“El Gobierno debería haber sido más ambicioso”
El pasado viernes, día 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Según el colectivo defensa de los derechos de las prostitutas, Hetaira, el conjunto de medidas propuestas por el Gobierno, cuenta con varias carencias importantes, como es el hecho de que sólo se haya centrado en “fines de explotación sexual” y se hayan dejado fuera otras formas de trata de seres humanos, o que la protección y atención de las víctimas estén condicionadas a la denuncia y colaboración en la persecución de las redes criminales.
“Nos congratula que el Gobierno haya elaborado por fin un plan contra la trata de seres humanos”, afirma Carmen Briz, portavoz de Hetaira, en declaraciones a AmecoPress. “No obstante, nos preocupa que ante la grave violación de los derechos humanos que significa la trata, se hayan dejado fuera otras formas de trata de seres humanos como la explotación laboral en otras actividades económicas, matrimonios forzosos o servidumbre. El Gobierno debería haber sido más ambicioso”.
Para Hetaira, “resulta especialmente preocupante que las medidas que propone el plan para la protección y atención de las víctimas estén condicionadas a la denuncia y colaboración en la persecución de las redes criminales. La trata es un delito de tal gravedad que la protección de las víctimas debería ser el centro de las actuaciones gubernamentales. Éstas tienen que ser consideradas sujetos de protección, de derechos y de reparación, independientemente de su colaboración policial o judicial. Por el contrario, en el plan presentado por el Gobierno las víctimas son consideradas fundamentalmente testigos en los procesos judiciales, cuando no delincuentes si no quieren colaborar”.
“No va a ser fácil que denuncien”, afirma Carmen Briz. “Incluso en el caso de la Ley de testigos protegidos, nos encontramos con ejemplos que entran en contradicción como podemos ver en las imágenes que aparecen en televisión, cedidas por la policía, de las mujeres que ejercen la prostitución, jamás de los “usuarios”. Habrá que hacer énfasis en la detección precoz y la protección de las víctimas”.
Otro de los aspectos que reclama Hetaira es que se amplíe el plazo de reflexión de las víctimas a 90 días y no a 30 como se recoge en el plan. “Las asociaciones y Ongs que trabajan con víctimas de estrés pos-traumático señalan la necesidad de 90 días como mínimo para recuperarse de los daños sufridos”, afirma la portavoz de este colectivo.
Hay que garantizar la reparación
“También”, explica Carmen Briz, “nos preocupa especialmente que el plan no mencione explícitamente la posibilidad de la obtención de permiso de trabajo para las víctimas, imprescindible para su recuperación e inserción social y que sólo nombre el permiso de residencia para quienes previamente hayan denunciado”.
Carmen piensa que “tras el sufrimiento y el daño al que estas personas son sometidas, se necesitaría garantizar una reparación. En ese sentido, el permiso de trabajo facilitaría la inserción social y sería una forma de recompensar. Si no tienen ese permiso, no van a poder trabajar y, obviamente, no pueden estar eternamente en programas o centros de atención. Entendemos que, entonces, tras un tiempo, tendrán que salir del país, y no sabemos cómo se va a proceder a esto, nos parece absolutamente lamentable”.
Estado Español – Derechos Humanos – Violencia Sexual; 16 diciembre (08) AmecoPress