económicas, matrimonios forzosos o servidumbre. El Gobierno debería haber sido más ambicioso”.
Las organizaciones de mujeres que pertenecen a la Plataforma por la Abolición de la Prostitución, más de una treintena, rechazan el documento aprobado porque es "insuficiente y será inútil para combatir la explotación sexual y para desincentivar la demanda". La plataforma planteó al Gobierno actuaciones contra los clientes de los burdeles y un plan contra la explotación sexual, pero sus sugerencias no han sido escuchadas. "Las denuncias serán mínimas y si sólo se combate la trata se deja al margen el resto de la prostitución, que es una explotación igual", explican.
"Se han rebajado con mucho las conclusiones que se obtuvieron en la comisión del Congreso en la legislatura pasada, y han frustrado las expectativas que habíamos depositados en estas primeras medidas contra la explotación sexual", afirma la portavoz de la plataforma, Rosario Carracedo. Además no se tiene en cuenta la perspectiva de género, porque ya en el propio título del plan queda diluida: la mayoría de las afectadas son mujeres y han puesto seres humanos. Y distinguir trata y prostitución es no abordar el tema: la trata no es más que el medio con el que se abastece la prostitución", aseguró Carracedo.
Protección a las víctimas
El plan incluye la transposición de una directiva europea de 2004 en la que se contempla que las víctimas de la trata de seres humanos puedan obtener su permiso de residencia si colaboran con las autoridades. Tendrán 30 días para decidir si denuncian a los traficantes. Las organizaciones que trabajan con ellas consideran este tiempo insuficiente y se manifiestan en contra de poner la protección de las mujeres en dependencia de que estas denuncien y colaboren en la persecución de las redes criminales.
Para Hetaira, “la trata es un delito de tal gravedad que la protección de las víctimas debería ser el centro de las actuaciones gubernamentales. Éstas tienen que ser consideradas sujetos de protección, de derechos y de reparación, independientemente de su colaboración policial o judicial. Por el contrario, en el plan presentado por el Gobierno las víctimas son consideradas fundamentalmente testigos en los procesos judiciales, cuando no delincuentes si no quieren colaborar”.
La coordinadora de Programas de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Sara Vicente, afirma que “esto va a aumentar el riesgo y el peligro de las mujeres, no es operativo ni adecuado desde el punto de vista de proteger a mujeres sometidas a la trata y la explotación ni desde los derechos humanos. Hay que proteger a todas las mujeres, no sólo a las que denuncian”.
Otro de los aspectos criticados por las diversas plataformas y asociaciones es que a las mujeres que denuncien, se les dará el permiso de residencia, pero no el de trabajo. Carmen Briz, de Hetaira piensa que “tras el sufrimiento y el daño al que estas personas son sometidas, se necesitaría garantizar una reparación. En ese sentido, el permiso de trabajo facilitaría la inserción social y sería una forma de recompensar. Si no tienen ese permiso, no van a poder trabajar y, obviamente, no pueden estar eternamente en programas o centros de atención. Entendemos que, entonces, tras un tiempo, tendrán que salir del país, y no sabemos cómo se va a proceder a esto, nos parece absolutamente lamentable”.
La Federación de Mujeres Progresistas ha afirmado a AmecoPress que “todavía no vamos a hacer declaraciones, porque estamos estudiando el plan y además tendremos una reunión con algún miembro del Gobierno”.
Prevención y concienciación
Entre los objetivos de este plan está el de concienciar a la población del sufrimiento de estas víctimas, que se prostituyen de forma obligada y en condiciones de explotación absoluta, a veces de secuestro. Alrededor de la prostitución, y más cuando se trata de mafias organizadas, no hay muchos datos, pero la policía estima que el 90% de las mujeres que se prostituyen en España son extranjeras, y, de ellas, la mayoría traficadas.
El plan integral contempla campañas de sensibilización, impulsar la conmemoración del día 18 de octubre como día internacional contra la trata de personas y promover el control de los anuncios de contactos en los medios de comunicación. Se harán campañas de información dirigidas a sectores concretos, como el turístico, empresas de viaje y organizadores de grandes eventos. Trabajo e Interior inspeccionarán de forma conjunta los lugares de riesgo potencial de trata de seres humanos.
El estrangulamiento económico de las redes que trafican con personas para su explotación sexual está considerado una medida eficaz. Por esa razón, se ha incluido en el plan una modificación del Código Penal para extender el decomiso exprés a los delitos de trata, algo que sólo se aplica por ahora en casos de droga y contrabando. Las autoridades competentes podrán hacerse con todo el patrimonio de estos delincuentes al iniciarse el proceso, aunque sólo tras una sentencia condenatoria pasarían a subasta. Los beneficios irían a un fondo para la lucha contra estos delitos, igual que el creado con dinero de los narcotraficantes.
Todas estas medidas resultan, desde el punto de vista de las asociaciones de mujeres en contacto con la problemática, “insuficientes”. La coordinadora de Programas de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres afirma que las medidas de control de anuncios de contacto en los medios de comunicación “son inconcretas e ineficaces”, a lo que añade que “no se meten con ellos alegando que son empresas, pero sí se plantean las intervenciones en empresas cuando les interesa, sabemos que los anuncios son una fuente de ingresos. O controlan e impiden los anuncios de contacto y prostitución, o están incumpliendo todas las leyes de Igualdad, etc.”
Rosario Carracedo, de la Plataforma Abolicionista, defiende que “del mismo modo que hemos centrado la identificación de la responsabilidad de los maltratadores en la violencia de género que se produce en las relaciones de pareja, necesitamos actuar contra los proxenetas. Expresar la deslegitimación y desaprobación social hacia los hombres que compran cuerpos de mujeres constituye una estrategia imprescindible y resulta un modelo equivalente a las políticas puestas en marcha contra la violencia en las relaciones de pareja”.
Estado Español – Derechos Humanos – Violencia Sexual; 29 diciembre (08) AmecoPress